Los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer el mandato para negociar el convenio que la Comisión Europea y el Reino Unido deben pactar sobre Gibraltar a consecuencia del brexit, según confirmaron a Efe fuentes comunitarias. Tras el visto bueno de los diplomáticos, los ministros de la UE también deberán dar luz verde al mandato en una de sus próximas reuniones, en un trámite meramente formal. Sin embargo, las negociaciones sobre la situación en la que quedará el Peñón tras el brexit entre la Comisión Europea y el Reino Unido solo podrán comenzar una vez que los ministros hayan aprobado de manera formal el texto.

Las fuentes comunitarias indicaron que serán los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete quienes den el visto bueno definitivo en la reunión que celebrarán el próximo martes en Luxemburgo.

El pasado 31 de diciembre, España y el Reino Unido lograron un principio de acuerdo, pero está pendiente del tratado que puedan alcanzar la Comisión Europea y el Gobierno británico sobre la situación en que quedará Gibraltar, en cuestiones como el tránsito fronterizo. Por ese motivo, en julio pasado, el Ejecutivo comunitario ya presentó su propuesta de directrices para la negociación.

El documento de la CE planteaba soluciones para eliminar las comprobaciones y controles físicos de personas y mercancías en la frontera terrestre entre España y Gibraltar, y garantizaba a la vez la integridad del espacio Schengen y del mercado único. Las propuestas incluían normas que establecían la responsabilidad en materia de asilo, retornos, visados, permisos de residencia, cooperación policial operativa e intercambio de información.

Se contemplaban medidas en otros ámbitos, como el transporte terrestre y aéreo, los derechos de los trabajadores transfronterizos, el medio ambiente, el apoyo financiero y el establecimiento de unas condiciones de competencia equitativas.

Igualmente, preveían un mecanismo de gobernanza que incluía una revisión de la aplicación del acuerdo al cabo de cuatro años, la posibilidad de que ambas partes rescindieran el acuerdo en cualquier momento y la opción de suspender unilateralmente la aplicación del acuerdo en determinadas circunstancias.

Tras la publicación de la propuesta de Bruselas en verano, el Reino Unido consideró que ese documento “socava la soberanía británica del Peñón” y “entra en conflicto con el acuerdo marco alcanzado con España” en Nochevieja.

Gibraltar también manifestó su oposición porque entendía que el proyecto de mandato dejaba el control de sus fronteras en puerto y aeropuerto en manos de España, y no de agentes europeos de Frontex, como se determinó el pasado 31 de diciembre.

En efecto, el mandato que propuso la Comisión señalaba que el control y la vigilancia de las fronteras exteriores se realizarían en el puerto, el aeropuerto y las aguas de Gibraltar “y correrían a cargo de España”.

El proyecto del Ejecutivo comunitario no mencionaba a Frontex, pero el comunicado que Bruselas divulgó cuando publicó en julio su propuesta de mandato sí precisaba que en circunstancias en las que sea necesario un mayor apoyo técnico y operativo, cualquier Estado miembro, incluida España, podrá solicitar la asistencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Las fuentes comunitarias aseguraron que durante las discusiones técnicas en el Consejo, que reúne a los países, se han introducido “una serie de cambios” en el texto, si bien no especificaron cuáles son.

Ciudadanos de la UE. La mayoría de ciudadanos de países de la Unión Europea (UE) solo podrán viajar al Reino Unido con pasaporte desde ayer, cuando el Gobierno británico dejó de admitir los carnés de identidad nacionales como documento de viaje. Este cambio significa que las personas procedentes de la UE así como del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza recibirán el mismo trato en la frontera que los viajeros del resto del mundo, que ya deben presentar un pasaporte válido.