En un contexto de dudas y presiones en contra, el Gobierno español va a proponer una reforma que rebaja las condenas pero no despenaliza por completo la organización del referéndum catalán de independencia de 2017. PSOE y Unidas Podemos presentarán este lunes en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma del Código Penal que agrega un nuevo tipo de malversación para casos en los que un político no se lleve el dinero público al bolsillo pero sí lo destine a fines irregulares: el desvío presupuestario irregular, donde creen que encajaría el desvío de dinero público para organizar el referéndum. Ese supuesto estaría penado con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación, lo que supondría reducir dos años las condenas de prisión contempladas hasta ahora en el Código Penal vigente, pero no elimina el delito.
Esta propuesta, que no responde a las aspiraciones de ERC, llega en un momento delicado para el PSOE y Unidas Podemos. Preocupa la posibilidad de que la modificación legal pueda ser un asidero para que los acusados por corrupción pidan rebajas de condenas, lo que supondría revivir algo muy similar a la polémica de los delitos sexuales y la Ley del Solo sí es sí. Hasta hace unas horas, la vicepresidenta Yolanda Díaz había dicho que Unidas Podemos no tenía intención de enmendar la malversación.
Este planteamiento de reforma no colma las expectativas que tenía ERC o, al menos, no encaja con su aspiración inicial, dejar sin reproche penal la organización del referéndum y evitar que la malversación se utilice para castigar proyectos políticos. ERC también propone que exista un delito, pero no aplicable al referéndum. Había propuesto un artículo 432 bis para imponer un máximo de tres años de cárcel por usar fondos públicos para fines particulares, aunque no hubiera ánimo de lucro o de enriquecerse. ERC defiende que el referéndum no era un fin particular y que su artículo sí podría aplicarse, por ejemplo, al uso privado del coche oficial. El PSOE incluye también ese delito, con esas penas, pero lo bautiza como malversación de uso.
¿Cumplir el mandato de las elecciones es malversar?
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, reaccionó a la contrapropuesta del PSOE y Unidas Podemos asegurando que el objetivo que habría que tener es que no se castigue el referéndum, e insistió en que no hubo malversación alguna porque se estaba cumpliendo un mandato ciudadano surgido de las elecciones. Esa es la aspiración, pero no llegó a pronunciarse de manera categórica sobre la propuesta del PSOE y Unidas Podemos en Catalunya Ràdio. Además, de manera críptica, lanzó un llamamiento al independentismo para ir todos a una, para ver hasta dónde se puede llegar en esta negociación en el Congreso. Pero, desde Junts, Jordi Turull volvió a elevar la presión sobre ERC asegurando que la contrapropuesta del PSOE y Unidas Podemos blanquea la represión, y se preguntó si invertir dinero en un compromiso electoral con la ciudadanía es “malgastar”.
Encauzar la desjudicialización del procés a través de la reforma de la malversación está provocando que se entrelace el debate con la corrupción. La discusión se mueve en una fina línea que está provocando muchas dudas. El PNV, que criticó desde el primer momento la judicialización en Catalunya y se solidariza con las reivindicaciones independentistas, no ha presentado enmiendas para la malversación.
Enriquecimiento injustificado
En la propuesta del PSOE y Unidas Podemos que ha adelantado La Vanguardia, parece evidente el intento de amortiguar el impacto que está teniendo el debate de la malversación, pero también la reforma de la sedición. En este sentido, se está realizando un esfuerzo comunicativo para poner el foco en las novedades, en que añaden un delito de enriquecimiento injustificado por el incremento patrimonial de más de 250.000 euros durante el mandato de un cargo público, si ese político no fuera capaz de explicar de dónde ha salido el dinero. Supondría tres años de prisión.
Lo que se debate es una reforma del Código Penal que el PP retocó en 2015, y que fija un delito de malversación penado con entre 2 y 6 años de cárcel, y entre 6 y 10 de inhabilitación, con independencia de cómo se use el dinero y mirando a Catalunya. Desde el PP, el vicesecretario de Política Autonómica, Pedro Rollán, opinó este domingo que la propuesta del PSOE y Podemos es una “rendición más”.
Pedro Sánchez: "Son decisiones arriesgadas, pero no hay otro camino"
El presidente del Gobierno español aprovechó un acto preelectoral del PSC en Barcelona para defender su hoja de ruta sobre Catalunya. Pedro Sánchez, quien tiene un acuerdo de investidura con ERC, defendió que su Gobierno “apuesta por el reencuentro, por la convivencia y la concordia entre catalanes”. “Hemos decidido, y esa es una decisión política de primer nivel, rescatar a Catalunya de la crispación y la confrontación, para devolverla al marco y al territorio que nunca debió abandonar: la convivencia y la concordia. Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política, y sacarlo de los juzgados, y eso es lo que estamos”, dijo, para defender también “la unidad de todos y cada uno de los territorios de España”. “Hoy nadie duda de que Catalunya está mejor que en 2017”, zanjó.
