Tras la sedición, la malversación. Pere Aragonès ha instado a reformar este último delito y el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a la reacción furibunda de la derecha y de algunos de sus barones, ha recogido el guante asegurando que el Ejecutivo está abierto a estudiarlo “en profundidad” si Esquerra propone en el Congreso una enmienda a la proposición de ley con la que PSOE y Podemos quieren reformar el Código Penal. “Hemos estado batallando durante mucho tiempo para que se eliminara la sedición. Ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación”, ha valorado el president apoyándose en que por la consulta del 9-N de 2014 no hubo condenas por esta tipología, y cree que se debe volver a despenalizar esta cuestión manteniendo que la corrupción “se debe seguir persiguiendo”. El PP introdujo después, en 2015, un delito societario como es el de administración desleal dentro de los delitos contra la administración pública asumiéndolo como un tipo de malversación, lo que abrió la puerta a las condenas por malversación en concurso medial con la sedición que afectan a buena parte de consellers condenados por el procés, así como al propio Carles Puigdemont en caso de que fuera extraditado. “Tenemos que revertir esta situación”, ha incidido el líder republicano.
Tras reivindicar el logro de “reducir el margen de discrecionalidad” de los jueces con la supresión de la sedición, el Jefe del Govern ha querido mandar un mensaje al resto del mundo independentista, que es reacio con esta iniciativa, aseverando que “nadie empeora su situación”. Así, Aragonès argumenta que el delito de desórdenes públicos ya existe en el Código Penal actual pero que con los cambios se reduce el “margen arbitrario” que pueden aplicar los magistrados, se disminuye la pena máxima y, según él, se delimita de manera más clara qué es y qué no es delito, pese a no eliminarse del todo el margen de interpretación de los jueces al 100% porque “esto solo se conseguiría con una amnistía”. “Pero no es el Código Penal de ERC”, ha matizado, abriendo la puerta a pactar otras reformas como la supresión de la ley mordaza. El president ha adelantado también que habrá una nueva reunión de la mesa de diálogo con Moncloa antes de finalizar el año, advirtiendo de que igualmente tendrá que abrirse la carpeta de la autodeterminación.
Interpelado el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre si el Gobierno meterá mano en la malversación, el ministro no lo ha descartado y ha tratado de zanjar el tema con un escueto “me resulta difícil opinar sobre nada”, para después ahondar en que aunque se vaya a eliminar el delito de sedición, otros como el de rebelión o el de desobediencia “no se han tocado”. El dirigente socialista ha negado que esta reforma sea una crítica a la sentencia del Supremo ya que lo que hizo el alto tribunal fue “aplicar la ley vigente”, y desconoce si ha provocado malestar en el tribunal. “No podía ser que tuviéramos un delito absolutamente obsoleto, con penas desproporcionadas, y hasta en el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Supremo algunos magistrados nos decían que había que reformarlo”, ha puntualizado.
Desde el Gobierno español se jactan de que sus pasos están consiguiendo desmontar al espectro independentista. De hecho, quienes fueron socios de Aragonès le han afeado esta reforma con una gran contestación. Desde Junts, su portavoz, Josep Rius, ha acusado al PSOE de que el único fin de la medida es lograr la extradición de Puigdemont, avanzando que su partido presentará enmiendas en el trámite parlamentario, así como un texto alternativo que incluya la “abolición” del delito, como se hizo “con el de insumisión”. “Nos resulta incomprensible que ERC avale esta maniobra”, ha espetado, aunque lo ve “coherente” con la estrategia de ERC, “que ha aparcado la independencia”. Por su parte, la CUP ha avisado al Govern de que esta reforma les acerca más a la enmienda a la totalidad de los Presupuestos catalanes.
Ofensiva de la derecha
En este contexto, Vox ha encontrado ahora en la reforma de la sedición una palanca para presionar al PP, a quien ha invitado a pactar un candidato de consenso para la presentación de una moción de censura a Sánchez y la convocatoria de elecciones generales, sin aclarar si la formación de ultraderecha daría el paso en solitario si el partido de Alberto Núñez Feijóo no lo hace. “Nosotros ya la presentamos en su momento y hemos dicho que no renunciamos a la utilización de ese instrumento democrático, pero entendemos que otros también tienen su responsabilidad”, ha manifestado Santiago Abascal, que en su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión cautelar de esta reforma del Código Penal, y que promoverá la convocatoria de un referéndum para la ilegalización de los partidos “que pretenden destruir la unidad política, social y territorial”.
Minutos después ha comparecido Feijóo, que ha tratado de esquivar este planteamiento adelantando una propuesta para mantener la sedición y para que se introduzca como delito “cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España”. Además, ha criticado que ya estén “amagando” con modificar también el delito de malversación, algo que, a su juicio, “ya sería el colmo”. Así se ha pronunciado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, apelando a los barones del PSOE críticos con Sánchez porque en la derogación de la sedición “no caben medias tintas” y están “obligados a dar un paso al frente pero no solo para hablar” sino que tienen que “posicionarse y votar”. “Que sean los sediciosos los que van a derogar su propio delito es una cacicada injustificada en una democracia consolidada”, ha enfatizado el líder de Génova. A su entender, no existe un principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un Código Penal “a su medida” y que cuente con la “complicidad” de Sánchez.
