El artículo del consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, “Acelerar los trámites administrativos para ser más competitivos”, en el que se ensalza la llegada de grandes inversiones industriales a Navarra, dibuja un relato tan optimista como incompleto. Bajo la apariencia de éxito institucional y eficacia administrativa se esconde una visión profundamente unilateral de la economía, en la que las necesidades de las grandes empresas se sitúan en el centro, mientras se relegan cuestiones esenciales como el contexto global de crisis, la calidad del empleo o la propia democracia económica.
El punto de partida ya resulta revelador: “las empresas quieren certidumbre y plazos cortos”. Pero ¿qué hay de lo que quieren –o necesitan– las clases trabajadoras, las comunidades locales o el medio ambiente? La política industrial que se describe está orientada casi exclusivamente a reducir obstáculos para la inversión privada, convirtiendo a las instituciones públicas en facilitadoras de intereses corporativos. La llamada ventanilla única no es tanto una herramienta de eficiencia al servicio del bien común como un símbolo de una administración que se adapta a las exigencias empresariales sin cuestionarlas.
Se presenta como un logro haber reducido los tiempos para la implantación de grandes factorías, como la de Hyundai Mobis. Sin embargo, apenas se plantea una reflexión crítica sobre el modelo que esto consolida: dependencia de capital extranjero, competencia entre territorios a la baja y subordinación de la planificación económica a decisiones tomadas fuera de Navarra. La creación de empleo –450 puestos en este caso– se menciona como un argumento incuestionable, pero no se analizan su estabilidad, sus condiciones laborales ni su impacto a largo plazo en el tejido productivo local.
Más preocupante aún es el uso de un lenguaje que roza lo mítico: “el potencial de Navarra es infinito”. Esta afirmación no solo carece de rigor económico, sino que encubre una realidad mucho más compleja. Ninguna economía tiene un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos finitos. Esta retórica ignora deliberadamente los límites ecológicos, las tensiones energéticas y la creciente evidencia de que el modelo de crecimiento capitalista atraviesa una crisis estructural a escala global.
El artículo tampoco sitúa en su debido contexto la situación internacional. La caída del peso de la industria en el PIB europeo no es simplemente un problema de “agilidad administrativa”, sino el resultado de décadas de deslocalización, financiarización de la economía y búsqueda de mano de obra barata. Pretender que Navarra pueda competir con países de menores costes mediante trámites más rápidos es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una carrera hacia la precarización.
Se soslaya que la economía mundial se encuentra inmersa en una situación de altísima incertidumbre geopolítica que amenaza con provocar una crisis sistémica. El número de conflictos armados ha alcanzado niveles históricos (en estos momentos existen más de 130 activos). Como consecuencia del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán el pasado 28 de febrero, se ha producido un encarecimiento del petróleo, el gas y otros productos como los fertilizantes, además de alterarse las cadenas de suministro. Todo ello sitúa a la economía global en una situación de desorden e inestabilidad, en la que las medidas adoptadas para mantener las cuotas de beneficio tienden a reducir los costes laborales, erosionar los salarios y los servicios públicos, incrementar las desigualdades y empeorar la situación de los hogares con menores ingresos.
Pero quizá la carencia más significativa sea la ausencia total de una reflexión sobre la democracia económica. ¿Quién decide qué tipo de industria se implanta? ¿Qué mecanismos de participación tienen las clases trabajadoras y la ciudadanía en estas decisiones? ¿Qué papel juegan los intereses colectivos frente a los beneficios privados? El modelo descrito parece asumir que atraer inversión es un fin en sí mismo, sin abrir el debate sobre para quién y para qué se produce.
La política industrial no puede limitarse a ser un instrumento de captación de capital. Debe ser una herramienta para construir un modelo económico justo, sostenible y democrático. Esto implica ir más allá de la lógica de la “agilidad” y plantear cuestiones de fondo: diversificación productiva, soberanía económica, transición ecológica real y participación social en las decisiones estratégicas.
Navarra no necesita creer en potenciales infinitos ni competir en una carrera de facilidades para las grandes empresas. Necesita, más bien, definir colectivamente su futuro económico, con transparencia, debate público y criterios que prioricen el bienestar social sobre la rentabilidad inmediata. Porque, sin democracia económica, cualquier éxito industrial corre el riesgo de ser, en realidad, un espejismo.
El autor forma parte de NEETEN (Nafarroako Energia Eraldatzen / Transformando la Energía Navarra)
