barcelona - Desde ayer toda la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley está imputada en alguno de los cuatro procedimientos judiciales que la Audiencia Nacional y dos juzgados de Barcelona siguen contra el antiguo jefe del Gobierno catalán, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos. Una macrooperación llevada a cabo por 200 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, implicó ayer una quincena de registros, entre otros en los domicilios y oficinas de los empresarios Carles Sumarroca, -miembro de una de las familias fundadoras de CDC-, Carles Vilarrubí y Jaume Ferrer, estos dos últimos exdirectivos del Barça. La Audiencia Nacional ordenó el registro tras imputar Josep y Pere Pujol, en cuyo domicilio se encontraron ayer 100.000 euros, por cooperar en el presunto blanqueo de capitales dirigido por el primogénito. La operación obedece tanto a la millonaria fortuna de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra, como a las supuestas comisiones, casi 20 millones, recibidas por empresas contratistas con el Ejecutivo catalán a cambio de “informes verbales”.

Los nuevos registros e imputaciones se enmarcan en la nueva línea de investigación que ha abierto el juez De la Mata, que desde 2014 investiga al primogénito por movimientos millonarios de divisas, en base a los resultados de la comisión rogatoria que ha recibido de Andorra, documentos que están siendo investigados por la UDEF bajo secreto de sumario. En base a los resultados de la comisión rogatoria remitida por Andorra, la Fiscalía Anticorrupción cree que la fortuna de la familia Pujol se enmarca en una serie de negocios que durante décadas ha dirigido y controlado Jordi Pujol Ferrusola, para blanquear dinero obtenido de forma ilícita. Por ese motivo, ha pedido a la juez de Barcelona que investiga la fortuna oculta por los Pujol que inhiba a favor de De la Mata para que esa investigación se aúne con la del primogénito, que la Audiencia Nacional abrió a raíz de la denuncia de su exnovia Victoria Álvarez, quien declaró que el primogénito viajaba a Andorra con “mochilas repletas de billetes de 500 euros.

Numerosas han sido las ocasiones en las que los periodistas habían perseguido al expresidente catalán Jordi Pujol hasta su casa, mientras la justicia estrechaba paulatinamente el cerco a su familia, pero nunca había traspasado hasta ayer las puertas de su domicilio. A primera hora de la mañana, agentes de la Unidad de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron la vivienda del expresident de la Generalitat, accediendo por primera vez al hogar de una familia que ha sido símbolo del poder político durante décadas en Catalunya.

“¿Qué coño es la udef?” Si Pujol se preguntaba en 2013 “qué coño” era la UDEF al ser preguntado en televisión sobre posibles cuentas en Suiza, ayer pudo presenciar en vivo cómo agentes de esta unidad policial revolvían las entrañas de ese rincón sagrado para cualquier clan familiar: la casa de los padres, el lugar donde crecieron los hijos.

La habitación que usa uno de esos hijos, Jordi, fue precisamente el epicentro de una operación con una quincena de registros -también en las viviendas de Josep, Pere y Jordi Pujol Ferrusola- y que movilizó a 200 agentes de la UDEF. El primogénito de la familia se hallaba precisamente en la casa de sus padres, al estar convaleciente de una operación quirúrgica.

Si el pasado 21 de octubre la Guardia Civil registró la sede de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en el marco de la trama del 3%, ahora toca en casa de varios hijos del fundador del partido, y la operación la desarrolla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la élite policial en investigaciones sobre corrupción. En cualquier caso, uno de los dos fiscales anticorrupción que ayer entraron en la vivienda, Fernando Bermejo, dirige junto a José Grinda la operación Petrum, sobre la financiación de CDC. - Efe/E.P.