l pasado 1 de junio trasladamos al Ayuntamiento de Pamplona el debate sobre el grave caso de explotación laboral cometido por el dueño del Hotel Castillo de Javier. Por dos razones: consideramos de interés público que la institución municipal rechace y ejemplarice ante casos paradigmáticos de explotación laboral y vulneración de derechos elementales de las personas trabajadoras como éste, con el agravante de que este abuso se prolongó durante seis años y fue cometido por una persona con poder e influencia social, política y económica. En segundo lugar, ante la crudeza de la extensa realidad de fraude que están desenmascarando las inspecciones laborales (en torno a 1.000 casos se detectan cada día en el Estado español) y el incremento de la pobreza cuantificado por los propios Servicios Sociales municipales durante la pandemia, derivada de la alta precariedad en determinados sectores económicos (servicio doméstico, hostelería...), es básico defender que se intensifiquen los controles, se sancionen las irregularidades y se corrija esta situación. Así lo pedíamos en nuestra propuesta, además de expresar el compromiso del Ayuntamiento con unas condiciones laborales dignas en los servicios públicos, sea cual sea su modelo de gestión.

Pero Navarra Suma se negó a apoyarla. Alegó que no hay nada que rechazar ni condenar, "eso lo hacen los tribunales", dijo la titular de Economía y Hacienda, María Echávarri, y como ya lo han hecho en este caso "el sistema funciona". Es decir, el mismo partido que ha llevado la condena política de una pintada a la primera línea del debate público en más de una ocasión considera que la explotación de una trabajadora durante seis años, sin un día de descanso y a doble turno, aprovechándose de su triple factor de discriminación, ser pobre, ser migrante y ser mujer, en un establecimiento de hostelería situado a escasos metros del Ayuntamiento no merece posicionamiento municipal. ¿La pena de 9 meses de cárcel y 3.000 euros de multa demuestra que el sistema funciona? Más bien evidencia lo barato que sale explotar laboralmente a una persona. Pero, ¿es la interpretación de que se ha hecho justicia la verdadera razón de Navarra Suma para no apoyar la declaración, o lo es su vinculación política directa con el infractor, hermano de una exconcejala de UPN en Pamplona?

Ni en este flagrante caso de explotación que ha abierto portadas ni en un debate anterior sobre la garantía de unas condiciones laborales dignas en el pleno del pasado 6 de mayo Navarra Suma se posicionó a favor de las personas trabajadoras. Entonces alegó la supuesta "obviedad" del contenido de la declaración. Pero lo cierto es que no comparte esa premisa por razones ideológicas más profundas. Y es que el currículum de las derechas pone negro sobre blanco lo que verdaderamente opinan de los derechos laborales y del papel de las instituciones públicas en su salvaguarda. Para empezar, el responsable de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, acumula dos resoluciones del TAN en contra por no respetar derechos sindicales fundamentales en Policía Municipal.

La trayectoria de María Caballero al frente del Servicio de Atención Domiciliaria es conocida, y su defensa abierta de la privatización de este servicio (así lo mantuvo UPN casi en un 70% hasta 2015, sin que le importaran absolutamente nada las condiciones laborales de semi-esclavitud de las trabajadoras de la empresa privada).

Y ahora mismo son precisamente las resistencias de Navarra Suma a poner por escrito el compromiso de no empeorar las condiciones laborales de las trabajadoras en la nueva sociedad pública recién constituida para gestionarlo, la razón de que la plantilla del EMAD siga en movilizaciones.

A la connivencia política con el explotador del Castillo de Javier se une la posición ideológica histórica de una derecha que huye como de la peste de asumir compromisos con las personas trabajadoras. De hecho, una de las críticas que nada más entrar en el gobierno echó en cara la actual responsable de Economía y Hacienda al equipo de Joseba Asiron fue la de haber aumentado los costes de personal por la publificación de servicios como el EMAD. Navarra Suma prefiere privatizar y, cuando surgen problemas laborales en las contratas que los gestionan, ponerse de perfil, como hizo Fermín Alonso durante la huelga en SEDENA, o Juan José Echeverría ante la plantilla de Pilar Moreno.

En realidad, la responsabilidad de Navarra Suma en la precariedad laboral actual es mucho mayor. Fue el PP, integrante de esta coalición, el autor de la reforma laboral de 2012 que sentó las bases del actual marco de precariedad laboral: corta duración, alta rotación y bajos salarios. Precariedad que, según los estudios que Iseak y Fundación La Caixa publicaron en marzo y abril de este mismo año, ha llevado a la juventud de hoy a cobrar hasta un 50% menos que la de los años 80, hace cuarenta años.

Navarra Suma se abstuvo, no solo porque conozca de cerca a quien ha cometido los hechos delictivos, sino porque la precariedad extrema y el fraude laboral no es una cuestión que le preocupe realmente. No en vano, hace semanas escuchamos a Ana Elizalde, ante otra propuesta de EH Bildu apoyada por la mayoría municipal, dar legitimidad al modelo de las llamadas empresas delivery (Glovo, etcétera), que acumulan ya decenas de sentencias en contra, la última del Tribunal Supremo, por utilizar la figura de falso autónomo para justificar la explotación a sus riders, personas jóvenes y, muchas, migrantes.

Y es que, efectivamente, la derecha avala este sistema basado en la explotación a personas migrantes, juventud y mujeres, defiende la privatización y los recortes en los servicios públicos, legitima la desigualdad social y sostiene una economía plagada de emprendedores pillos que, en los casos más extremos son auténticos delincuentes, como Juan Carlos Ciprés Aznar, dueño del Hotel Castillo de Javier, que, según supimos hace días por un medio estatal, integró las listas de Derecha Navarra y Española en 2011. Nada es casualidad, ejemplo y simbiosis teoría y práctica de toda una ideología.

La autora es concejala de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruñea