Sin accesibilidad no hay democracia

Democracia supone que la ciudadanía pueda participar, pueda tener acceso a todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, si las instituciones públicas y comunitarias no contribuyen a generar las condiciones para que esa participación, para que ese acceso, se produzca en igualdad de condiciones para todas las personas, la democracia se debilita o incluso desaparece.

Lo reflejado en el anterior párrafo podría servir para introducir la situación de numerosos colectivos. Sin embargo, en este caso me quiero referir a las personas con discapacidad, ya que el 3 de diciembre se conmemora su día internacional.

Y es que la accesibilidad es de gran trascendencia en el caso de la discapacidad. Podríamos decir, incluso, que las consecuencias de la discapacidad se visibilizan realmente cuando la persona entra en contacto o accede al contexto social. Porque es ahí cuando los prejuicios sociales ante las personas con discapacidad, los obstáculos físicos o comunicativos y la debilidad de los derechos sociales pueden convertir la discapacidad en una barrera para el desarrollo de la vida de las personas con discapacidad y para su acceso a todos los ámbitos de la sociedad.

En ese sentido, es el sistema público-comunitario el que debe romper las barreras que condicionan el desarrollo de la vida y la accesibilidad. Es el sistema público-comunitario el que puede conseguir que la discapacidad sea una característica más de la diversidad humana, pero que no condicione la vida y la participación social de las personas. Y ahí, los retos son múltiples y los debemos recordar en un día como este.

La ONU plantea un reto para este día internacional: fomentar el liderazgo de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad deben estar presentes en todos los espacios de participación y representación. Nada debe ser decidido sin ellas, nada debe ser realizado sin contar con ellas. Además de por justicia, porque es la mejor manera de cambiar las percepciones sociales en torno a la discapacidad.

El CERMI, que agrupa a las diferentes organizaciones del sector, ha optado por situar el mensaje principal en torno a la vivienda. Efectivamente, si para el conjunto de la sociedad el precio de la vivienda se sitúa entre las principales problemáticas, en el caso de las personas con discapacidad es aún más grave, ya que se encuentran más afectadas por la pobreza. Además, sufren otras problemáticas específicas. Una de ellas es la falta o la dificultad de accesibilidad a edificios y viviendas. La otra es el aislamiento en viviendas o la institucionalización en residencias insuficientemente conectadas con la comunidad, que ha sufrido históricamente un sector de las personas con discapacidad.

Desde Euskal Herria Bildu compartimos todas esas reivindicaciones y tratamos de incorporarlas cotidianamente al conjunto de nuestras reivindicaciones y acciones. Cinco son las líneas de trabajo que estamos priorizando en nuestra labor de oposición y negociación con el Gobierno de Navarra, pero también en el liderazgo de las entidades locales que gobernamos.

La primera tiene que ver con la valoración de la discapacidad, que es la puerta de entrada al sistema de prestaciones y servicios. La media actual de espera que debe soportar una persona para que sea valorada es de 12,3 meses, cuando la Cartera de Servicios Sociales señala que no debe superar los tres meses. Además, el servicio de valoración de la discapacidad no atiende a las personas de origen migrante que se encuentran en situación no regularizada.

La segunda se vincula con nuestra Ley de atención a las personas con discapacidad, del año 2022. Una ley que ha supuesto importantes avances en el reconocimiento de derechos, pero que acumula retrasos en la reglamentación de los artículos vinculados con la accesibilidad a actividades culturales o deportivas, a espacios naturales de uso público, a edificios, a transporte, etcétera.

La tercera se relaciona con el ámbito residencial. Nuestra apuesta es que las personas puedan vivir, siempre que se pueda, en su propio domicilio, en su barrio, en su pueblo. Y para ello apoyamos un mayor desarrollo de los servicios que lo favorezcan: ayuda a domicilio, centros de día, productos de apoyo, etcétera. También apostamos por la creación de alternativas residenciales, como los apartamentos de vida independiente o las residencias basadas en unidades convivenciales conectadas y abiertas a la comunidad.

La cuarta responde al modelo de gestión de los recursos de atención a las personas con discapacidad. Apostamos claramente por que los cuidados, también en discapacidad, no sean un negocio sino un derecho garantizado por el Estado a través de servicios gestionados de manera pública. Y apostamos claramente también por la mejora de la calidad del empleo en los servicios de atención a la discapacidad, un ámbito que sufre con intensidad la precariedad.

En quinto y último lugar, creemos que el sistema público debe ir acompañado del apelativo comunitario. Porque cuidar es responsabilidad de todos y de todas, porque debemos construir barrios, pueblos, comunidades, cuidadoras. Y ahí seguimos, tratando de apoyar, construir y replicar experiencias comunitarias de cuidados en las que la discapacidad también debe integrarse. Experiencias como Ansoain, comunidad que cuida – Antsoain zaintzen duen herria, Uharte, zaintzen duen herri bat eraikitzen - Huarte, construyendo un pueblo que cuida. Zaindu leitzaldea en Leitza, o Teknoadina en La Sakana.

El autor es parlamentario foral de EH Bildu Nafarroa