El Ayuntamiento de Pamplona podrá crear comisiones de investigación sobre asuntos de alcance municipal, lo que hasta ahora no era posible y que gracias a una iniciativa de la mayoría progresista será una realidad.
Después de varios meses de retraso, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la modificación del Plan Normativo para 2022, que incluirá el procedimiento para la creación de la comisión de investigación.
El proceso ha sido largo y complejo, con un equipo de Gobierno que lejos de facilitar la tramitación del expediente ha puesto todo tipo de trabas para cambiar el reglamento, ya que el actual no contempla la figura de la comisión de investigación.
Con el expediente bloqueado, los grupos de la oposición solicitaron un informe al Secretario del Pleno –lo mismo que hizo a continuación el alcalde Maya– cuyas conclusiones no dejaban margen a la interpretación sobre el procedimiento a seguir.
Aunque el informe del Secretario dejó al alcalde sin margen de maniobra, el elemento decisivo que ha llevado a Navarra Suma a desbloquear el expediente ha sido el escrito firmado la semana pasada por EH Bildu, PSN y Geroa Bai pidiendo la depuración de responsabilidades y la apertura de un expediente disciplinario a quien está impidiendo el cambio del reglamento.
El origen: un informe del jefe de los servicios jurídicos
El interés en poner en marcha una comisión de investigación tiene su origen en una denuncia de EH Bildu sobre el responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, cargo de designación directa.
Según un peritaje que se dio a conocer a finales de abril, el citado empleado utilizó más de 30 horas desde su ordenador oficial del Ayuntamiento y en horario laboral para los informes que Navarra Suma presentó en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en contra de la planta de residuos proyectada en Imárcoain.
El procedimiento que permitirá investigar si Navarra Suma utilizó bienes municipales en su beneficio aún tiene que pasar varios trámites. Se prevé que la aprobación inicial se lleve a cabo en el Pleno de noviembre o diciembre, y la definitiva, en marzo o abril.
Formato de las comisiones especiales
Las comisiones especiales que se creen en el Ayuntamiento podrán investigar cualquier asunto que se entienda merece la especial atención municipal, extinguiéndose una vez terminada la investigación.
Estará compuesta por el mismo número de representantes políticos que tienen las comisiones informativas ordinarias, nominados por cada grupo. La presidencia y vicepresidencia recaerá en personas pertenecientes a cualquiera de los grupos de la oposición para garantizar su imparcialidad.
Se podrá instar a que comparezca cualquier persona que pueda tener relación con el asunto que se esté investigando o cuyo testimonio se estime conveniente.
Las peticiones de comparecencia, incluso para personas ajenas a la institución, se entenderán aceptadas “siempre que cuenten con el respaldo mayoritario de la Comisión”, por lo que “la presidencia estará obligada a convocarlas”.
También se podrá recabar documentación y los informes que convengan a su fin específico, así como requerir a otras Administraciones Públicas para que colaboren.
Las sesiones de esta comisión serán “públicas con acceso a la ciudadanía y a los medios de comunicación” y “la primera convocatoria” se realizará “en un plazo no superior a los diez días desde la aprobación de este acuerdo, sin que en ningún caso pueda coincidir el mismo día con otras Comisiones Informativas o sesiones de Pleno”.
La obtención de antecedentes y documentos necesarios para esclarecer los hechos será otra prerrogativa de los miembros de estas comisiones respecto a los trabajadores de la administración municipal.
Al final de estos trabajos se encargará un informe que se aprobará por mayoría y al que se adjuntarán los votos particulares que se hayan hecho sobre las conclusiones.
Navarra Suma incluye más modificaciones
Según una nota del Ayuntamiento emitida en la tarde de este lunes, además de la creación de la comisión de investigación el expediente introduce modificaciones al Reglamento Orgánico del Pleno para prever la aplicación de un código de conducta para concejales, concejalas y personal de apoyo a las tareas administrativas de los grupos (asesores o asesoras), en cumplimiento de los principios de buen gobierno.
Se pretende regular el régimen del personal de apoyo a las tareas administrativas de los grupos para determinar el volumen y condiciones de este tipo de personal.
Por último, se incluirán también referencias para la adaptación del Reglamento Orgánico de Pleno a la administración electrónica para la presentación de documentación, solicitudes y otros aspectos.
