Para financiar lo que conocemos como el Estado del bienestar, se ha ido asentando una amplia arquitectura fiscal que, en función de quiénes gobiernen, se modifica levemente. La derecha tiende a suavizar la presión fiscal a las rentas más altas y la izquierda, lo contrario. Lo que nunca se cambia sustancialmente, con independencia de quién gobierne, es la carga que soportan el consumo –el IVA cuesta lo mismo seas millonario o indigente– y las rentas de trabajo.
A partir de ahí, en el mercadeo tributario son frecuentes las rebajas fiscales en el Impuesto de Sociedades, de tal forma que suele perderse la proporcionalidad entre lo que contribuyen a la caja común empresarios con suculentos beneficios y trabajadores que llegan con muchas penurias a final de mes. Si todo lo anterior es más que discutible, tan disparatado o más resulta el premio que plantea dar el Ejecutivo de Sánchez a los rentistas.
En plena crisis de vivienda, propone una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler. Una cosa es que haya que tomar medidas para solucionar el problemón que supone acceder a un piso y otra muy distinta es repartir dinero público entre los caseros para que ganen más.