La política de alejamiento de los presos de ETA, sistematizada por el Ministerio del Interior a finales de los años 80 como una medida política para debilitar a este colectivo, ya es historia. El anuncio ayer de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del traslado a Euskadi de cinco reclusos de la banda supuso la culminación de la estrategia desplegada por Pedro Sánchez tras su llegada al Gobierno español en 2018, siete años después del fin de ETA, y con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Desde entonces, el goteo de traslados de presos que cumplían condena en cárceles de todo el Estado a centros penitenciarios de la CAV y Nafarroa ha sido prácticamente constante, con parones esporádicos como el que se produjo entre abril y julio del año pasado. Tan solo queda una integrante de la banda, Jaione Jauregi, cumpliendo prisión preventiva en Alcalá (Madrid), ya que mantiene una causa pendiente tras ser extraditada desde Bélgica. Pero es la excepción que confirma la regla, ya que con los cerca de 160 miembros de la banda internos en los centros de Basauri, Zaballa, Martutene e Iruñea –otros doce cumplen condena en Francia– se puede afirmar que el acercamiento de los reclusos ha culminado.
Los cinco traslados anunciados ayer son los de Irantzu Gallastegi (interna en Estremera, Madrid), Gregorio Eskudero (Dueñas, Palencia), Faustino Marcos (Daroca, Zaragoza), Asier Borrero (El Dueso, Cantabria) y Garikoitz Etxeberria (Dueñas). Solo los dos primeros tienen delitos de sangre: Gallastegi es pareja de Francisco Javier García Gaztelu Txapote y fue condenada a 50 años de prisión por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ambos ya fueron trasladados en marzo de 2021 desde la cárcel de Huelva a la de Estremera, dentro de la política de acercamientos impulsada por el Ministerio del Interior socialista. Txapote fue trasladado a su vez a Euskadi el pasado agosto.
Por su parte, Gregorio Eskudero cumple 25 años como cooperador necesario en el atentado en el que fue asesinado el concejal socialista de Orio Juan Priede en marzo de 2002, así como a 42 años por facilitar información en el crimen de José Ignacio Iruretagoyena en 1998.
Esta última tanda de traslados se completa con Asier Borrero, que cumple seis años de prisión por fabricar un barril bomba localizado en Getxo antes de que explotara; Garikoitz Etxeberria fue condenado en 2009 a 27 años y nueve meses de prisión por pertenencia a organización terrorista, entre otros delitos; y Faustino Marcos cumple una pena de 13 años y cuatro meses por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales con finalidad terrorista, tenencia de armas y pertenencia a banda armada.
Pese a que Pedro Sánchez anticipó en 2018 un cambio de la política penitenciaria, los acercamientos no comenzaron hasta 2020, como norma general en dos tandas: los presos recalaban en primer lugar en un centro de una comunidad cercana a Euskadi (Soria, Logroño...) para ser llevado después a alguno de los tres penales de la CAV o a Iruñea. Este proceso coincidió, en octubre de 2021, con la asunción de la competencia de la política penitenciaria por parte del Gobierno vasco. Desde entonces, la decisión de en qué centro recala cada preso se adopta en Euskadi, al tiempo que se ha dado un impulso a la concesión de beneficios penitenciarios.
Víctimas de la dispersión
Los acercamientos han contado a su vez con la vigilancia constante de colectivos como Sare y Exerat, que por ejemplo han criticado con dureza los periodos en que no se producía ningún movimiento de presos, pero que en la tradicional manifestación del pasado enero en Bilbao ya dieron por culminado este proceso. Ayer, ambos celebraron el fin de la dispersión y llamaron a seguir trabajando hasta que “los presos, refugiados y deportados estén en casa”.
En un mensaje en las redes sociales, Sare se felicitó por “la noticia que tanto estábamos esperando”. “Ha terminado la política de alejamiento que ha durado mas de 34 años. Ahora sí. Ahora a seguir trabajando hasta que los presos, refugiados y deportados estén en casa”, añadió. Por su parte, Etxerat destacó que, “tras mucho sufrimiento, acaba este cruel e interminable tiempo”. “En nuestra memoria las 16 víctimas mortales de la dispersión. Nos queda trabajo para acabar de recorrer el camino de vuelta a casa de los presos y refugiados, y la ruta hacia la convivencia”, aseveró.
Entre los colectivos de víctimas la reacción fue diversa. Así, mientras la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, aseguró que la dispersión ya “no tenía ningún sentido” y añadió que “lo importante no es dónde” cumplan sus condenas los presos de ETA sino que las cumplan; la AVT censuró que “ahora empieza la campaña para que salgan libres”. Esta asociación acusó además al Ejecutivo de Sánchez de “estar con los terroristas, no con sus víctimas”.
Ordóñez insistió en que “este Gobierno, por lo menos, ha sido transparente” en comparación con los de Zapatero y Rajoy. Calificó además esta estrategia de “inteligente” ya que, a su juicio, “ya no tenía ningún sentido la dispersión” y es una manera de “quitar ese victimismo” a la izquierda abertzale.
En una línea contraria, la Fundación Fernando Buesa rechazó que el de ayer fuera “un día de alegría” y recordó al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha sido ETA “quien ha causado tanto sufrimiento a nuestro pueblo”. Recordó a su vez que “hace justo 50 años que Humberto, Jorge y Fernando fueron secuestrados, torturados y asesinados por ETA y, como bien sabes, sus cuerpos nunca han aparecido”.
También se pronunció el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que censuró que Pedro Sánchez “ha pagado la primera parte de la factura” a Otegi “acercando a todos los criminales de ETA, con o sin arrepentimiento, a Euskadi”.
