- PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que componen el Gobierno de Sánchez, rechazaron este martes comprometerse a no recurrir ante el Constitucional leyes forales y defendieron la vieja tesis de que España es un país descentralizado, pero en el que el Estado sigue teniendo la última palabra frente a las comunidades autónomas y la obligación “política y moral” de acudir al alto tribunal en el caso de observar un conflicto.
EH Bildu les había propuesto firmar una moción conjunta en la que básicamente se pedía respeto a las leyes emanadas de los parlamentos de Navarra y la CAV, y en la que se adquiría el compromiso de no recurrir ante el Constitucional. Pero discrepancias en la redacción del texto y el alcance de algunas afirmaciones provocaron que la negociación terminara sin acuerdo y que en el debate se viera la cara más estatalista de quienes se proclaman como fuerzas federalistas.
La moción de EH Bildu era bien sencilla. Constaba de cuatro puntos en los que el grupo liderado por Mertxe Aizpurua pedía, básicamente, que los grupos de Gobierno acordaran por escrito lo que últimamente ha predicado el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que en las últimas semanas, al calor de los traspasos de prisiones a la CAV y la sanidad penitenciaria a Navarra, se había comprometido a desarrollar los estatutos al completo y a respetar las leyes autonómicas.
Sin embargo, ni PSOE ni Unidas Podemos se atrevieron a pactarlo por escrito, ni siquiera en una moción no vinculante. Primero, PSOE y Unidas Podemos ofrecieron a EH Bildu una enmienda transicional que suavizaba mucho los términos y, sobre todo, no descartaba el recurso constitucional. EH Bildu no aceptó y el acuerdo se frustró.
Se vio en el debate. Aizpurua puso como ejemplo el último acuerdo para evitar un recurso: el alcanzado entre Navarra y el Estado al hilo de un estudio sobre pensiones en en la Comunidad Foral. “En lugar de recurrirlo por ver injerencias competenciales, lo que tendría que hacer el Estado es extenderlo al resto, no denunciarlo”, consideró Aizpurua.
Pero las portavoces de PSOE y Unidas Podemos prefirieron defender a las altas instituciones del Estado en caso de discrepancia. María Guijarro, del PSOE, negó la mayor a Aizpurua y recordó que fue Rajoy el que acudió sistemáticamente a la justicia, y no Sánchez, que ha priorizado la negociación. Es cierto, pero aun así la portavoz socialista dijo que el recurso al Constitucional es “una obligación política y moral” en caso de que haya conflicto.
Pilar Garrido, de Unidas Podemos, dio una serie de rodeos argumentales para terminar defendiendo el recurso al Constitucional, postura que decepcionó a EH Bildu.
Por tanto, los compromisos de desarrollo federal y respeto autonómico seguirán siendo declaraciones, y no acuerdos por escrito.
