- Unidas Podemos presentó ayer en el Congreso una propuesta de declaración institucional para manifestar la "absoluta reprobación" de las expresiones "homófobas, racistas y antidemocráticas" proferidas en el transcurso de la manifestación "neonazi" que tuvo lugar el pasado sábado en el madrileño barrio de Chueca. La unanimidad es requisito indispensable para que el texto salga adelante, y es que no será leído en el hemiciclo si no cuenta con el respaldo de Vox. Precisamente, los de Santiago Abascal solicitan en su propia moción el "cese de la instrumentalización del discurso de odio" que, a su juicio, se hace contra la formación, y buscan que la Cámara baja condene la "violencia política" que, asegura sufren sus militantes. Aún así, no descartan respaldar la declaración de Podemos si va dirigida a condenar esos "insultos intolerables". "No somos sectáreos", apuntó su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros quien advirtió de que, si la formación morada pretende con su iniciativa seguir arrojando "veleidades" contra el partido de ultraderecha, "no lo haremos".
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, cree "indispensable" que prospere dado que este tipo de manifestación son el "caldo de cultivo", con consignas de odio para el colectivo LGTBI y personas racionalizadas, de posibles agresiones físicas: "El Congreso debe dar ejemplo". Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendió la actuación tanto de la Delegación del Gobierno en Madrid como la policial. "La Delegación actúa conforme a los protocolos, el derecho a manifestación está muy protegido, muy blindado, y se siguen siempre los mismos cauces, no se autorizan las manifestaciones sino que estas se comunican", aseguró Rodríguez.
Al hilo de las críticas recibidas, con peticiones de dimisión incluidas, la delegada del Gobierno, Mercedes González, reseñó que los agentes policiales nunca se plantearon disolver la "vomitiva" manifestación porque "transcurrió sin incidentes" y, de haberlo hecho, hubiera provocado cargas contra niños y mayores, una "batalla campal". Para justificar que la existencia de esa marcha, la delegada consideró que "en este país se puede manifestar gente que consideramos desde otros sectores que sus opiniones son muy reprobables. Hay CCAA donde terroristas piden manifestaciones y se aceptan".
Delegación del Gobierno anunció que se impondrá la máxima sanción que permite la ley, 600 euros, a cada uno de los dos organizadores; y de 800 euros a cada una de las seis personas halladas con bengalas y otros objetos peligrosos.
Sin distinguir entre personas. La Conferencia Episcopal española denunció ayer la marcha del pasado sábado en el barrio madrileño de Chueca y advirtió sobre los "discursos fragmentados" acerca de las personas migrantes. El obispo responsable de Migraciones, José Cobo, censuró la "indiferencia" que existe en parte de la sociedad sobre el fenómeno migratorio y apeló a mirar la migración no desde la ideología, los intereses económicos o "relatos fragmentados". "Debemos dejar de hablar de ellos y de nosotros y buscar la dignidad que nos une", subrayó, recordando que no existen personas de primera y de segunda. El director del departamento de Migraciones, Xabier Gómez, apostó por "repensar" un estilo de vida más inclusivo y que no genere descarte.
