El manoseo de Navarra Suma en la gestión del Servicio de Atención a Domicilio ha dado como resultado un rotundo fracaso. Tras tres años de pugna judicial contra las trabajadoras, hoy nos encontramos en el mismo punto de partida que hace diez años, durante el anterior mandato de Maya: con un servicio duplicado y una plantilla enfrentada al equipo de gobierno. La diferencia, derivada precisamente de la decisión del cuatripartito en 2016 de publificarlo, es que parece haberse cerrado la puerta, de momento, a la privatización. Por lo demás, actualmente hay las mismas dificultades de gestión que en 2013, y un ambiente laboral muy parecido.

Chapuza en tres actos

Primer acto. En febrero de 2020, la concejala de Servicios Sociales, María Caballero, protagonista de otros ejemplos de gestión tosca y chapucera como la del concurso de hípica de las murallas, dio una rueda de prensa para presentar el informe de una empresa auditora que analizó el proceso de rescate de este servicio para personas dependientes y vulnerables, en dos claves: la jurídica y la económica. En el primer caso, y tras muchas vueltas, concluía que los pasos dados eran perfectamente legales, si bien advertía de que la parte de la plantilla proveniente de la empresa privada debería superar en algún momento una prueba de acceso a la administración. El resto del informe se centró en comparar los costes del servicio privatizado y una vez asumido por la administración pública. Subrayaba la auditora el incremento de costes laborales, sin detenerse a explicar los motivos, las causas ni los antecedentes de la empresa privada. Sin tener en cuenta el conflicto laboral abierto debido a la precariedad laboral ni el vaivén interminable de empresas o la denuncia del contrato por parte de una de ellas en 2011. Entre las mejoras básicas reconocidas a las trabajadoras que dignificó su situación, una reivindicación básica que desde hace años venían haciendo a la empresa privada: que se computaran como horas de trabajo los tiempos que invierten en el desplazamiento entre los hogares de las personas atendidas.

Segundo acto. Tras dar por bueno este análisis sesgado reduccionista, y con la palabra “despilfarro” permanentemente en la boca de la concejala María Caballero, Navarra Suma anunció que iniciaría la reversión del SAD. Así, el “gobierno de las personas normales”, como presentó el alcalde Maya su vuelta a la alcaldía, retomaría las riendas y metería el servicio en vereda. Cuál debió de ser su sorpresa al darse cuenta, tras hacer ese anuncio unilateral, de que necesitaba el concurso de, al menos, otra fuerza política con representación en el pleno para cambiar el modelo de gestión del SAD… Y entonces, el PSN puso como condición la creación de una empresa pública. ¡La triple pirueta que tuvo que hacer la derecha para tragar ese sapo y aceptar, después de apostar durante años por el modelo privado y hacer cálculos para recuperarlo! Así, en el pleno de abril de 2021 la concejala de Servicios Sociales tuvo que defender un modelo en el que no creía y que, según los propios informes técnicos que presentó, y tal y como ha confirmado el balance del primer año de la empresa, conlleva los mismos costes que el EMAD creado por el gobierno de Asiron.

Tercer acto. Pero el colofón de la chapuza del particular trío de las Azores que gobierna hoy en Pamplona (UPN, PP y C’s) ha sido empeñarse en sostenella y no enmendalla frente a las trabajadoras que, desde el primer momento, se opusieron a la modificación al entender que cambiaba las condiciones laborales que tanto les había costado conseguir tras años de precariedad, desigualdad y duplicidades. Navarra Suma ha utilizado recursos públicos –pues los Servicios Jurídicos municipales lo son– para litigar contra ellas, y ha perdido, y ahora el Ayuntamiento va a tener que readmitirlas en plantilla… Y lo hará tarde, precipitadamente y mal. Porque en su soberbia, el equipo de gobierno ha estirado los tiempos para recurrir todo lo recurrible hasta enfadar al juez; y entretanto no ha hecho la tarea que requería la aplicación de la sentencia, como por ejemplo identificar qué y cuántas trabajadoras tiene que reincorporar, hacer los ajustes técnicos y presupuestarios necesarios y así poder comunicar en tiempo y forma todo el proceso a las afectadas, que se están enterando de todo por la prensa. Peor, imposible.

Por último, es incomprensible que, pese al rotundo revés judicial y a los recursos ya mal invertidos (a los que hay que añadir la contratación de una consultora por más de 40.000 euros) el gobierno municipal se empeñe ahora en mantener una estructura y modelo de gestión duplicados. Alega que conserva la esperanza de que prospere el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo y aún por resolver. Pero sobre todo se debe al puro empecinamiento tan característico de este equipo de gobierno, que no es capaz de dar su brazo a torcer en este caso, como no lo ha sido, por ejemplo, en el de la pasarela de Labrit. Una vez más vemos esa concepción que la derecha tiene del gobierno de esta ciudad como si se tratase de su cortijo particular.

El Ayuntamiento de Pamplona tenía unos cuantos retos en relación con el SAD. El primero era crear un servicio con una gestión pública única, algo que ya había logrado el gobierno anterior, y que ahora deshace Navarra Suma. Pero hay muchos más: dar a conocer adecuadamente el servicio, aumentar el número de personas usuarias, ampliar los tiempos de atención y el tipo de servicios que se prestan, etcétera. Sin embargo, lo único que ha conseguido Navarra Suma en estos tres años, ha sido quemar a la plantilla, que baje muy considerablemente la cifra de personas atendidas, que el servicio vuelva a estar en la picota en los medios y en los tribunales y reavivar el conflicto. Y todo ello, además, sin reducir costes, como prometió. Cuatro fracasos en uno. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, señora Caballero.

La autora es concejala de EH Bildu en Pamplona-Iruñea