Madrid - Al PP se le pone más difícil la negociación de la investidura. En plena negociación, la juez ha dictado un auto en el que manda al banquillo al PP por borrar los ordenadores de Luis Bárcenas. La titular de Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid procesa al partido por la presunta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por la supuesta destrucción de los discos duros usados por el extesorero en la sede nacional de Génova. Se trata de la primera vez que una formación política es procesada.
El juez declara concluida la instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, mediante el cual también propone juzgar a la tesorera y gerente, Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director de sistema de información del partido, José Manuel Moreno. A todos les imputa los mismos delitos que al PP.
Con esta decisión la juez da el primer paso para sentar al PP en el banquillo, tras desestimar la petición de archivo que planteó la Fiscalía y el Partido Popular. El Juzgado dará ahora traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que en diez días soliciten el sobreseimiento o la apertura del juicio oral. Esta resolución puede ser recurrida ante el propio juzgado en caso de que sea de reforma y ante la Audiencia Provincial de Madrid si es de apelación.
Dice la jueza Rosa María Freire que existen indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos “por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito” ya que en la actualidad “no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede”. Pese a que tanto el PP como sus tres responsables investigados afirmaron ante el juez que el borrado se hizo según el protocolo de la formación política, la magistrada afirma que “no existe un protocolo interno de seguridad”.
Añade que Durán es responsable por “haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese”, que Moreno también lo es por “haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello”, y que “Navarro conocía sobradamente las circunstancias”.
datos Respecto al delito de encubrimiento, la juez dice que viene determinado por el conocimiento de todos los implicados sobre la investigación por financiación ilegal del PP que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 5 del Audiencia Nacional.
Y también, destaca el auto, “por la determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas guardaba en los ordenadores portátiles usados por él a lo largo de los años de su desempeño como tal pudiesen acceder a la investigación, acordando su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer (...) lo que se almacenaba en su interior”.
Sobre las dudas del PP y de la Fiscalía respecto al testimonio de Bárcenas, la juez manifiesta “no apreciar contradicciones palmarias” con relevancia para impedir la continuación del procedimiento. Es más, afirma que su relato en sede judicial se apreció “coherente, firme y meticuloso”; y que el ejercicio de memoria en su segunda declaración sobre la información que contenían los discos duros “aparece justificada por el tiempo transcurrido y la necesidad de localizar un soporte en papel en el que decía tenía una relación pormenarizada de sus archivos informáticos (...) y que sorprendentemente para él no pudo localizar”.
La causa se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, que acordó el archivo provisional, lo que fue recurrido por las acusaciones. La causa se extravió durante más de un año en la Audiencia Provincial de Madrid después de que la primera juez que lo instruyó, Maria Esperanza Collazos, le diera carpetazo sin practicar ni una sola prueba. Su sucesora retomó la investigación el pasado enero. - D.N.
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Borrados. “La información fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, la sobrescritura” hasta un total de “35 veces y el rallado hasta su destrucción física”, destaca la juez
Cese. Las computadoras se hallaban bajo llave en una sala que el PP había dispuesto para Bárcenas -así como una secretaria, un chófer y un sueldo de 21.300 euros al mes- después de que este dimitiera como tesorero y senador tras ser imputado en el caso Gürtel.
