El Primero de Mayo nunca ha sido una fecha simbólica. Nació de la lucha por la jornada de ocho horas y, más de un siglo después, sigue siendo exactamente lo mismo, una jornada de lucha, de reivindicación y un recordatorio de que ningún derecho laboral ha caído del cielo y de que ninguno está garantizado para siempre.

Cada 1º de mayo nos coloca a una pregunta incómoda pero inevitable: ¿Qué podemos hacer para defender y promover los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras ante las nuevas formas de precariedad?

La respuesta no es simple, pero sí es clara en su doble dirección.

Avances reales, fruto de la lucha

En los últimos años hemos logrado avances relevantes que conviene no olvidar ni trivializar. España ha superado los 22 millones de personas ocupadas, una cifra histórica que refleja dinamismo económico y creación de empleo. La reforma laboral pactada con UGT y CCOO ha reducido de forma significativa la temporalidad, que llegó a situarse en niveles cercanos al 25% y hoy se encuentra en torno al 15%, cambiando la vida de millones de trabajadores y trabajadoras.

Hemos conseguido que el Salario Mínimo Interprofesional se haya casi duplicado en diez años, pasando de los 655,20 euros mensuales por 14 pagas en 2016 a 1.221 euros en 14 pagas este año (¿recuerdan cuando reclamábamos que el SMI llegara a mil euros y a muchos les parecía imposible?). Por cierto, dónde estaban esos sindicatos que reclaman un salario mínimo diferente para Navarra mientras UGT y CCOO logramos, tras movilizaciones y pactos, prácticamente doblar el SMI.

También hemos reforzado el sistema público de pensiones, garantizando su revalorización conforme al IPC, blindando así el poder adquisitivo de millones de personas pensionistas en un contexto de inflación y presión económica.

Nada de esto ha sido casual. Nada de esto ha sido automático. Son conquistas derivadas de decisiones políticas, sí, pero también –y sobre todo– de la acción sindical, de la negociación colectiva y de la presión constante de la clase trabajadora organizada.

La realidad no permite autocomplacencia

Sin embargo, no es suficiente, y el progreso no es lineal ni irreversible. Y la realidad cotidiana de millones de personas lo demuestra.

Hoy, tener empleo no garantiza una vida digna. La precariedad ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad social, especialmente entre jóvenes y familias trabajadoras, con precios que han crecido muy por encima de los salarios en muchas ciudades. Tener un empleo ya no es garantía de estabilidad ni de bienestar si el alquiler se lleva la mitad del sueldo, si la inflación erosiona el poder adquisitivo y el ahorro o si el empleo a tiempo parcial involuntario sigue atrapando a cientos de miles de personas en ingresos insuficientes impidiendo construir un proyecto de vida digna. Por eso, este Primero de Mayo no es una conmemoración, es una herramienta de lucha, porque trabajar ya no siempre significa vivir con seguridad ni dignidad, y esa fractura es el núcleo del problema.

Salarios, tiempo y vida: el centro del conflicto social

Por eso, la reivindicación salarial sigue siendo central. No como un debate técnico, sino como una cuestión de vida o dignidad. El crecimiento económico no puede seguir desconectado de las condiciones reales de quienes lo generan. La negociación colectiva continúa siendo la herramienta más eficaz para trasladar la riqueza producida al salario y a las condiciones laborales. Donde hay sindicatos fuertes y organización, hay mejoras reales; donde no, hay retrocesos.

Pero el debate ya no es solo salarial. Es también un debate sobre el tiempo de vida. En una economía cada vez más productiva, con avances tecnológicos constantes, resulta razonable –y necesario– plantear una reducción de la jornada laboral que permita vivir mejor, conciliar, descansar y cuidar la salud física y mental. No es una utopía: es una cuestión de reparto del tiempo y de la riqueza generada colectivamente. Por eso vamos a seguir exigiendo 37,5 horas semanales ahora y las 32 horas en el futuro próximo, con la tecnología y la productividad al servicio de las personas.

Y junto a ello, el fin del abuso en las horas extraordinarias. Porque el control efectivo de las horas extraordinarias es una obligación pendiente. Porque las horas no pagadas o mal compensadas siguen siendo una forma silenciosa de explotación. Por eso, exigimos que se paguen un 25% más que las ordinarias, cumpliendo con la Carta Social Europea. Nuestro tiempo no es una mercancía y mucho menos barata.

Seguridad laboral: deuda intolerable

No es una consigna. Es una necesidad. Porque trabajar mejor también significa vivir mejor. Significa conciliar. Significa cuidar la salud.

Y hablar de salud nos obliga a detenernos en una realidad inaceptable. Cada año, cientos de personas pierden la vida en accidentes laborales en España. No son cifras abstractas: son vidas truncadas en el trabajo, como las 735 del pasado año.

Esto revela una verdad incómoda: la prevención sigue siendo insuficiente. La normativa existe, pero su cumplimiento no siempre está garantizado. Y sin inspección, sin recursos y sin voluntad empresarial real, la seguridad se convierte en papel mojado. No puede aceptarse como normal lo que es evitable, y por eso defendemos la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que los empresarios no han dado su apoyo.

Y frente a quienes atacan a los trabajadores hablando de “absentismo” para señalar a personas enfermas o embarazadas, UGT responde con más prevención y vigilancia de la salud. La salud del trabajador es sagrada.

Vivienda, servicios públicos y desigualdad: el mismo combate

El problema laboral no puede separarse del modelo social. Sin vivienda digna no hay libertad real. Sin servicios públicos fuertes no hay igualdad de oportunidades. Sin pensiones suficientes no hay seguridad vital. Todo forma parte del mismo contrato social, y ese contrato está bajo presión.

Además, España mantiene una presión fiscal inferior a la media europea. Esto limita la capacidad de inversión en sanidad, educación, dependencia o vivienda. Hablar de fiscalidad progresiva no es una cuestión ideológica abstracta: es decidir quién sostiene el Estado del bienestar y con qué nivel de justicia.

Un mundo en conflicto que también golpea el trabajo

No podemos ignorar el contexto internacional. Las guerras y la inestabilidad geopolítica las acaba pagando siempre la clase trabajadora y los más vulnerables. Por eso, desde el sindicalismo gritamos: Sí a la paz y no a la guerra. Conflictos armados, tensiones geopolíticas y crisis económicas globales no son fenómenos lejanos: impactan directamente en precios, empleo, en nuestras vidas. Las guerras empobrecen, generan inflación y destruyen empleo. Siempre. Sin olvidar lo más importante, matan y destruyen los proyectos de vida de familias, de trabajadores y trabajadoras, de niños, de mayores,…

Frente a la división, derechos

En paralelo, crecen discursos que buscan enfrentar a trabajadores entre sí, debilitar lo público o cuestionar derechos conquistados durante décadas. No es un fenómeno menor ni anecdótico.

Frente a ello, la respuesta no puede ser la resignación. Debe ser la organización, la solidaridad y la ampliación de derechos. Porque una sociedad dividida es siempre una sociedad más débil, también para quienes creen beneficiarse de esa división.

Por eso, el lema del 1º de Mayo de este año es Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia.

Frente a sus mentiras y su demagogia, respondemos con firmeza: no vamos a permitir que nos enfrenten por nuestro origen, por nuestro género o por nuestra condición. No vamos a permitir una sociedad de ciudadanos de primera y de segunda. No vamos a permitir ni un paso atrás en derechos. No vamos a permitir que se construyan sociedades basadas en la xenofobia, el racismo o la exclusión.

Y salimos a decir alto y claro que apoyamos la regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular, porque es un acto de justicia y realismo que otorga derechos y seguridad jurídica a personas que ya conviven y sostienen sectores clave de nuestra economía, que va a permitir que 10.000 trabajadores y trabajadoras migrantes en Navarra coticen y tributen con plenos derechos, garantizando así la sostenibilidad de un sistema productivo y un estado de bienestar que depende del relevo generacional que aporta la migración.

Salir a la calle sigue teniendo sentido

El Primero de Mayo no es un ritual. Es una herramienta. No se trata solo de recordar lo conseguido, sino de impedir que se pierda y de empujar para lograr lo que aún falta. Los derechos laborales, sociales y democráticos no se heredan: se defienden. Y esa sigue siendo la razón fundamental por la que el Primero de Mayo no pierde vigencia: porque la lucha por una vida mejor sigue abierta.

El autor es secretario general de UGT en Navarra