No a la impunidad del genocidio

Parece obvio decir que si realmente hubiera justicia, Benjamin Netanyahu, Israel Katz, Itamar Ben-vir, Eyal Zamir, David Saar Salama, Shmuel Eliyahu, el rabino Zor de la academia militar Bnei David, Beni Aharon, Sean Glass, Moshe Feiglin o Itai Shukerkov habrían sido detenidos y estarían siendo juzgados ya por crímenes contra la humanidad. No es así. Le llaman impunidad y suele corresponder con la cobertura, el encubrimiento y la justificación de la vulneración de derechos realizada por quienes protegen a delincuentes en los sistemas institucionales o mediáticos. Está en cuestión la propia legitimidad de los sistemas internacionales y estatales de protección de derechos supuestamente avalados con firma por sus representantes, así como la de jueces y sistemas judiciales. No es solo cuestión de “papel mojado” sino de connivencia y complicidad, por lo que están implicadas personas vinculadas a la economía del genocidio, como Andrés Arizkorreta García, Florentino Pérez Rodríguez o incluso presidentes de los estados como Viktor Orbán, Keir Starmer, Frank-Walter Steinmeier o Ursula Gertrud von der Leyen del gobierno europeo. Un claro cómplice: Donald Trump.

Tenemos la imagen de los tribunales de Núremberg como la referencia histórica de justicia por crímenes contra la humanidad cuando diversos estados se aliaron frente a los nazis; pero sabemos que para que eso se repita hoy en día, son las sociedades las que se tendrán que movilizar, como lo han hecho hasta ahora. En la actualidad, los intereses económicos y políticos por acaparar poder priman sobre todo lo demás; ya no hay alianza contra el nazismo, pese a que el sionismo actúe de forma parecida. Los genocidas y sus aliados seguirán cínicamente exigiendo pacifismo al enemigo; cualquiera que muestre solidaridad, se niegue a recetar la farmacéutica Teva, rechace el blanqueamiento a través del deporte, obstaculice el tráfico de armas o se manifieste contra una ideología que en nombre de la religión justifica la extorsión, el robo, la tortura o el asesinato. Al contrario de una postura firme y decidida de las democracias homologadas, cabe esperar que se siga intentando criminalizar al movimiento internacional humanitario como hemos visto durante todos estos meses en tantos países. Mencionar especialmente la brutalidad policial en Alemania, el acoso en Gran Bretaña o el papel represivo del estado egipcio en la Marcha a Gaza o la campaña pro sionista de los medios de comunicación reaccionarios en España o Estados Unidos.

Miles de personas en la calle, en todo el mundo, hemos contribuido a paralizar un poco el genocidio y hemos demostrado que se puede hacer; pero persisten en sus crímenes, precisamente porque hay quienes les cubren y amparan. Es por eso que no podemos esperar a que en instancias como la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia o la ONU se muevan resoluciones que no están yendo a ninguna parte, o, la relatora de Naciones Unidas se desgañite denunciando el genocidio. Si la gente queremos justicia, debemos seguir reclamándola.

Es un compromiso con lo humano y tiene nombre y apellidos. Justicia para Hind Rajab, Adam Samer al Ghoul, Basil Suleiman Abu al Wafa, la familia de Alaa al Najjar, Mohammed Hassan al-Harbeiti, Sannd Abu al-Shaer, Layan Hamada… y tantos otros asesinados en crímenes atroces y horrendos que no pueden olvidarse y dejarlo estar como si no hubieran existido. Miles y miles de víctimas; muchas, menores de edad.

Firman esta carta: Bitor Abarzuza Fontellas, Silvana Rita Garaffa, Alfonso Ortiz Besga, Montse Arroyo Rodríguez, Íñigo García Sola e Inanda Aguilar Sánchez