La Constitución española en su artículo 47 declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo. No obstante, este derecho no es un derecho fundamental ya que este forma parte del capítulo que hace referencia a “los principios rectores de la política social y económica”.

Así, la ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, regula las actuaciones públicas respecto al acceso a la vivienda utilizando verbos tales como facilitar, favorecer, dotar, mejorar, fomentar, proteger, impulsar. Contiene, por lo tanto, principios rectores para los poderes públicos que cada gobierno puede abordar con mayor o menor compromiso e intensidad. La calificación de vivienda protegida, impidiendo su liberación, es un avance muy importante de esta norma.

El hecho es que hoy el acceso a la vivienda es un problema de primer orden en todo el Estado, en Navarra en particular. Los precios de la vivienda están por las nubes. La especulación inmobiliaria, que campa a sus anchas, ha generado un aumento desorbitante de los precios. Queda cerca la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 causada por la compra desmesurada de viviendas con el objetivo de venderlas más caras más adelante. Así los precios de la vivienda subieron como la espuma. Hoy se vuelve a producir una situación similar, los grandes propietarios continúan controlando una parte importante del mercado. Muy amplios sectores sociales y en especial los jóvenes precarizados y con trabajos mal pagados sufren esta situación. Para quien se puede permitir un desembolso inicial, es más rentable comprar una vivienda que alquilarla. Como muestra un botón, en 2024 el precio de alquiler en Pamplona y comarca ronda los 10,5 euros el metro cuadrado.

A todo esto, hay que añadir la gran dificultad de muchas familias y jóvenes para acceder a un crédito hipotecario. Esta función esencial la cumplía en gran medida la extinta Caja Navarra mediante convenios de financiación firmados con el Gobierno de Navarra. Ahora la banca privada controla casi en exclusividad el mercado financiero y la concesión de hipotecas para miles de trabajadores precarizados y empobrecidos es imposible.

Durante la década 2000-2010 en varios años se alcanzaron cifras cercanas a las 3.000 viviendas protegidas iniciadas anualmente; en el periodo 2011-2022 se produjo un abrupto descenso con un mínimo histórico en 2022, cuando solo se iniciaron 193 viviendas protegidas. En 2023 se ha producido un repunte con 728 viviendas protegidas iniciadas, una reactivación en todo caso muy insuficiente para hacer frente a la demanda existente.

Entre 2016 y 2022 fueron calificadas 530 viviendas en régimen de alquiler, que suponían el 23,5 de la vivienda pública, un porcentaje que supuso un impulso del régimen de arrendamiento, aunque en cantidad muy insuficiente. Los programas Emancipa y David están siendo importantes y efectivos. En 2024 se adjudicaron tan solo 235 viviendas protegidas, 158 en régimen de compra y 77 en alquiler. En 2024 había 5.330 viviendas gestionadas en régimen de alquiler protegido, unas 2.330 directamente por Nasuvinsa (parque propio y Bolsa de Alquiler) y sobre 3.000 viviendas de alquiler privado con subvención pública. Además, están vigentes unas 6.300 prestaciones a través de los programas Emanzipa y David.

Debido a la creciente dificultad para miles de solicitantes de vivienda protegida de conseguir financiación hipotecaria para su compra cada vez es mayor el porcentaje que solicita vivienda en alquiler.

En 2024 se cubrió tan solo el 8% de la demanda de compra de vivienda protegida, mientras que sobre la demanda de vivienda protegida en alquiler sólo se cubrió el 1%. La demanda de vivienda protegida en Navarra alcanzó cifras récord en 2024, con 20.829 solicitudes al cierre del año, el doble que hace 5 años. De éstas, el 62% corresponde a alquiler, un 15% a compra y el resto a ambas opciones.

Las políticas públicas no han solucionado un problema que se hace cada día más grande. Es más, podemos hablar de sonoro fracaso del Gobierno de Navarra en los últimos años en esta materia tan sensible socialmente; un fracaso tan evidente que contrasta alarmantemente con las cifras mucho más elevadas de promoción de vivienda protegida de algunos gobiernos anteriores de UPN.

Navarra, cuenta con más de 40.000 viviendas vacías y los pisos que se ocupan menos de un mes superan los 12.000. Los apartamentos turísticos censados son 1.338, de los cuales, un tercio han sido registrados en los dos últimos años, a lo que hay que añadir aquellos alquileres turísticos que funcionan de forma ilegal.

El sinhogarismo es la situación más precaria. Muchas personas, familias, tienen que acudir al mercado libre para alquilar una habitación o acceder a una infravivienda a precios desproporcionados. Son situaciones de muchísimo riesgo social que abocan a dinámicas de marginación si no se toman medidas integrales.

Es más que evidente el rotundo fracaso de las políticas públicas de vivienda en Navarra. También se ha demostrado evidente que las soluciones no pasan por las mismas recetas que se han comprobado fallidas, que no ponen solución al problema de fondo, la especulación. La colaboración público privada, sin un estricto control y planificación pública, solo aumenta el precio de la vivienda, y las subvenciones y exenciones fiscales a propietarios para potenciar el alquiler de particulares son parches que alimentan un sistema que saquea los bolsillos de las clases populares para generar sustanciosas ganancias económicas.

Este es un problema que requiera un enfoque global e integral abordando tanto la oferta como el acceso a la financiación hipotecaria de los adquirentes de vivienda protegida. Requiere establecer el marco de planificación e intervención pública y las condiciones para garantizar el acceso de la ciudadanía a la vivienda.

Se debe impulsar una nueva política pública de vivienda mucho más eficaz en materias como el uso de la vivienda vacía, la planificación del suelo y la construcción de nueva vivienda pública, la intervención para regular el mercado estableciendo límites a las promotoras privadas, así como a los precios de compra y alquiler, la aprobación de convenios de financiación con la banca que faciliten créditos hipotecarios a las familias trabajadoras (recuperando una banca pública en Navarra), el aumento el alquiler social asociado a medidas para evitar dinámicas de marginación, o un plan de vivienda específico para las zonas rurales.

Hoy no podemos sino lamentar que tanto Gobierno de Navarra como ayuntamientos están fracasando claramente en dar respuesta a este gran problema y reto social, por ello es urgente una rápida y firme reacción.

*Firman este artículo: Javier Barinaga, Charo Fraguas, Pilar Gastón, Antonio Mancho y José Miguel Nuin (Miembros del Foro Mercedes Colás)