Abrir la democracia para enfrentar la crisis climática

19.04.2022 | 00:55
Abrir la democracia para enfrentar la crisis climática

El pasado 17 de marzo, tras meses de debates, consultas y enmiendas, veía la luz la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, una ley que la consejera Itziar Gómez definió como "la herramienta más importante con la que contará la Comunidad Foral para encarar los retos climáticos presentes y futuros". Si bien ha mejorado respecto a lo presentado en septiembre, parece esta herramienta tan eficaz como apagar un incendio soplando, puesto que sigue sin emprender las transformaciones profundas y rápidas que exige la ciencia para evitar los peores escenarios de las crisis climática y ecológica, manteniendo el espejismo de una transición meramente tecnólogica frente al cambio de modelo socioeconómico que debemos acometer.

Para tratar de elevar el nivel de ambición de las medidas que se tomen a partir de ahora, superando el cortoplacismo derivado de las lógicas electoralistas, y garantizar que la transición sea justa, propusimos desde Extinction Rebellion la inclusión de una Asamblea Ciudadana Climática en esta Ley, iniciativa que, EH Bildu por un lado, y Podemos/Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra conjuntamente por otro, recogieron en sendas enmiendas y por cuya aprobación (que finalmente conseguimos) nos encadenamos al Parlamento. Victoria agridulce, puesto que sí, habrá Asamblea, pero despojada de todo carácter vinculante.

No creemos que este instrumento de democracia participativa sea capaz por sí solo de dar la vuelta a las dinámicas que nos han traído hasta aquí, pero consideramos que tienen un potencial transformador que las hace muy interesantes de cara a estas crisis en las que ya estamos inmersas, siempre que se cumplan unos requisitos mínimos. Algunos de estos serían: el compromiso por parte de la autoridad de actuar según las recomendaciones, la elección de una muestra representativa de participantes mediante un sorteo estratificado o la transparencia en todo el proceso, publicitando activamente el mismo y garantizando que cualquier persona pueda acceder a la respectiva información en cualquier momento. Que la sociedad haya seguido la Asamblea y sus propuestas sería la mejor garantía de que haya presión social para exigir su cumplimiento.

Existen ya experiencias en otros países, como el caso de la Asamblea Ciudadana francesa. Esta surgió como reacción a las revueltas de los chalecos amarillos, cuyo detonante fue la subida del impuesto al diésel anunciada en 2018 por el Gobierno francés, pero que recogió todo el descontento de las clases trabajadoras por lo que se percibía como una más de una serie de políticas lesivas. El ejecutivo de Macron dio marcha atrás y aprobó además la creación de la Convention Citoyenn pour le Climat en respuesta a la exigencia popular de un sistema más democrático para afrontar la crisis climática. Formada en 2019, la Asamblea debía responder a la pregunta Cómo lograr una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero un 40% en 2030 (respecto a los niveles de 1990) con un espíritu de justicia social.

El proceso fue ejemplar y se obtuvieron 149 recomendaciones, aprobadas con un 95% de los votos, de carácter tan renovador que parecerían redactadas por activistas, pero no, solo era gente corriente bien informada y comprendiendo la magnitud del desafío. Del resultado no se puede decir lo mismo. El Gobierno francés prometió que las medidas aprobadas se aplicarían "sin filtro", ya fuera de manera reglamentaria, legislativa o en referéndum. Pero no ha sido así. A día de hoy, las medidas aprobadas no llegan al 10%, y al menos 42 de ellas ya han sido descartadas.

Cabe destacar que para las 150 personas integrantes de la Asamblea el proceso fue tan transformador que decidieron crear una asociación con el fin de seguir haciendo incidencia y que sus 149 medidas sean implementadas por el Gobierno francés.

Otro ejemplo, no tan bueno, lo tenemos muy cerca: la Asamblea Ciudadana para el Clima puesta en marcha por el Gobierno de España a finales de 2021 y que teniendo lugar en este momento. ¿Se habían enterado? Apostamos a que no. La difusión de la misma, uno de los requisitos que mencionábamos, ha brillado por su ausencia. Además, parte de la pregunta Una España más segura y justa ante el cambio climático. ¿Cómo lo hacemos?, sin objetivos concretos, muy distinto del caso francés. Tampoco ha tenido un sorteo representativo riguroso, ni tendrá sesiones presenciales y, por supuesto, no cuenta con ningún compromiso de vinculación. Es el modelo perfecto de cómo no ha de ser una asamblea ciudadana.

Es mucho lo que una Asamblea Ciudadana puede aportar: genera conocimiento colectivo y permite decisiones más valientes y con un mayor apoyo social que las tomadas por el sistema de gobernanza tradicional. Puede ser clave para superar la cada vez mayor falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones y, en el contexto de crisis ecosocial en la que nos adentramos, una herramienta vital contra el preocupante auge de movimientos antidemocráticos.

Esperamos (y nos moveremos para que así sea) que la Asamblea Ciudadana Climática

Navarra no se quede en un mero foro participativo superficial que sirva como medalla a la clase política. Necesitamos que esto sea el principio de una apertura de la democracia que nos permita abordar, con justicia y desde el bien común, el gran reto al que nos enfrentamos.

Del colectivo Extinction Rebellion Pamplona-Iruñea

noticias de noticiasdenavarra