hace escasos días el rey Felipe VI recibió el llamado “Nobel Jurídico” en el marco del Congreso Mundial del Derecho, celebrado en Madrid. En dicho acto el monarca dijo que “no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho” y remató diciendo “sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia”. Dado el momento y lugar de estas declaraciones, coincidiendo con el juicio a los líderes independentistas catalanes, parece obvio que el monarca decidió utilizar dicho congreso para intentar influir sobre el Tribunal Supremo, y no para que sea blando con los encausados.

Pero no quiero centrar estas líneas sobre un juicio sobre el que me caben pocas dudas de que lo único que está por decidir es la mayor o menor dureza de la sentencia condenatoria, dado que la presunción de inocencia hace mucho que paso a mejor vida.

Sobre lo que quiero llamar la atención son las frases del rey citadas al principio de este artículo. ¿Cómo que sin respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia?

El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks fue arrestada, juzgada y sentenciada por violar la ley al ocupar un asiento para blancos en un autobús que los tenía reservados para ellos. Esta falta de respeto a la ley se considera el origen del movimiento por los derechos civiles en un estado de derecho y constitucional como era Estado Unidos. Y si algo caracterizó la luchar encabezada por Martin Luther King fue la desobediencia civil pacífica, el desbordamiento de la legalidad en defensa de libertades democráticas básicas y que al final le costó la vida.

Ahora que se va a celebrar el 8 de marzo merece la pena recordar cómo muchos movimientos sufragistas por el derecho al voto de las mujeres se fundamentaron en la desobediencia civil, en el incumplimiento de leyes que condujo a muchísimas activistas a la cárcel en estados considerados democráticos. ¿A caso este desbordamiento de la legalidad vigente no fue la base para la democratización dichas leyes?

O más cerca de nosotros, la lucha en España de los objetores de conciencia primero y los insumisos después. Hay que recordar que fue en 1984, con la constitución española en vigor, cuando dejó de ser ilegal la objeción de conciencia. ¿Deberíamos concluir que hasta esa fecha la lucha de los objetores iba contra la convivencia y era antidemocrática?

Y qué decir de la lucha contra la Prestación Social Sustitutoria de los insumisos que el Código Penal del Estado constitucional y democrático de derecho español condenaba con hasta 2 años y cuatro meses de cárcel.

No es mi objetivo defender que no deben existir normas y leyes. Es evidente que toda organización humana, y más una tan amplia como un Estado, las tiene que tener, pero sin perder de vista que muchas veces las leyes tienen que adaptarse a los cambios sociales y que estos pueden entrar en contradicción con dichas leyes.

Vivimos una desgraciada época en la que se pretende dividir a la sociedad española entre los que son “constitucionalistas” y los que no lo son. Los “constitucionalistas” son los supuestos defensores de la democracia y los demás aparentemente queremos destruir la convivencia y la democracia.

No soy independentista, ni creo que los dirigentes independentistas catalanes hayan sabido dirigir el masivo movimiento por la independencia de Cataluña, pero ello no es óbice para considerar que la cuestión de Cataluña desborda el marco legal vigente y por ello necesita un solución política y no judicial. La constitución española tiene que resolver la contradicción entre reconocer el derecho a ser independentista, pero impedir de facto llegar a alcanzarla.

Y esto mismo vale, por ejemplo, para el republicanismo. Mañana podría la mayoría de la población en España ser republicana y sin embargo los mecanismos de reforma constitucional impedir dicho objetivo. ¿Qué hacer entonces?

El concepto de democracia es algo mas amplio que la constitución española y si aceptamos que “no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho” terminaremos en una dictadura constitucional donde todo aquel que se oponga a la constitución española será ilegalizado o se le hará la vida imposible.