ERC quiere aprovechar que se va a tocar el Código Penal -para cambiar la sedición por un delito agravado de desórdenes públicos- para introducir también cambios en lo que a la malversación respecta, delito que también se aplicó a los dirigentes independentistas condenados por el Supremo en 2019 y que acarrea, entre otras cuestiones, que a día de hoy Oriol Junqueras siga inhabilitado.
El razonamiento de los republicanos es que acompasar la supresión de la sedición con una rebaja de la malversación allanaría y facilitaría el camino a los procesados por el 1-O que han sido condenados y también a los pendientes de juzgar, que evitarían casi con total seguridad pisar la cárcel. También quitaría piedras en el camino a los independentistas exiliados que decidan regresar a Catalunya.
Sin embargo, buena parte del resto de formaciones políticas, así como numerosos juristas, advierten de que rebajar la malversación es abrir la caja de los truenos, principalmente porque acarrearía un aluvión de peticiones de revisión de condena, algunas de ellas en casos muy mediáticos. Y es que por este delito, reformado por última vez en 2015 a iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy, han sido condenados los principales responsables de tramas de corrupción en el Estado como la Gürtel, como la de los ERE andaluces o como el caso Nóos.
De esta manera, nombres como Francisco Correa y Pablo Crespo (Gürtel), José Antonio Griñán (ERE) o Iñaki Urdangarin y Diego Torres (Nóos) podrían aprovechar la coyuntura en caso de aprobarse una rebaja de penas para pedir su puesta en libertad o el fin de las medidas judiciales en su contra como inhabilitaciones y multas varias. Se daría así una imagen de cierta impunidad en delitos relacionados con corrupción y lucro personal a cuenta de las arcas públicas.
En contraposición a esta tesis, hay quien defiende que no es lo mismo gestionar inadecuadamente fondos públicos, como se achaca a los procesados por el 1-O, que emplearlos en un lucro personal, tal y como ocurrió en Gürtel, Lezo, Púnica o Nóos. Por ello, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido que se haga una diferencia penal entre estos dos tipos de malversación.
Esta distinción ya se hacía antes de la reforma de 2015 pero, según señalan juristas, sería complicado volver a dicho sistema, ya que se estaría dando la imagen de que se legisla ad hoc; es decir, para beneficio de un colectivo muy concreto como es el de los independentistas procesados por el 1-O. En cualquier caso, y a pesar de las dudas que está suscitando que se toque la malversación, Esquerra va a seguir adelante y presentará enmiendas en este sentido a la próxima reforma del Código Penal.
En las dos formaciones que sostienen al Gobierno español, PSOE y Unidas Podemos, hay muchas dudas al respecto. Pedro Sánchez y los socialistas no lo descartaron en un primer momento y la titular de Defensa, Margarita Robles, llegó a defender el lunes que “no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo”. Sin embargo, unas horas más tarde la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, enfriaba las expectativas ante el revuelo generado por la posibilidad de rebajar el delito.
En Podemos ha ocurrido algo similar. En primer lugar dijeron que presentarían enmiendas en el mismo sentido que ERC, pero posteriormente la dirección estatal se ha desmarcado; aunque los comunes, en sintonía con los republicanos, siguen defendiendo la rebaja en las condenas por malversación.
A la espera de cómo evolucionen los acontecimientos y de si ERC tiene margen para negociar estas enmiendas con el Gobierno de Sánchez, lo que es evidente es que, de prosperar la iniciativa, tendría consecuencias de alcance tanto en el caso del procés como en tramas de corrupción tan mediáticas como Gürtel o Nóos.
‘Caso procés’
Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los cuatro líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición, pero también por malversación: Junqueras, que recibió 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años, tanto de cárcel como de inhabilitación.
En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero siguen vigentes las de inhabilitación. A estos nombres se sumarían los ex altos cargos de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por la organización del 1-O.
‘Caso Gürtel’ La revisión afectaría igualmente a los 13 condenados por malversación en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional por la primera etapa de Gürtel. Entre los beneficiados se encontrarían el cabecilla de la trama, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; o el denunciante de la trama, José Luis Peñas. También se vería afectada la condena impuesta a Correa por la AN en otra de las piezas de Gürtel: la relativa a las actuaciones de la trama en el municipio madrileño en Boadilla del Monte.
‘Caso ERE’
También podría verse beneficiada una decena de personas que fueron condenadas por la gestión de los ERE de Andalucía, incluido Griñán, que está a escasos días de entrar en prisión. El pasado septiembre, el Tribunal Supremo confirmó para ellos penas de prisión de hasta 7 años y 11 meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos.
Junto a Griñán, constan los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, y otros antiguos altos cargos de la Junta andaluza. El Supremo ratificó la tesis de que eran conocedores o conscientes del “sistema ilegal” implantado para conceder los fondos.
‘Caso Nóos’
Algunos de los condenados por el caso Nóos podrían verse, a su vez, beneficiados por la medida, incluidos Iñaki Urdangarin, quien a pesar de su semilibertad no ha terminado de cumplir su condena de 5 años y 10 meses de prisión, y su exsocio Diego Torres. Urdangarin, desde junio de 2021, tiene permiso de Instituciones Penitenciarias para acudir solo un día por semana a la cárcel de Zaballa gracias a la modalidad de control telemático por la que cumple el tramo final de su condena en semilibertad. También fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión -y 4 años de inhabilitación absoluta- el exvicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres, por prevaricación en concurso medial con malversación y un delito contra la Hacienda Pública.
Por último, y de prosperar la iniciativa que impulsa ERC, podría verse afectada la situación del expresident del Govern balear Jaume Matas, también condenado en el caso Nóos por malversación.
Joaquín Giménez: “El Código Penal no se debe tocar en una situación de tensión o para casos concretos”
La legislación vigente en cuanto a malversación es de la época del Gobierno español de Mariano Rajoy. ¿Qué opinión le merece?
-Efectivamente, la legislación cambió y el texto de ahora es de 2015, una reforma que a mi parecer está bien. Anteriormente, había una escala de cantidad de dinero que se había malversado. Lo que se hizo en 2015 fue establecer un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida cuando afecta a caudales públicos.
Giménez cree que el delito actual por malversación es ajustado y, en caso de abordar una reforma, argumenta que debe hacerse en un momento de mayor tranquilidad política
Pero se dejó de hacer una distinción en las penas entre si había enriquecimiento personal o si simplemente era una gestión desleal. Se equipararon las condenas en los dos casos.
-Exacto. Se hace referencia a la apropiación indebida de quien, teniendo bajo su custodia caudales públicos, o bien se enriqueció o simplemente causó daño a la causa pública. Ahora ha vuelto el debate de si se quiere introducir alguna modificación en relación a que no es lo mismo el lucro personal que esta otra administración desleal cuando no hay un enriquecimiento público. Hay quien piensa que, si tú no has metido parte de ese dinero mal gestionado en tu bolsillo, esto requeriría una pena más reducida. Es el caso, por ejemplo, de Griñán.
¿Y procedería abordar estos cambios en este momento?
-Hay que tener en cuenta que el Código Penal es la ley más importante en cualquier sociedad democrática después de la Constitución, ya que regula los límites del derecho del Estado a castigar al ciudadano. Esto supone que no se debería regularlo o modificarlo con frivolidad, como si se tratara del código de circulación, pero yo ya he perdido la cuenta de las modificaciones que se han hecho desde que se puso en marcha en 1995… Además, no se debe intentar un cambio del Código Penal en una situación de tensión y la ley no está para resolver casos concretos.
¿No es el momento entonces?
-¿Se está ahora en condiciones de serenidad y de reposo para afrontar una reforma? Yo creo que no es el momento ideal, pensando en este maniqueísmo en el que estamos, en este populismo que vemos de un lado y del otro.
Está también el riesgo de transmitir que se está legislando ‘ad hoc’ para un colectivo muy concreto de personas, como pueden ser los procesados por el 1-O en Catalunya o los condenados por el ‘caso ERE’.
-Totalmente. Por eso es un tema que se debería introducir con más serenidad, reflexión y tranquilidad, y no en un ambiente tan crispado como el que hay ahora. De todas formas, ya veremos si se plantea y cómo se plantea. Hay que recordar además que esto no parte del Gobierno: el Gobierno solo puede esperar, porque quien tiene que hacer la modificación es el Congreso de los Diputados.
