estos días se cumplen 100 años de la muerte de Rosa Luxemburgo, figura esencial de la socialdemocracia de principios del siglo XX. En cierta medida podríamos decir que fue castigada por su “transfuguismo”. En 1914 los diputados de la izquierda socialdemócrata votaron en contra de la concesión de créditos de guerra, frente a la mayoría del partido que los aprobó a pesar de que habían sido elegidos con un programa que los rechazaba. Sabemos que es un caso extremo y que todas las comparaciones son odiosas, pero plantearse quiénes eran los tránsfugas, los que se opusieron a la dirección del partido o los que votaron contra el programa con el que habían sido elegidos, sirve como ejemplo para demostrar que la cuestión del transfuguismo no es tan simple como pretenden hacernos creer aquellos que intentan presentar a los que desafían las directrices del partido como deshonestos y a la dirección del partido como víctima.

No olvidemos que el desprestigio de la clase política y la desafección de amplios sectores de la ciudadanía tiene que ver, en parte, con que ésta mantiene unas posturas cuando está en la oposición y otras diferentes cuando gobierna. Entonces, ¿deben las personas representantes ser fieles al partido o a las representadas y al programa con el que fueron elegidas? Hay destacados juristas que piensan que esta cuestión requiere un examen profundo caso por caso. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Torres Muro, en amplio y documentado artículo con el provocativo título de Elogio (moderado) del Tránsfuga, reflexiona sobre si a veces no asistimos a un intento de liquidar a aquellos representantes que procuran no traicionar el programa electoral, antes que a la nomenclatura del partido. Una nomenclatura que en más ocasiones de las deseables se apropia de la estructura de éste con “malas artes”, como por ejemplo expulsiones. Por consiguiente, solo un partido que tenga una profunda y verdadera democracia participativa interna podría tener la legitimidad para exigir a sus representantes disciplina absoluta.

No vamos a extendernos mucho en cuestiones que ya hemos explicado, pero conviene recordar el giro político de Podemos desde el 2015 hasta la actualidad (incluso hay sitios en Internet dedicados a testimoniarlo). Quizás lo rechazable del legítimo traslado de domicilio de Pablo Iglesias, es que simboliza una trashumancia política (por no decir transfuguismo) considerable. Si analizamos la democracia dentro de Podemos, la participación real de sus inscritas en las decisiones del partido, la conclusión es más que evidente, la línea y posturas políticas las determina su líder. El resultado es que un partido que comenzó su andadura reivindicando la disputa de los llamados “significantes vacíos” se ha vaciado él mismo de participantes activos hasta límites escandalosos.

No defendemos el “antipartidismo” pero mucho menos la partidocracia por la que las oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva. Y sí, defendemos la necesidad de articular un equilibrio que proteja a los electores de las derivas de la clase política, a la vez que garantiza que los partidos contribuyan de verdad a revitalizar la democracia, dando cauce a los deseos y aspiraciones de la ciudadanía. Es necesario combatir las tendencias oligarquizantes tan generalizadas dentro de los partidos políticos. Esa defensa fue una de las señas de identidad del 15M de la que nos seguimos reclamando herederos y por la que entramos un día en Podemos, al prometernos una nueva forma de hacer política.

Por desgracia, la conocida “Ley de hierro de la oligarquía” formulada a principios del siglo XX por el sociólogo alemán Robert Michels para explicar la contradicción de por qué los partidos políticos, que son instituciones esenciales de la democracia, no son organizaciones democráticas, un siglo después sigue tan vigente como entonces a la hora de describir el funcionamiento y organización de muchos partidos, incluso de los que proclamaban otras apuestas para al final quedar en manos de un líder supremo o de su acrítico aparato.

Por suerte, la jurisprudencia constitucional ha venido afirmando desde sus inicios que a quien se debe la persona electa es a sus electores. En palabras del señor Torres Muro, “la relación de representación se establece entre los ciudadanos representados y sus representantes, y en que solo los primeros, en tanto que portavoces de la voluntad popular, puedan cesar a los segundos, poniendo coto a las pretensiones de los partidos de conseguir, por su propia voluntad, el cese de los cargos públicos”.

Concluye este catedrático: “Benditos aquellos tránsfugas que nos recuerdan que aún hay unos pocos espacios de libertad, y ojo con quienes, con la excusa de reprimir conductas supuestamente escandalosas, lo que pretenden realmente es reforzar sus posiciones de poder hasta el punto de asfixiar a aquellos”.

Tenemos la firme convicción de que la historia nos absolverá.

Firman este artículo: Rubén Velasco Fraile, parlamentario foral de Podemos-Orain Bai y José R Loayssa. Ambos son pioneros de Podemos Navarra