urante la votación de la nueva reforma laboral hemos vuelto a vivir otro capítulo de la peor política. Dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, contraviniendo las instrucciones expresas de la dirección de UPN y su propia palabra, decidieron votar en contra de la reforma laboral pactada entre el gobierno y los representantes de los trabajadores y empresarios. Por el momento, no se conoce la contraprestación que obtuvieron por su indisciplina, pero parece claro que su conducta supone un claro caso de transfuguismo parlamentario, dado que los diputados del PP sabían de su indisciplina antes de que se ejecutara. De hecho, la formación regionalista ya les ha solicitado la renuncia a sus respectivos escaños, obteniendo la negativa por respuesta.

El transfuguismo es una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que debe ser erradicada de nuestra sociedad. Los ciudadanos no se merecen la degradación política a la que algunos están llevando a este país, sobre todo en un momento tan complicado como el presente, donde atender a lo colectivo es esencial para salir adelante y mejorar socialmente.

La premisa política de cualquier demócrata es su compromiso con las reglas y valores de la democracia. Por ello, los socialistas no vamos a permanecer impasibles mientras se degrada la política y la democracia española, ni vamos a tolerar que el voto de los ciudadanos y las instituciones democráticas sean objeto de mercadeo político por parte unos tránsfugas y de aquellos que se benefician de sus corruptelas.

Nuestra democracia representativa supone que los ciudadanos depositan su confianza en unas siglas, en sus programas electorales, a lo sumo pesará en su decisión las cualidades de sus líderes o lideresas. Son los partidos políticos quienes rinden cuentas por sus posturas y el cumplimiento de sus programas en cada elección. Y esto fundamentalmente es así por dos motivos: de un lado, porque en una sociedad tan plural como la nuestra, formada por millones de ciudadanos con circunstancias e intereses tan variados, es a través de los partidos políticos como se aglutina la voluntad de los ciudadanos y se articula su representación. De otro lado, porque a excepción del Senado, la elección de ayuntamientos, parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados y el Parlamento europeo se articula a través de listas electorales. Hans Kelsen lo expresó con claridad, “en los sistemas electorales con listas (..) los electores no designan al diputado por su persona, sino que su voto más bien significa un acto de adhesión a un partido político determinado, de manera que el candidato obtiene su representación sólo en virtud de la filiación al partido del elector”.

Cuando un representante público abandona la disciplina del partido que lo presentó a las elecciones usurpa la voluntad de los ciudadanos y omite la rendición de cuentas en las siguientes elecciones, que sí deberá realizar el partido político traicionado. El perjuicio a la democracia aumenta cuando el tránsfuga pone sus votos a disposición de un adversario político para crear, mantener o cambiar las mayorías de gobierno, como lamentablemente ocurrió en Murcia, o para alterar determinadas decisiones, como sucedió con el intento frustrado de derogar la nueva reforma laboral. Y esto, no nos engañemos, se produce a cambio de un beneficio personal, más o menos oculto.

Un partido político que utiliza en beneficio propio la traición de los tránsfugas para ganar una votación es un partido indigno, pues vulnera el pacto contra el transfuguismo que, en definitiva, es un compromiso de respeto al voto expresado por los ciudadanos.

¿Qué clase de mensaje se quiere dar a la sociedad aprovechándose del transfuguismo? ¿Que nuestra democracia está en venta? ¿Que da igual lo que voten los ciudadanos que luego ya lo amañaremos? El Sr. García Egea calificó el hecho de que tres tránsfugas de Ciudadanos que traicionaron a su partido a cambio de puestos en el Gobierno de Murcia como un acto de dignidad y de amor a España, y supongo que dirá algo parecido respecto a los dos trásfugas de UPN por su negativa a cumplir las instrucciones de su partido político. Pero la realidad es que estamos ante actos de indecencia política y la más absoluta falta de respeto al voto de los ciudadanos. El transfuguismo no es una opción respetable y rechazarlo es un deber para todo demócrata. Sin dignidad en la política, sin valores democráticos, jamás tendremos una democracia que esté a la altura de los ciudadanos.

*El autor es senador socialista por Navarra y profesor titular de Derecho Constitucional