Los diez exdirectivos y exempleados de Osasuna que el próximo lunes debían sentarse en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra para enfrentarse a penas de hasta 17 años de prisión lo harán pero, en esta ocasión, para ratificar el acuerdo alcanzado por sus letrados con la Hacienda Foral y la Fiscalía navarra y que evitará que ninguno de ellos tenga que ingresar en prisión por este caso. Recibirán penas que oscilan entre los 16 y los 30 meses de prisión. A los que superen los dos años de cárcel (Archanco, Pascual, Purroy y Vizcay) se les aplicará un artículo del Código Penal que contempla la suspensión extraordinaria de la condena en caso de que no sean reos habituales para, de este modo, no ser encarcelados. Para la consecución de este pacto, que evita ocho jornadas de juicio y, desde luego, una sentencia que probablemente en términos condenatorios hubiera sido mucho más dura con los acusados, se les aplican también dos atenuantes que permiten que se les rebaje la condena en dos grados.

Así, las partes han pactado que se les reduzca la pena mediante la reparación del daño (es decir, todo el dinero que el club ha devuelto a Hacienda sirve para que los procesados se beneficien de esta circunstancia) y las dilaciones indebidas, por el tiempo que ha transcurrido en que se juzgue la causa y que juega también a favor de los acusados. Estos, a saber, Izco, Archanco, Juan Pascual, Juan Manuel Purroy, Ángel Vizcay, Txuma Peralta, Manolo Ganuza, y Sancho Bandrés, también recibirán multas proporcionales de en torno a un 25% de cada ejercicio fiscal defraudado. En el caso de que no puedan pagar por no encontrárseles bienes o resultar insolventes, se les sustiuirá por días de arresto.

Todos los procesados han dado ya la luz verde a la conformidad, que ratificarán el próximo lunes ante la Audiencia. En el mismo acuerdo, Osasuna tendrá que depositar 1,4 millones en concepto de multa, que habría que sumar a los 6,8 millones de euros que el club ya había pagado en su día por la indemnización que debía abonar al fisco. Esa es la cantidad defraudada en concepto de impagos por el IRPF de 2012 y el IVA no abonado a Hacienda entre 2010 y 2013 por el dinero que obtenía el club en concepto de taquillas, palcos y boxes durante la etapa de Patxi Izco y de Miguel Archanco en la entidad, hasta que este último presidente alcanzó un acuerdo en 2013 con el Gobierno de Navarra para regularizar la situación. Ya era entonces tarde, porque el delito contra la Hacienda Pública se había cometido.