En los años 80, con la Ley de Arrendamientos Urbanos de Boyer primero y la posterior liberalización del suelo del PP, la vivienda se convirtió en un negocio, en un motor de la economía española para beneficios privados. Hemos sufrido la crisis de la burbuja inmobiliaria, los bancos se han quedado nuestros pisos, muchas familias viven hacinadas en habitaciones de pisos patera porque se discrimina el acceso a la vivienda por racismo, por género, por aporofobia, y la derecha navarra saca a subasta solares que estaban asignados a construir Vivienda de Alquiler social. Un 70% para procurar negocios privados y solo un 30% para alquiler cuando las solicitudes de vivienda de alquiler son 12.000 por 1.000 de compra.
El parque de vivienda de alquiler es esquelético en todo el estado, también en Navarra, después de que la clase política hizo dejación de la defensa del interés público, del interés general, dejando de controlar y frenar los altos precios y además permitiendo la descalificación, en tres décadas, de más de 29.000 viviendas que se incorporaron al mercado libre a precios de mercado, perdiéndose infinidad de recursos públicos que se habían destinado a las VPO.
Todo ello, igual que ahora que se pretende subastar suelo para negocio de promotores y constructores en detrimento de la construcción de pisos de alquiler ha desposeído a la vivienda de su carácter y función social y de uso habitacional, y sigue debilitando de tal manera el derecho a la vivienda que para muchos sectores se hace imposible el acceso a la misma.
Y así, mientras no se hace nada para rescatar a las personas y familias que conforman bolsas de pobreza en muchos barrios, como decía el observatorio social de Gobierno de Navarra, se alimenta el mercado negro de habitaciones en alquiler, donde se pagan cifras de 400 e incluso 500€ por habitación -lo que antes era el alquiler de un piso-, ya que no hay vivienda disponible para poder acceder estas familias, que con la ayuda David abonarían el coste de un piso contratado. Hablamos mucho de políticas de género pero montón de familias Monomarentales con sus niños y niñas malviven en esas situaciones, cuando la vivienda es un bien irrenunciable e imprescindible para vivir la vida con un poco de dignidad.
No hay ningún control público de estas situaciones, ni se pretende, y ustedes se dedican como siempre a generar negocio a quienes ya viven muy bien.
Hay una imperiosa y urgente necesidad de vivienda de alquiler y esa decisión supone nuevamente alimentar las bolsas de pobreza, exclusión residencial y social.
El acuerdo entre GN-Nasuvinsa y el ayuntamiento es la única opción que protege y defiende a los sectores más vulnerables, porque resulta injusto e inmoral que no se construyan en terrenos municipales viviendas de alquiler social, con la que “está cayendo”. Es lo mínimo, asumir la dimensión social del problema de la vivienda, cuestionarla como inversión en ladrillo para enriquecer a unos pocos y promover políticas públicas para favorecer desde la administración el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables.
El precio de la vivienda, de las habitaciones y la discriminación racista se contrarresta con más bolsa de vivienda de alquiler.
Que Navarra regulara el derecho subjetivo a la vivienda no nos facilita, hoy por hoy, el acceso a la misma. Es imprescindible construir viviendas para aumentar el parque público de vivienda de alquiler en Navarra. Lo demás las consecuencias van a ser devastadoras.
*Los autores son miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Casco Viejo
