El Gobierno municipal de UPN y PP dejó abandonadas 400.000 mascarillas en un almacén de Pamplona que finalmente han acabado caducando. El material de protección forma parte de un lote donado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Salud, que fue llevado a un depósito municipal donde ahora ha aparecido con la fecha de uso recomendado superada.
Así consta en la documentación que ha recabado el Ayuntamiento de Pamplona, que ha realizado un inventario del material sanitario almacenado. La sorpresa ha venido cuando en un primer análisis sobre el stock sobrante de mascarillas se han descubierto cientos de cajas con decenas de miles de mascarillas sin usar en un almacén del barrio de la Rochapea.
En base a un primer análisis, se trata de una de las remesas que de forma recurrente hizo el Gobierno de España a comunidades autónomas y ayuntamientos durante la pandemia para garantizar material sanitario y de protección. Son mascarillas quirúrgicas agrupadas en una decena de palets que ni siquiera se han llegado a desembalar.
Según señalan fuentes del Ayuntamiento, habrían llegado a Pamplona en mayo de 2022, cuando la mascarilla había empezado a dejarse de usar en espacios públicos cerrados, salvo donde hubiera personas vulnerables. No obstante, seguía siendo obligatorio su uso en centros sanitarios (hospitales, centros de salud, centros de transfusión de sangre o farmacias), centros sociosanitarios y en todos los medios de transporte sin excepción (transporte aéreo, por ferrocarril y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros). Además, las autoridades sanitarias seguían recomendado la protección a la población vulnerable, como los mayores de 60 años, las personas inmunodeprimidas, con enfermedades de riesgo o las mujeres embarazadas.
Sin embargo, el Ayuntamiento, entonces bajo la vara de mando de Enrique Maya no les llegó a dar salida, con lo que finalmente acabaron caducando hace aproximadamente un año, en abril de 2023. El equipo de gobierno en aquel momento estaba formado íntegramente por concejales de Navarra Suma, la coalición electoral de UPN, PP y Ciudadanos, ya disuelta.
En un almacén
Desde entonces, las mascarillas han permanecido en el depósito municipal, y no está claro qué se puede hacer ahora. Descatalogadas para su uso, las opciones pasan por deshacerse de ellas o buscar algún tipo de reciclaje del material, lo que podría tener un coste económico.
En todo caso, y más allá del almacenaje y su posible destrucción, las mascarillas no han tenido un coste para el Ayuntamiento, ya que llegaron cedidas directamente por el Gobierno central. Aunque sí ha supuesto una pérdida de material sanitario que se podría haber aprovechado durante el año en el que las mascarillas todavía eran requeridas en determinados espacios públicos.
Se da la circunstancia además de que el periodo en el que las mascarillas han estado almacenadas, con vigencia sanitaria primero y caducadas después, UPN ha hecho una crítica feroz al Gobierno de Navarra por su gestión de las mascarillas compradas por la empresa pública Sodena, la CEN y la empresa Albyn al inicio de la pandemia, y que tras mucha polémica acabaron donadas a una ONG venezolana para su reparto antes de su fecha de caducidad. Uno de los argumentos de su reproche era precisamente que los cubrebocas siguieran en un almacén.
Entre las voces más críticas en todo ese proceso ha destacado precisamente la de Cristina Ibarrola, entonces portavoz de Navarra Suma en Salud y posteriormente alcaldesa de Pamplona hasta la moción de censura del pasado 28 de diciembre. Bajo su mandato, ya caducadas, tampoco se les dio salida.
UPN ha tratado de recuperar ahora todo aquel proceso para incorporarlo a la investigación parlamentaria que el PP quiere abrir en el Senado en medio del ruido mediático que ha generado el ‘caso Koldo’.
