provechando la paralización, derivada de las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra, del proceso iniciado por la anterior corporación municipal para intervenir en el "Monumento a los Caídos", el grupo de Navarra Suma del Ayuntamiento de Iruñea en una reciente nota aboga por el mantenimiento integral del edificio y recuperar su uso, añadiendo que no existe argumento alguno para su derribo.

De esta forma los diferentes partidos políticos que conforman Navarra Suma muestran que nunca han estado ni están en contra del significado de ese edificio.

El Monumento a los Caídos es un edificio que contiene una profunda carga histórica y simbólica que remata el Segundo Ensanche de la ciudad de Iruñea. Su nombre oficial es el de Monumento de Navarra a los muertos en la Cruzada Nacional. Se trata de un templo ideado como sepultura y reconocimiento público a los generales golpistas Emilio Mola y Miguel Sanjurjo y, en extensión, a los navarros que murieron defendiendo los ideales del golpe contra la II República en julio de 1936.

A pesar del cambio de nombre a "sala de exposiciones Rodezno"; la retirada de los restos depositados en la cripta; el tapado de algunas inscripciones; el uso cultural y todo el maquillaje que se le quiera dar, no se ha conseguido borrar el pasado golpista y genocida que justificó su construcción. Y de la masacre que se llevó a cabo en Navarra, donde no hubo frente de guerra, pero que dejó más de tres mil personas asesinadas, muchas de ellas abandonas en simas y cunetas y que hoy en día siguen siendo objeto de desapariciones forzosas.

Ese edificio no sólo conmemora esos hechos execrables, sino que los "celebra" porque es la entronización de la memoria desde el punto de vista de los verdugos, de los agresores y opresores que mataron a personas para hacer una limpieza ideológica en Navarra. Es la ocupación de un espacio privilegiado en la ciudad para recordar de forma permanente la legitimidad de la barbarie cometida, así como para garantizar su tenebroso mensaje de intolerancia y fascismo en nuestra vida cotidiana durante generaciones y generaciones futuras.

Se trata de una batalla por la memoria. La higiene democrática exige acabar con este monumento, cuestionando el pasado y expresando el punto de vista de las víctimas por defender la legitimidad democrática, las libertades y los derechos sociales de las capas desfavorecidas.

Existe una conexión entre los derechos humanos y la memoria. La ciudadanía navarra tiene derecho a que ese símbolo del golpismo salvaje que envolvió esta tierra desaparezca, ya sea derribándolo o dándole la vuelta totalmente. Recordar el pasado no significa celebrarlo -más si cabe cuando se trata de un pasado tan siniestro como el protagonizado por los militares golpistas, los falangistas y requetés con la colaboración de la Iglesia- sino sacar las consecuencias para su no repetición. Y eso sólo se puede hacer a contrapelo de lo establecido por el poder impuesto, repensando desde el punto de vista de los vencidos y no con la mirada de los vencedores como es la de Navarra Suma.

Por ello, por encima de las trabas burocráticas y administrativas, de una u otra forma, el proceso participativo para intervenir en ese monumento que permita contar la historia desde el punto de vista de sus víctimas, debe seguir adelante.

Es responsabilidad de las instituciones, no solo del Ayuntamiento de Iruñea, sino también del Gobierno de Navarra, a través del Instituto de la Memoria, el garantizar que el empeño y el esfuerzo de todas las asociaciones memorialistas navarras por cambiar y acabar con este símbolo se lleve a cabo. Así lo exige la ciudadanía.

Firman este artículo: Itziar Munarriz Salamanca, Carlos Otxoa Barrikarte y Ramón Contreras López, miembros de Amapola del Camino / Bideko Mitxingorria