A propósito de los papeles del 23-F

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desclasificado hace unos días coincidiendo con el aniversario del golpe del 23 de febrero de 1981, 153 documentos reservados de los ministerios de Interior, Presidencia y Exteriores. Dichos documentos están accesibles a todos los ciudadanos en la página web de La Moncloa. Según los expertos de la lectura de los mismos, no se puede inferir que el monarca de aquel entonces, don Juan Carlos I estuviera implicado en la preparación de dicho golpe de Estado, sino más bien todo lo contrario, reafirma la versión oficial, el monarca fue el que desbarató dicha intentona. Ahora bien también señalan los mismos historiadores que cabe la posibilidad de que aquellos documentos que fuesen comprometidos para la monarquía no estuviesen clasificados por haber sido destruidos previamente. En cualquier caso sería de ingenuos pensar por razones obvias que el Gobierno vaya a desclasificar de motu proprio, si existiese, algún documento comprometido para la Corona. Hay que señalar que todavía hay mucha documentación relativa al 23-F que permanece secreta como el sumario y proceso del juicio del 23-F de miles de folios, los audios y conversaciones del jefe de la Casa Real con el general Alfonso Armada , así como los audios del rey emérito con los capitanes generales esa tarde, por ejemplo. Algunos se han apresurado a adelantar que la publicación de dichos documentos no iba aportar nada nuevo a lo que ya sabíamos pero sí iba a poner en evidencia las numerosas mentiras y trolas que han circulado al respecto, como esa de que estaba el rey emérito al frente de la intentona, –bulos dicen– que han formado parte de la estrategia de defensa de los implicados y acusados por la trama golpista.

En cualquier caso hay que recordar que la inmediatez está muy bien para las redes sociales, pero a la hora de enjuiciar nuestro pasado, labor reservada a los historiadores, hay que ser más cautos y reflexivos. Así, Heródoto, el padre de la Historia, creía que ésta, la Historia, debía ser precisa y basarse en testimonios de testigos presenciales y fuentes fiables. Es un proceso científico, el esclarecimiento del pasado, basado en la investigación exhaustiva e imparcial de todas las fuentes primarias y secundarias, interpretando los datos que arrojan, en su contexto histórico. Gracias a esta labor de los historiadores, que nos permite a los ciudadanos comprender mejor el pasado, su impacto en el presente y las posibles implicaciones para el futuro, haciendo que el legado histórico sea conocido y valorado por las generaciones venideras.

Levantar el secreto de todos estos archivos ha sido posible gracias a la buena voluntad del Gobierno, dado que a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia donde los secretos oficiales prescriben; en nuestro país, no prescriben nunca. Así a día de hoy, pasados cincuenta años de la muerte del dictador, aún nos regimos en esta materia por una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales aprobada el 5 de abril de 1968, que regula la clasificación y protección de la información que puede amenazar la seguridad y defensa del Estado. Si hay un grupo parlamentario que lleva batallando con más consistencia a favor de la reforma de la ley franquista de secretos oficiales ese es el PNV. Desde 2016, en todas y cada una de las legislaturas –y la actual es la quinta desde aquella en la que Mariano Rajoy perdió la mayoría absoluta–, ha registrado su propuesta para modificar la norma de 1968 y forzar la desclasificación de documentos oficiales a los 25 años.

Tras varias iniciativas impulsadas por este partido nacionalista, el Gobierno tramitó en el Consejo de Ministros del pasado día 22 de julio de 2025, la nueva Ley de Información Clasificada que sustituirá la norma franquista y por primera vez, establecerá la desclasificación automática de documentos, poniendo fin a la clasificación sine die de los secretos de Estado. Lo que representará un cambio de paradigma hacía una política de transparencia del Estado. Este proyecto de ley contempla cuatro tipo de secretos, alto secreto que se desclasificará a los cuarenta y cinco años con posible prórroga de quince años más, secreto a los cuarenta y cinco, confidencial y restringido a los 9 y cinco años, respectivamente. A algunos partidos de la oposición les parece los plazos demasiado largos, sobre todo, el de cuarenta cinco años. Si miramos a los países vecinos, ya mencionados, todos ellos contemplan un plazo medio de treinta años, salvo Gran Bretaña e Italia donde algunos secretos, por sus características específicas, puede que no se desclasifiquen nunca por razones de seguridad del Estado.

Este es un proyecto de ley, que tiene pendiente su andadura parlamentaria, para ser refrendado y aprobado por el Congreso y Senado; proyecto que representa un salto de calidad y facilitaría la posibilidad de aclarar ciertas sombras de nuestro pasado más inmediato, como los sucesos luctuosos de Montejurra de 1976 y Sanfermines de 1978 o los asesinatos de Lasa y Zabala entre otros. No soy optimista respecto a la aprobación de este proyecto de ley debido al ambiente polarizado de las cámaras parlamentarias, los continuos escándalos de corrupción además de la exigua mayoría parlamentaria con que cuenta el Ejecutivo. Por todo ello, es fácil que este proyecto de Ley de Información Clasificada siga los mismos pasos que la famosa reforma de la Ley Mordaza, aprobada por el PP en el año 2015. Reforma que desde octubre del año 2024, que pasó su primer trámite parlamentario, sigue archivada en un cajón a la esperara de mejores tiempos parlamentarios.

No hace falta recordar la importancia del acceso de la ciudadanía a todo tipo de archivos públicos, –para consolidar la transparencia, muy importante en estos tiempos donde reina la desinformación– y la rendición de cuentas de los cargos públicos así como reforzar el empoderamiento de los ciudadanos como pilares de nuestro sistema democrático.