madrid - El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, contrató por 32,4 millones de euros con empresas incluidas en la trama Púnica, según se desprende de un informe firmado por el subdirector general de la Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas. Son siete las empresas de la trama que firmaron contratos con el Ayuntamiento: Waiter Music (10 contratos), Grupo Dico y Construcciones (5 contratos), Cofely España (25), Elyo Ibérica Servicios Energéticos (4), la UTE Cofely-Velasco (2), Obrum (1) y Super Cash de Alimentación. Las empresas contrataron con las áreas de Las Artes, Medio Ambiente, Obras y Economía. También con las juntas de Centro, Ciudad Lineal, Villaverde, Barajas, con la Empresa Municipal de Transporte (EMT), Ifema, MACSA, MADRIDEC y Madrid Emprende.
El contrato de mayor cuantía de todos los considerados en este informe es el establecido entre Ifema y la empresa OBRUM para la construcción de un aparcamiento en la ampliación II del Recinto Ferial Juan Carlos I, con un importe de adjudicación de 11,4 millones de euros. OBRUM presentó la tercera mejor oferta económica, “a pesar de no presentar un historial de obras homologables a la que se pretendía realizar”, destaca el informe. De la ejecución del proyecto resultaron una serie de modificaciones y ampliaciones de la obra que derivaron en desavenencias entre la institución ferial y la empresa adjudicataria, que quedaron resueltas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante el pago, por parte del IFEMA de 2,9 millones de euros en concepto de modificaciones.
También se remarca por su importe los contratos de Waiter Music con el distrito de Villaverde para la instalación de una pista de hielo artificial en los ejercicios 2005 y 2006, con importes cercanos a los 150.000 euros cada uno. Igualmente destaca las adjudicaciones realizadas por el distrito de Centro a esta empresa para organizar las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma en 2013 y 2014 a través de un procedimiento negociado sin publicidad, en el primer caso, y un procedimiento abierto en el segundo.
mandato El informe es el resultado de un mandato plenario del pasado octubre, a iniciativa del PSOE. La proposición instaba a realizar una investigación interna en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, empresas municipales, fundaciones y consorcios. Tras analizar cada contrato para comprobar si hubieran podido producirse hechos ilícitos, se adoptarían medidas de colaboración con la Justicia.
La portavoz del Gobierno, Rita Maestre, declaró que están evaluando las medidas a tomar. “No descartamos ninguna, como ponerlo en conocimiento del juez si en estos contratos se aprecia algún tipo de irregularidad que debe ser conocida por el poder judicial”, dijo. - E.P.
