Las políticas públicas no son inocuas. Tienen consecuencias directas en la vida de las personas. En Sarriguren 168 familias ven amenazada su estabilidad residencial por decisiones políticas adoptadas hace décadas y defendidas todavía hoy por la derecha. Ha habido otros problemas parecidos y más que vendrán.
Y es que desde los años 90 se han construido en Navarra alrededor de 58.000 viviendas de protección oficial. Si ese parque se hubiera mantenido íntegro como vivienda protegida, hoy podríamos contar con un parque público de vivienda cercano al 17%, un porcentaje homologable al de muchos países europeos con sistemas de bienestar avanzados.
Pero no ha sido así. La imposición de una fecha de caducidad a la VPO –una decisión política impulsada por las derechas– ha abierto la puerta a su progresiva descalificación. Más de 55.000 viviendas perderán esa protección en los próximos años. El resultado es demoledor: el parque público de vivienda financiado por el conjunto de la ciudadanía navarra podrá reducirse hasta un escueto 0,9%. Del 17% al 0,9%.
Miles de viviendas que podían contribuir a equilibrar el mercado han pasado y pasarán a formar parte del circuito especulativo. Han dejado de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema.
El caso de Sarriguren es paradigmático. La empresa Adania, mayor tenedor de vivienda en Navarra, vendió estas viviendas al fondo de inversión sueco Catella Group. Tras la expiración de la protección oficial, este fondo podría disponer libremente de los inmuebles y maximizar rentabilidades, poniendo en riesgo los proyectos de vida de cientos de personas.
Sin embargo, la declaración de Zona de Mercado Tensionado (ZMT) ha permitido introducir una tregua temporal. Esta herramienta limita incrementos abusivos y ofrece al Gobierno de Navarra margen de maniobra para negociar y explorar soluciones que garanticen la estabilidad residencial de las familias afectadas.
Frente a ello, el Gobierno municipal de UPN en el Valle de Egüés permanece ausente. Desde UPN no solo defendieron la fecha de caducidad de las VPO; no solo votaron en contra de eliminarla; no solo se opusieron a la declaración de ZMT; sino que, además, no están impulsando ninguna iniciativa para proteger a sus propias vecinas y vecinos.
La cuestión de fondo es clara: ¿la vivienda es un derecho o un activo financiero? Si es un derecho, las administraciones deben actuar con todas las herramientas disponibles para evitar que miles de viviendas financiadas con dinero público terminen engrosando carteras especulativas.
Por eso mismo, desde EH Bildu estamos trabajando, tanto a nivel municipal como desde el Parlamento, para contribuir a buscar una solución negociada a esta grave situación. Al igual que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo allá donde haga falta. Nosotras y nosotros no dejaremos tiradas a nuestras vecinas y vecinos. Porque la responsabilidad institucional la entendemos precisamente de esta manera: poner la política al servicio de las personas, no defender los intereses de los poderosos.
El autor es parlamentario foral de EH Bildu Nafarroa
