El Ayuntamiento de Pamplona celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario para debatir el proyecto de la ordenanza Aukera, una normativa destinada a regular el acceso a las viviendas municipales de la ciudad. Según ha informado el propio Consistorio en un comunicado, esta ordenanza busca actualizar los criterios de acceso a un parque público que supera actualmente las 600 viviendas de titularidad municipal.
El texto plantea una reorganización integral del sistema de adjudicación y uso de estos inmuebles, adaptándolo a las necesidades actuales de la población. En concreto, la ordenanza contempla seis modalidades diferentes de alojamiento. Entre ellas se incluyen las viviendas de emergencia habitacional por motivos económicos, las destinadas a procesos de estabilización y las de transición, así como aquellas pensadas para situaciones de emergencia derivadas de catástrofes o siniestros.
También se recogen viviendas gestionadas mediante convenios con entidades sin ánimo de lucro por interés municipal. Además, a estas tipologías se suman, también, las viviendas que cuentan con contratos de alquiler anteriores a la publicación de la Ordenanza de Vivienda de 2016, que seguirán formando parte del sistema municipal bajo las condiciones vigentes.
La principal novedad del proyecto es la introducción de un itinerario personalizado acompañado de apoyo profesional. Este mecanismo tiene como objetivo facilitar que las personas y familias beneficiarias puedan incorporarse al mercado inmobiliario normalizado en el menor tiempo posible. En este sentido, las viviendas municipales no están concebidas como una solución permanente, sino como un recurso temporal orientado a la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad.
De este modo, la ordenanza se articula en torno a tres pilares fundamentales: la tipología de la vivienda asignada, las condiciones específicas de la persona o familia solicitante y el nivel de renta de los beneficiarios. Estos criterios determinarán tanto el acceso como las condiciones de permanencia en las viviendas.
Si el pleno aprueba inicialmente el proyecto, el texto será sometido a exposición pública. Durante este periodo se abrirá un proceso de alegaciones en el que podrá participar el conjunto de la ciudadanía. Posteriormente, la ordenanza regresará al pleno municipal para su aprobación definitiva.
En la actualidad, el parque de viviendas municipales asciende a 613 inmuebles. De ellos, 215 están destinados específicamente a situaciones de emergencia habitacional. A esta cifra se irán incorporando nuevas viviendas a medida que se rehabiliten o se transfieran desde otros tipos de contratos existentes. Todos estos inmuebles comparten su carácter público y transitorio.
La nueva ordenanza también establece límites en los plazos de estancia y en los precios de los alquileres. Así, las personas o familias adjudicatarias podrán residir en estas viviendas durante un periodo máximo de seis años. Durante ese tiempo, recibirán asesoramiento y acompañamiento profesional con el fin de favorecer su inclusión social y mejorar su capacitación para acceder al mercado inmobiliario convencional.
En cuanto a los precios, los alquileres no superarán los valores establecidos para la vivienda social por el Gobierno de Navarra. No obstante, la normativa prevé la aplicación de exenciones en función del nivel de renta de los beneficiarios, que podrán oscilar entre el 25% y el 100% del importe del alquiler. De este modo, el sistema busca garantizar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan, ajustando las condiciones económicas a su situación real.
