¿Y a partir de ahora, qué? Es la pregunta que nos hacemos todos los que sentimos inquietudes políticas democráticas después de ver cómo se ha resuelto la conformación de la nueva Generalitat de Cataluña que ha dejado descolocado a Junts, uno de los puntales de la exigua mayoría conformada en el Congreso de Diputados y, por tanto, en la operatividad del Gobierno central.
Pasada la fulgurante y destacada comparecencia del president Puigdemont y al margen del espectáculo de su sorprendente desaparición, queda la incógnita, después de escuchar la intervención de su portavoz en el Parlament, del papel que su fuerza política va a desarrollar de ahora en adelante. Sobre todo en Madrid, donde es imprescindible su concurso con el resto de partidos que componen la mayoría.
Ciertamente parece haber quedado desairado pero su raigambre permite pensar que es una organización política de largo recorrido, capaz de afrontar lo que parece una degradación de su protagonismo político en Cataluña. No debe olvidarse que ha pasado por un proceso de transfiguración desde el estallido del caso Pujol y toda la corrupción adyacente que le ha obligado a renombrarse varias veces.
Ciertamente la amenaza de una mayoría de la derecha si se produce un adelanto electoral que supondría un fracaso de la actual mayoría progresista, aconseja no abordar aventuras cortoplacistas más vengativas que efectistas para formar otras mayorías.
Es conocida la carencia de principios de la derecha cuando se trata de conseguir los gobiernos (no olvidemos el falso catalán que decía Aznar hablar en la intimidad para conseguir el apoyo de la CiU de Pujol), pero han cambiado muchas cosas en este periodo desde el procès. Y la constante interferencia y amenaza de esa parte del poder judicial ideologizado a la derecha que domina las más altas instancias judiciales, hace que sea una irresponsabilidad pensar que van a aceptar la amnistía y devolver a las instituciones catalanas y a sus responsables políticos del procès, el reconocimiento que nunca debieron perder. Porque el referéndum fue un proceso democrático instado por las instituciones elegidas por los catalanes precisamente con y por el compromiso de convocarlo.
Ignoro el peso que tendrá para calmar la “ira” de Junts el acuerdo de gobierno del PSC y ERC, con el compromiso de un nuevo sistema económico para Cataluña, tan ansiado por CiU desde el principio, para tratar de no romper “la baraja” en una incierta huída hacia adelante.
El aparente rasgado de vestiduras de algunos prohombres del PSOE, pasados y presentes e incluso de otros de partidos de la mayoría, permiten pensar que no va a ser fácil tramitarlo y aprobarlo como Ley. Y luego, habrá de atravesar la maraña judicial ya anunciada por una derecha que ha hecho del poder judicial su aliado para ganar lo que le niegan las urnas.
Llama la atención que algunos dirigentes autonómicos señalen este acuerdo como lo más perjudicial para sus autonomías cuando la realidad es que es especialmente el peso de la de Madrid la que les está empobreciendo en autonomía, población y economía, sin que reclamen el cambio de ese estado de cosas. Y encima discutiendo la legitimidad del régimen de Convenio y Concierto de Navarra y la CAV que ya existían mucho antes de que ellos ni soñasen con tener una personalidad autonómica.
Lo que se está planteando por Cataluña no solo no es nuevo, es algo que se venía reclamando desde la dictadura y que parecía dispuesto a resolverse con las nacionalidades históricas en la llamada transición.
Luego vino el golpe de estado, la LOAPA y el “café para todos” de unas autonomías creadas sin la base de la personalidad de los pueblos de vascos y catalanes y, en algún modo, gallegos. Y parece irse asentando una inquina contra ellos bajo la excusa de pretender una solidaridad cuando en realidad lo que se busca es una uniformidad sumamente frustrante. Y la debilidad política que no las convicciones tan endebles y aleatorias y subordinadas muchas veces a intereses hasta personales de algunos dirigentes que en su día se comprometieron con las realidades nacionales existentes, les ha llevado a negar ese derecho. Con el apoyo de una “pseudojurisprudencia” negante hasta de la realidad de los derechos lingüísticos. Un nacionalismo español uniformista para negar los nacionalismos de los pueblos vasco y catalán a los que ni siquiera quieren dejar que se pronuncien en un referéndum propio.
No son buenos tiempos para la democracia en general y en el estado en particular. La proliferación de conflictos violentos, la irrupción de “salvadores” radicales ultras, el incremento de la pobreza social en gran parte del mundo, el imperio de la especulación globalizada en la economía y otros factores desestabilizadores de la cohesión social, generan un descorazonamiento de los ciudadanos más comprometidos con la democracia que se ven incapaces de contrarrestar su enorme deterioro.
Esperemos que no sea irreversible y se produzca una seria reacción ciudadana, que ya urge, en forma de ideales y votos para evitar la pérdida de libertades.