Las inundaciones han dejado de ocupar portadas. Las cámaras se han marchado, los micrófonos han cambiado de escenario y la conversación pública ha sido sustituida por nuevas urgencias. Ocurrirá lo mismo cuando lleguen las olas de calor o los incendios forestales: serán actualidad mientras ardan los montes o se disparen los termómetros, y después pasarán al olvido. El ciclo se repite con una precisión inquietante: impacto, saturación, desaparición.
Ante esta dinámica cabe preguntarse: ¿Qué persigue realmente la información? ¿Para qué informamos? ¿Cómo informamos? Y, sobre todo, ¿qué estamos consiguiendo?
Durante los días posteriores a una catástrofe, la cobertura mediática es intensa y emocional. Vemos calles anegadas, viviendas arrasadas, vecinos retirando barro, infraestructuras colapsadas. Se multiplican las declaraciones institucionales y las promesas de revisión de planes y mejoras en la coordinación. Sin embargo, cuando el foco mediático se apaga, también lo hace gran parte de la presión pública que podría impulsar cambios estructurales.
No parece que la información, tal y como se está ofreciendo, esté provocando transformaciones políticas profundas y sostenidas. En 2022 se habló del primer plan nacional para la reducción del riesgo de desastres. Hace poco se anunció una nueva plataforma de coordinación. Pero la realidad es que muchos municipios siguen sin disponer o sin implantar eficazmente planes de emergencia frente a riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos. Y cuando existen, con frecuencia no se actualizan ni se ensayan.
La reducción del riesgo no genera titulares espectaculares. No hay imágenes dramáticas en la aprobación de un plan municipal de emergencias ni en la realización de un simulacro. Sin embargo, es precisamente ahí donde se decide la magnitud del próximo desastre. La prevención no es noticia porque no ofrece impacto inmediato, pero es la única estrategia que reduce daños reales.
A esta carencia estructural se suma otra igualmente preocupante: la falta de formación. Nuestros centros educativos, incluidas las universidades, hacen poco o nada por formar a sus alumnos en autoprotección y cultura del riesgo. Preparamos excelentes profesionales en múltiples disciplinas, pero rara vez incorporamos de manera transversal la gestión integral del riesgo de desastres. Sin educación preventiva, la sociedad permanece vulnerable.
Informar no debería limitarse a narrar consecuencias. Informar debería significar advertir, formar y transformar. Debería implicar publicar periódicamente el estado real de los planes municipales, fiscalizar la ejecución presupuestaria en prevención, explicar con claridad los mapas de riesgo y exigir responsabilidades políticas cuando no se cumplen las obligaciones legales.
El cambio climático intensifica los fenómenos extremos, pero el desastre no es únicamente natural: es también político y social. La vulnerabilidad se construye o se reduce con decisiones públicas, con inversión sostenida y con cultura ciudadana.
Si aceptamos que la información sea episódica y reactiva, nos resignamos a gestionar daños en lugar de prevenirlos. Si, por el contrario, decidimos mantener el foco cuando ya no hay cámaras ni dramatismo, quizá logremos que la próxima inundación no vuelva a sorprendernos como si fuera inevitable.
Seguir informando no es repetir imágenes de tragedia. Es perseverar cuando el ruido mediático se desvanece. Es convertir la prevención en una prioridad permanente. Porque cuando el riesgo se normaliza y el olvido se institucionaliza, las consecuencias no desaparecen: simplemente se aplazan. Y siempre terminan afectando a los mismos.
El autor es director de TESICNOR
