Quedan muy pocas semanas para que comience el próximo 30 de noviembre una nueva cumbre del clima, la COP28, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se celebrará en esta ocasión desde esa fecha hasta el 12 de diciembre en Dubái. La elección de esta ciudad como la capital del clima en la COP27 celebrada en Sharm el-Sheij (Egipto) ya fue polémica, y hasta el papa Francisco en el documento que se ha venido a denominar exhortación apostólica y que se hacía público el pasado 4 de septiembre bajo el nombre de Laudate Deum, venía a decir que el anfitrión, Emiratos Árabes Unidos (EAU), es un país “que se caracteriza por ser un gran exportador de energías fósiles”, y advierte de que “las empresas de gas y petróleo ambicionan nuevos proyectos allí para ampliar más aún la producción”.
En Dubái se van a abordar diversos temas, y uno de ellos es la realización de la primera evaluación global de la acción climática (también conocido como el Balance Mundial (BM) del Acuerdo de París), en unos momentos en que, recientes investigaciones del Imperial College de Londres (Reino Unido) publicadas en la revista Nature Climate Change, señalan que al ritmo actual la humanidad arrojará a la atmósfera en solo seis años las emisiones que conducen a un calentamiento por encima de los 1,5ºC, que es el objetivo que se marcó en París, en 2015, como preferible y como el menos malo, inferior a los 2ºC. Es decir, que si no se reducen rápidamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el mundo tiene un 50% de posibilidades de alcanzar 1,5ºC en un plazo más corto de lo señalado hasta ahora. Los investigadores advierten de que si las emisiones de dióxido de carbono se mantienen en los niveles de 2022, el presupuesto de carbono se agotará en torno a 2029, con lo que el mundo se verá abocado a un calentamiento de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. Este dato no significa que la superación de 1,5ºC se dé en 2029, pero en la atmósfera se darán las condiciones para que se alcance esa temperatura, puesto que el aumento de temperatura no es lineal e intervienen numerosos factores que interactúan, incluido el componente de la variabilidad natural.
Otro de los temas importante a abordar en el nuevo encuentro de Naciones Unidas es la cantidad de dinero que hay que poner para restañar los daños causados por la crisis climática. En la Cumbre del Clima celebrada hace un año en Sharm el-Sheij (Egipto) se acordó crear un fondo de compensación de pérdidas y desastres por la crisis climática a los países más vulnerables que habrá que ver cómo se puede articular. La forma de ayudar a los países más pobres y vulnerables, que son los que apenas contaminan pero los que más están sufriendo los efectos de la crisis climática, tropiezan siempre en la misma piedra. Porque una cosa es aprobar la creación de un fondo, y otra cosa es la financiación. Se trata de una asignatura pendiente desde que en 2009 los países desarrollados prometieron que para 2020 transferirían 100.000 millones de dólares al año a los países más afectados por los impactos y desastres cada vez más graves relacionados con el clima. Cantidad que no se ha cumplido. En la cumbre del clima celebrada hace un año en Egipto se comenzó a trabajar en una reivindicación histórica de los países en vías de desarrollo, la creación de un fondo de pérdidas y daños que cada año que pasa aumenta su cantidad económica. El pasado martes, Naciones Unidas, en su informe Adaptation Gap Report 2023, venía a decir que “en 2023 se han batido récords de temperatura, mientras que tormentas, inundaciones, olas de calor e incendios forestales han causado grandes desastres que tienen que ver con el cambio climático”. Y se venía a decir que la cantidad necesaria para financiar la adaptación al cambio climático está entre 203.377 y 366.078 millones de euros anuales.
En la COP28 se van a encontrar poderosos intereses de gobiernos y de empresas públicas y privadas que en muchos casos abogan por seguir manteniendo un sistema social, económico y financiero basado en la producción, el comercio y el consumo de combustibles fósiles. De hecho, los fondos públicos para combustibles fósiles han pasado de 4,2 billones en 2015 a 6,5 billones en 2022, según el Banco Mundial. Son los países que más contaminan los que más aportan en un dinero que sirve para agudizar todavía más la crisis climática.
En medio de toda esta marea de adversidad, está el VI Informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas (IPCC), cuyo resumen se hizo público en la primavera de 2022, en el que, además de constatar de forma inequívoca la existencia de un cambio en el clima como consecuencia de la acción humana, y de los múltiples efectos que ello supone sobre el conjunto de las sociedades, sobre todo en aquellas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, lanzaba un mensaje de esperanza diciendo que “estamos a tiempo de parar las peores consecuencias de la crisis climática si ponemos en marcha un cambio de políticas y modelos, con medidas más contundentes y sin más dilación”.
En estos momentos de tanta destrucción por la que la humanidad atraviesa, debemos exigir a las cumbres climáticas, y, concretamente, a la COP28 a celebrar en Dubái, acciones ambiciosas, acuerdos justos y alianzas transformadoras que no dejen espacio a los intereses de la industria de combustibles fósiles. Pero también es fundamental hacer los deberes desde nuestra tierra, y trabajar en la descarbonización, en la adaptación y en la justicia climática, en la medida que tenemos una responsabilidad con los países pobres o del Sur, que son los que menos impactos producen y que son los más vulnerables al cambio climático.
El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
