Los servicios sociales se han convertido en uno de los escenarios donde se condensan muchas de las tensiones de nuestro tiempo. La precariedad económica, la crisis habitacional, la fragmentación de redes comunitarias y los procesos migratorios dibujan realidades complejas que no siempre encuentran respuestas sencillas. En este contexto, la intervención social se ve interpelada no solo en su dimensión técnica, sino también en su fundamento ético.
Trabajar con personas que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad exige sostener una mirada amplia. Detrás de cada demanda hay trayectorias vitales atravesadas por decisiones difíciles, pérdidas acumuladas y estrategias de supervivencia construidas en entornos adversos. Cuando estas trayectorias se desarrollan además en marcos de incertidumbre jurídica y fragilidad social, los procesos de intervención se vuelven necesariamente más complejos, más lentos y, en ocasiones, más tensos.
Es cierto que los servicios sociales no están exentos de conflictos. La convivencia entre expectativas, limitaciones normativas y recursos escasos puede generar desencuentros. Pero reducir estas situaciones a un problema de perfiles o presencias sería simplificar en exceso lo que en realidad son manifestaciones de desigualdades estructurales. Las tensiones no emergen porque sí sino que suelen ser el síntoma evidente de condiciones de exclusión prolongada, de barreras administrativas, de experiencias previas de desconfianza institucional o de procesos vitales marcados por la incertidumbre.
El trabajo social nació precisamente para situarse en esos márgenes donde las estructuras producen vulnerabilidad. Desde sus orígenes, la profesión ha defendido que la intervención no puede limitarse a la gestión de expedientes, sino que debe incorporar una comprensión crítica del contexto. Acompañar implica escuchar, traducir marcos normativos, mediar entre sistemas y personas y sostener procesos que no siempre encajan en los tiempos administrativos.
En escenarios de alta presión institucional, puede aparecer la necesidad de replegar la intervención hacia lo estrictamente procedimental, priorizando la seguridad, la rapidez o la homogeneidad en la atención. Sin embargo, cuando el acompañamiento se reduce a un mero o simple trámite, se debilita su potencial transformador. La relación profesional se convierte entonces en un intercambio frío de requisitos y respuestas, perdiendo la dimensión relacional que constituye su núcleo.
Acompañar no significa justificar cualquier comportamiento ni ignorar los límites que regulan la acción pública. Significa, más bien, reconocer que la conflictividad no es una anomalía, sino una expresión posible de contextos de vulnerabilidad intensa. Significa sostener la intervención desde la dignidad, incluso cuando las situaciones son complejas. Significa recordar que el acceso a los servicios sociales no es un privilegio condicionado a la ausencia de dificultades, sino una puerta que precisamente debe abrirse cuando las dificultades existen.
Las instituciones públicas y los equipos profesionales necesitan recursos, formación y espacios de reflexión para abordar estas realidades sin desgaste ni simplificaciones. Pero también necesitan preservar el marco ético que da sentido a la profesión: la defensa de la dignidad humana, la no discriminación y el compromiso con los derechos sociales.
En tiempos donde el debate público tiende a polarizar y a buscar responsables individuales para problemas colectivos, el trabajo social tiene la responsabilidad de mantener una mirada estructural y humanista. No se trata de ignorar los desafíos, sino de afrontarlos sin renunciar a los principios que sostienen nuestra identidad profesional. Porque, en última instancia, la calidad democrática de una sociedad también se mide por cómo acompañamos a quienes atraviesan mayor vulnerabilidad e incertidumbre.
Firman este artículo: Josean Villanueva Oyarzabal, presidente de la Fundación Gizakia-Herritar-Paris 365 y trabajador social; y Myriam Gómez García, coordinadora de la Fundación Gizakia-Herritar-Paris 365 y trabajadora social
