pamplona - El concejal delegado de Seguridad Ciudadana Aritz Romeo confirmó ayer que el Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado los trámites para reclamar a la empresa Indra, vinculada a la trama Lezo que investiga la corrupción del PP en Madrid, la cantidad de dinero que se ha “constatado que debía haber cobrado el Consistorio” durante el contrato mantenido entre los años 2012-2015. En total, se le reclaman entorno a 165.107 euros por el servicio de mantenimiento y reparación de los semáforos de la ciudad: 12.000 “en concepto de facturas no justificadas” y el resto en mejoras comprometidas por la empresa que no se llevaron a cabo. Asimismo, se han iniciado los trámites para encargar una auditoría externa que investigue el contrato de instalaciones de regulación del tráfico desde su inicio hasta el final (2,5 millones bajo la gestión de UPN).

“Vamos a ser prudentes y actuar con rigor y responsabilidad, por esa razón vamos a pedir a la empresa la devolución de las cantidades. Y, paralelamente, por si hubiera otros hechos, en otro momento del contrato, queremos estudiar el tema a fondo a través de una auditoría que analice de forma pormenorizada todo el periodo”, abundó. Romeo aseguró también que como equipo de gobierno están dispuestos a “llegar hasta el final, llegar a todas las instancias para depurar todas las responsabilidades que pudieran darse y en todos los planos”, tanto técnicas como políticas, aseguró. Al insistir este periódico, el edil de EH Bildu aseguró que acudirán “a donde haga falta”, y a través de todas las “instancias” -si se detectaran posposibles irregularidades-, desde la Cámara de Comptos hasta la vía judicial vía Fiscalía. “Y esperamos que los miembros del anterior gobierno asuman sus responsabilidades si las hubiera”, abundó. Para Romeo, la denuncia presentada por un ciudadano anónimo en la que se apunta una posible estafa por un importe superior a los 430.000 euros tiene “visos de verosimilitud”, razón por la que se va a profundizar en la investigación sobre otros posibles incumplimientos del contrato.

posibles sanciones La resolución firmada el pasado 25 de mayo inicia el expediente de reclamación contra la empresa la cual tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones. El Consistorio elaborará un informe final y elevará una resolución administrativa definitiva, que a su vez podría ser recurrida por la empresa.

En relación a la imposición de posibles sanciones se remite al informe jurídico elaborado por el letrado. Dicho informe avala la reclamación de cantidades, tanto por las mejoras no efectuadas (152.308,63 euros), “cantidad que debería haber sido descontada de la factura de mantenimiento mensual y que al no haberse hecho ha producido un enriquecimiento injusto de la adjudicataria”, como la no justificación de facturas por valor de 12.799,10 euros, hechos que suponen “un evidente incumplimiento del contrato por parte de Indra Sistemas SA”. El letrado no ve “procedente” sin embargo la incoación de un procedimiento sancionador ante una posible infracción muy grave en relación a las obras no ejecutadas. Alude para ello a otro informe técnico del área donde se argumenta que fue el propio Ayuntamiento quien “por su falta de propuestas o por no considerarlas necesarias, instó a la no ejecución, motivo por el cual no podría atribuirse responsabilidad a la adjudicataria”. “En cualquier caso, si no se compartiera esta argumentación, poner de manifiesto que al tratarse de una infracción muy grave, la misma no habría prescrito al no haber transcurrido el plazo general de tres años aplicable a las infracciones muy graves”, subraya.

En relación a las facturas de Indra no confrontadas y pagadas se podría incurrir en una infracción grave si bien en este caso, expone el letrado, “podrían haber prescrito algunas de ellas”. En caso de calificarse como “muy graves” el plazo de prescripción sería más amplio sin que tampoco “se pueda concretar la existencia o no de prescripción”.

818.000 euros. El Ayuntamiento destina en 2017 818.000 euros a la conservación, reparación y montaje de las instalaciones de regulación del tráfico de la ciudad que incluyen elementos como semáforos, cámaras de vigilancia, radares, señalización de aparcamientos y pilonas retroaccesibles. La actual adjudicataria es Kapsch Trafficcom Arce Sistemas SA. Existen 180 cruces regulados con sus correspondientes semáforos, elementos que suman más de 1.100.