Ruz procesa a 45 imputados por el 'caso Gürtel', 22 del PP

pamplona - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido enviar a juicio la “primera época” del caso Gürtel, la que va de 1999 a 2005, poniendo así fin a una parte de la instrucción que se inició hace cinco años y cinco meses y que sentará en el banquillo a 45 del centenar de imputados en esta trama de corrupción en el entorno del PP, Con el cierre de esta pieza separada, que no es la causa principal, Ruz acaba la investigación de los seis primeros años de actuación de la trama, dirigida por Francisco Correa, y sentará en el banquillo a 22 miembros del PP, entre ellos, los extesoreros Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta; a los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda o al exdiputado Jesús Merino.

El magistrado adopta esta decisión en un auto en el que despieza la causa para el eventual juicio de estos 45 imputados por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Entre los imputados a los que afecta este auto hay 22 políticos del PP y familiares, empresarios y miembros de la trama en distinto grado de implicación.

Además de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros dos extesoreros del PP Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, se encuentran los exalcaldes del PP de Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el exconsejero y parlamentario autonómico de Madrid Alberto López Viejo, el exdiputado Jesús Merino, el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote y el exedil de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas. Asimismo, otros presuntos miembros de la trama, como su líder, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Iván Yáñez, Luis de Miguel y Jacobo Gordon.

dinero para la calle génova En el auto el juez afirma que el PP pudo beneficiarse de “al menos” 236.864 euros procedentes de comisiones de la trama que cobraron los exalcaldes Ortega y Sepúlveda. Por las actividades en Majadahonda el Partido Popular habría obtenido 125.000 euros, mientras que en el caso de Pozuelo la suma se sitúa en 111.864 euros, según la investigación judicial. En el caso de Ortega, el juez detectó una cuenta llamada Gabinete Majadahonda que fue utilizada con carácter general para sufragar actos del PP y del Ayuntamiento de Majadahonda.

Por este motivo, el juez señala en el auto que da traslado de las actuaciones al PP “como posible partícipe a título lucrativo por cuanto de los hechos relatados se infiere indiciariamente que podría haberse beneficiado en parte de la actuación atribuida a Jesús Sepúlveda y a, entre otros, Guillermo Ortega”.

El juez abre pieza separada para el eventual enjuiciamiento de 45 imputados, de los cuales 21 se sentarían una sola vez en el banquillo por los hechos de la pieza que ahora se desglosa. Las otras 24 personas siguen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.

Los hechos investigados en esta pieza que se dan por concluidos alcanzan los primeros seis años de la trama, aunque el juez señala que actuaron durante una década, y a operaciones en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Estepona (Málaga).

El magistrado relata toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas y pagos de comisiones y a proveedores a través de un sistema de facturación falsa.

facturas falsas Añade que a través de sociedades creadas a lo largo de estos años se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y la Hacienda esos beneficios ilícitos.

Esta nueva pieza lleva el nombre “primera época, 1999-2005” y refleja una serie de operaciones investigadas a la trama organizada en torno a Francisco Correa en esos años y determinados hechos que se extienden a años posteriores.

El juez ha investigado además a través de 183 comisiones rogatorias todo un entramado de sociedades y cuentas ubicadas en el extranjero para conseguir la expatriación de los fondos ilícitos acumulados.

Explica que hasta ahora lo más procedente era mantener la instrucción en único procedimiento pero indica que ahora corresponde desglosar la causa para impulsar la investigación hacia el enjuiciamiento. Ello después del recorrido que ha seguido la investigación durante estos años ante varios instructores, todos los informes periciales aportados, las comisiones rogatorias a 21 países y habiéndose resuelto los incidentes de nulidad planteados por las defensas.

Para el juez resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, “posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa”.

Ruz se apoya en doctrina fijada por el Tribunal Supremo en materia de delitos económicos para “escindir determinados hechos en una pieza separada” y evitar así efectos perniciosos como dilaciones indebidas o convertir la causa en un “macrojuicio inabarcable”. El auto del juez deja entrever que piezas posteriores se centrarán en los ayuntamientos madrileños de Boadilla, Arganda y Alcalá, así como en aquilatar algunos delitos fiscales y de la estructura completa del blanqueo de capitales.