El Gobierno español ha decidido pulsar el botón. El PSOE y Unidas Podemos van a someter a votación el próximo martes la reforma impulsada por el PNV para cambiar los aspectos más lesivos de la ley mordaza, una fecha que comparten los jeltzales como partido proponente de la iniciativa, como ha podido confirmar este periódico de fuentes del grupo de Aitor Esteban. En concreto, la reforma se elevará a la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para su debate y votación, lo que supondrá que este texto se enfrente a un trámite decisivo y esclarecedor, a cara o cruz: si ERC y EH Bildu mantienen su rechazo, la reforma caerá y la legislatura de Pedro Sánchez terminará con la Ley de Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy, del PP, aún en vigor. Si sale adelante, pasará a pleno, donde le hará falta reunir una mayoría absoluta de 176 escaños.
Las fuentes consultadas añaden que hay nuevos textos sobre la mesa, que cuentan con el consenso de PNV, PSOE y Unidas Podemos, y que tocan los cuatro puntos en conflicto: el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios por parte de la Policía, las devoluciones en frontera de los migrantes, la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad. Estos textos pretenden ser una muestra de voluntad para alcanzar un acuerdo, un movimiento que supone un acercamiento a los grupos que niegan que la reforma sea lo suficientemente ambiciosa. En este punto hay una novedad relevante: durante el debate en ponencia, en la última sesión que se produjo el 1 de febrero, el PSOE se descolgó de una enmienda de PNV y Unidas Podemos sobre las devoluciones en caliente pero ahora, según las fuentes consultadas, se ha presentado un texto que cuenta también con el apoyo socialista, lo que supone un cambio de posición. Es decir, en los cuatro puntos se va con un acuerdo entre PNV, PSOE y Unidas Podemos.
En cualquier caso, para no dinamitar los trabajos con filtraciones, prefieren no revelar el contenido de los textos que se han propuesto, y añaden que ahora corresponderá a ERC y EH Bildu valorar si las propuestas son suficientes o, incluso, realizar una lectura global sobre la reforma en su conjunto para decidir si merece la pena sacarla adelante aunque no responda al 100% de sus demandas, con tal de dejar atrás la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy. El PNV se refiere a este trámite como “la hora de la verdad”, donde habrá que ver si las expectativas generadas en la ciudadanía van al traste. En comisión, se necesita al menos la abstención de dos de los tres grupos vascos y catalanes que se oponen a la reforma, EH Bildu, ERC y Junts.
Antes de entrar en campaña
La última reunión pública sobre la ley mordaza tuvo lugar el 1 de febrero, cuando se decidió pasar de la ponencia a comisión. El martes, habrá pasado desde ese trámite prácticamente un mes y medio, que para el PNV es un tiempo prudencial, suficiente para negociar y clarificar las posiciones. Además, ya dejó claro hace unos días que su apuesta es cerrar este debate antes de que se contamine con el clima electoral. En ese sentido, las elecciones municipales y forales y las que tendrán lugar en buena parte de las comunidades autónomas el 28 de mayo serán convocadas la primera semana de abril, lo que achica el calendario disponible.
La potestad de proponer la fecha del debate en comisión es del presidente de la Comisión de Interior, el socialista José Luis Ábalos, y ha sido impulsada por PSOE y Unidas Podemos. Ambos grupos han comunicado su planteamiento a los grupos y se abordará este jueves en la reunión de la Mesa y los portavoces de la comisión. En medios próximos a la mayoría de izquierdas que compone el Gobierno español se traslada que no hay acuerdo aún con ERC y EH Bildu sobre la ley.
El portavoz del PNV en esta comisión, Mikel Legarda, ya avanzó en una entrevista concedida a este periódico que debían producirse movimientos por todas las partes y debían ponerse sobre la mesa nuevos textos para desbloquear el acuerdo. Esos nuevos textos ya existen. Para superar el trámite en comisión, se necesita que al menos dos de los grupos que están en contra, ya sea ERC, Bildu o Junts, se abstengan (escenario aún más improbable en el caso de Junts). PP, Vox y Ciudadanos se muestran frontalmente en contra de esta reforma y acaban de respaldar una manifestación policial de Jusapol en contra de los cambios.
ERC ya permitió que la reforma diera el salto de ponencia a comisión aun sin estar de acuerdo con el texto, pero pudo deberse a la coyuntura política porque acababa de anunciarse un acuerdo presupuestario con los socialistas en Catalunya. Está por ver si ERC y Bildu permiten que la reforma salte al pleno aunque sea con su abstención. Si lograra pasar a pleno, ya no serían suficientes las abstenciones. Al tratarse de una ley orgánica, se exige para su aprobación una mayoría absoluta de 176 votos.
Los acuerdos en ponencia
PNV, PSOE y Unidas Podemos ya presentaron en ponencia varias propuestas que pretendían acercar posturas sobre tres de los cuatro puntos en discordia, todos salvo las devoluciones en caliente, pero todos decayeron. Por ejemplo, se concretaba que la desobediencia debía ser “manifiesta” cuando se trate de una negativa a cumplir una orden legal, debía producirse una resistencia “utilizando oposición corporal”, o una “negativa manifiesta a identificarse”, y la alegación de datos falsos o inexactos en procesos de identificación.
Sobre las infracciones leves, en el artículo 37.4 se propuso que tuvieran esa consideración las expresiones humillantes que desacrediten objetivamente a las fuerzas de seguridad y sean “expresiones o actos relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo o el respetuoso ejercicio de la libertad de expresión”. Además, se redactó una nueva disposición adicional para que el Ministerio del Interior elabore “un estudio sobre el empleo del material antidisturbios” y que, a partir de ahí, desarrollaran protocolos para usar el material menos lesivo posible.
Hubo una cuarta propuesta, transaccionada solo entre el PNV y Unidas Podemos, para que el rechazo en frontera, las llamadas devoluciones en caliente de migrantes, se realice respetando la normativa internacional de derechos humanos y para que, en tres meses, el Gobierno español dicte “las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo” de este artículo. El PSOE se negó a firmarlo y pidió derivarlo a la Ley de Extranjería. Ahora hay textos nuevos en estos cuatro puntos, todos con el consenso de PNV, PSOE y Unidas Podemos.
