La muerte de Mikel Zabalza me pilló con 20 años. A esa edad no resultó fácil caer en la cuenta de que la versión oficial sobre su paradero era una falacia de dimensiones siderales. Pero semejante mentira, que el Estado sostuvo desde su detención el 26 de noviembre de 1985 hasta que el cadáver apareció en el río Bidasoa el 15 de diciembre, provocó que durante los primeros días muchos fuéramos presa de la confusión. Hasta que unos amigos, algo mayores que yo, me sacaron de dudas. “Todo apunta a que lo han torturado hasta la muerte en el cuartel de Intxaurrondo”, me dijeron poco antes de una manifestación en Pamplona para exigir la verdad, cuando todavía el cuerpo permanecía oculto. Aquella protesta fue disuelta si cabe con más violencia de la habitual. Para entonces, el aparato del Estado ya sabía que era responsable de un crimen atroz y quería taparlo como fuera.
Estábamos en 1985. Sólo habían transcurrido cuatro años del intento de golpe de Estado de Tejero y tres de la llegada de González a Moncloa con aires de libertad y de cerrar la casposa Transición. Pero se torcieron muchas cosas. Demasiadas. Y aquellos excesos policiales, como los ocurridos en Gasteiz en 1976 y en Sanfermines 78, etc, unidos a las sanguinarias acciones de los GAL, no hicieron sino complicar más un conflicto que no era fácil reconducir. Cuatro décadas después de aquello, Orbaizeta sigue recordando a su malogrado vecino, que solo tenía 32 años cuando agentes de la Guardia Civil le segaron la vida. Gobiernos de Navarra y Vasco han podido legislar para reconocerle su condición de víctima, pero todavía el Estado se lo niega con la peregrina excusa de que no puede desclasificar los documentos de lo sucedido en el cuartel que dirigía Galindo –también responsable de la muerte y desaparición de Lasa y Zabalza– porque se lo impide la ley. Urge reparar esta injusticia.