El miércoles 29 de octubre se cumple un año de la dana que cambió la vida a muchísimas personas, con 229 víctimas y con grandes impactos. En este año hemos asistido a silencios, ocultamientos y falsedades por parte de la Generalitat del País València y a las trampas de su presidente, Carlos Mazón, para eludir sus responsabilidades en la gestión de la emergencia.

No hay muchas dudas de que la dana está estrechamente vinculada al calentamiento global. La organización científica World Weather Attribution, que se dedica a calificar qué parte de un fenómeno meteorológico extremo está vinculada al cambio climático, contabilizó que las lluvias de octubre fueron “un 12% más intensas” debido al calentamiento global.

También habría que decir que tuvieron lugar importantes fallos en las alertas tempranas y en la planificación preventiva. En muchas zonas, la información no llegó a toda la población hasta las ocho de la tarde, cuando las precipitaciones más críticas ya habían pasado. La emisión de estas alarmas con al menos un día de antelación habría permitido tomar decisiones preventivas más claras, como la suspensión de clases en escuelas, universidades y centros de formación; la parada de actividades en empresas e industrias; la adaptación del transporte público; evacuar residencias de personas mayores; y la recomendación de evitar vehículos privados. La falta de planes preventivos integrados dejó a la población sin claridad sobre cómo actuar.

Hemos visto en primer plano la ocupación de zonas inundables con viviendas, equipamientos e infraestructuras de todo tipo que se han permitido construir a pesar de que poco a poco nos hemos ido dotando de normativas que, en teoría, prohibían la ocupación de espacios en esos lugares de peligrosidad. Todo ello debido a que el suelo es una cuestión fundamental para diversos actores que han visto en este elemento un espacio de transformación acelerada y de enriquecimiento rápido por encima de las limitaciones que pudiera presentar.

Tras el fatídico 29 de octubre, todos los actores políticos y sociales han hablado de reconstrucción. Ahora bien, según de quien se trate, la palabra puede significar una cosa u otra. Según Amnistía Internacional, un año después del paso de la dana, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para que una de las peores catástrofes climáticas de la historia reciente de España y Europa no vuelva a repetirse. El informe Llueve sobre mojado de Amnistía Internacional, hecho público este 22 de octubre, concluye que la construcción en zonas inundables en los municipios afectados por la tormenta sigue poniendo en riesgo a decenas de miles de personas.

Esta organización de derechos humanos se muestra clara en la advertencia: una tormenta como la que asoló Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha y, sobre todo, el País València, puede repetirse en un contexto de cambio climático donde los fenómenos meteorológicos “serán más frecuentes y más graves”. Y las consecuencias “nada naturales” de estos fenómenos amenazan a ser igual o más graves, ya que las instituciones no han hecho lo necesario para evitar que se siga construyendo en zonas inundables.

Navarra no es ajena a la situación general climática que se da en otros lugares y la tendencia en la ocurrencia de episodios extremos de temperatura ya se está dando y se va a acentuar. A su vez las precipitaciones están sufriendo cambios muy drásticos con alteraciones cada vez mayores en sus extremos.

El peligro de la ocupación de ríos y zonas inundables también se ha dado aquí. Edificaciones e infraestructuras ocupan e invaden las llanuras de inundación en distintas zonas de Navarra, reduciendo drásticamente la capacidad de desagüe de los cauces y haciendo que personas y bienes queden expuestos a las crecidas.

Se ha repetido en múltiples ocasiones, que los ríos se expanden. Podemos negarlo, pero no por eso va a dejar de pasar. Ha pasado siempre y seguirá ocurriendo. Podemos intentar dos cosas: procurar dominarlos o intentar acomodarnos a su dinámica natural. Llevamos muchos años peleándonos contra ellos y por ahora no parece que vayamos ganando la batalla.

Pero, ¿qué hacemos con el pasivo histórico? ¿Qué hacemos con los cascos urbanos y polígonos industriales sometidos a alto riesgo de inundación? No se puede dar una solución genérica. En estas zonas habrá que adoptar medidas estructurales. Las soluciones de ingeniería clásica que hasta hace muy poco se han adoptado a pesar de cada zona es diferente, se deberán utilizar cuando no haya otra opción posible, y en todo caso ejecutando la acción correspondiente con el máximo respeto medioambiental. En otras situaciones habrá que realizar actuaciones urbanísticas de realojos, liberando el territorio fluvial de las construcciones existentes.

Estamos bastante lejos de limitar el aumento de temperatura global a 1,5 grados cono señala la comunidad científica para evitar las peores consecuencias climáticas. Las medidas de mitigación son insuficientes y los planes de adaptación son fundamentales, como la puesta en marcha de planes de prevención de inundaciones, delimitación de llanuras de inundación temporal, drenajes urbanos sostenibles…, cosa que ya se viene haciendo, aunque habría que ver si a la velocidad deseada.

Pero también debe impedirse la construcción de viviendas, pabellones industriales e infraestructuras en zonas inundables. Prohibir nuevas construcciones en zonas inundables hoy en día es una labor prioritaria. De nada servirán plantear otras medidas si seguimos incrementando el negro catálogo de zonas de alto riesgo. Sin olvidar otra cosa no menos importante: que se cumpla la legislación existente. Y nos encontramos en Navarra casos en los que no se está cumpliendo.

El autor es miembro de Fundación Clima y Premio Nacional de Medio Ambiente