La Confederación Empresarial de Navarra ha anunciado un acuerdo con la empresa Albyn para donar las mascarillas compradas al inicio de la pandemia con dinero de Sodena. Tres años después, y tras bloquear hasta cinco propuestas de acuerdo planteadas por el Gobierno de Navarra, la patronal ha optado por la donación a poco más de una semana de que las mascarillas almacenadas empiecen a caducar.

Sodena, que considera que las mascarillas no son suyas, avanza que no tiene pretensiones sobre ellas, y que por lo tanto no va a obstaculizar su salida. No obstante, mantendrá abierta la vía judicial si la CEN sigue rechazando asumir parte de las pérdidas. Algo que ya ha hecho Albyn, que ha aceptado pagar una compensación parcial de 274.000 euros por el quebranto que ha generado la operación.

La disputa se remonta al inicio de la pandemia. Tras el confinamiento, y para garantizar la seguridad sanitaria en la vuelta al trabajo, la CEN, Albyn y Sodena firmaron un acuerdo para la compra de cerca de dos millones mascarillas. La empresa pública avanzaba el dinero –dos millones de euros–, Albyn hacía las compras y la patronal las estimaciones de material necesario en un contexto de escasez internacional.

Pero la estabilización del mercado trajo una bajada en el precio de las mascarillas y las empresas navarras encontraron otras vías de compra más económicas. Así que las estimaciones realizadas por la CEN, y financiadas por Sodena, no se cumplieron. Según relata Comptos en su informe, el stock de mascarillas, adquiridas por 1,7 millones, tienen hoy un valor de 126.625 euros. De ellas, cerca de un millón caducan el 24 de abril.

Demanda judicial abierta

En este contexto, las tres partes han mantenido diversas negociaciones en los tres últimos años para tratar de dar una salida al stock. El pasado enero incluso Albyn comunicó a Sodena y a la CEN que tenía un posible comprador de las mascarillas. La patronal sin embargo vinculó cualquier salida a que el Gobierno de Navarra se comprometiera a no reclamarle después las pérdidas de la operación. Una línea que siempre ha rechazado Sodena, que cuenta además con el aval de la Cámara de Comptos. Según el órgano fiscalizador, las tres partes son responsables del acuerdo así que las tres deben asumir parte de las pérdidas.

De hecho, el Gobierno foral cerró un acuerdo con Albyn antes de Semana Santa para zanjar esta cuestión. La empresa ha asumido su parte de responsabilidad y abonará una compensación parcial de 274.000 euros, desvinculándose de forma definitiva de la operación. La CEN sin embargo ha rechazado un acuerdo similar alegando que su papel fue de mero mediador y que, por lo tanto, no tiene responsabilidad en las pérdidas. En esta tesitura, Sodena ha iniciado ya los trámites para resolver la disputa por la vía judicial.

Donación de las mascarillas

El último movimiento ha venido de la mano de la CEN, que tras negarse a cualquier solución que no les garantizara un blindaje jurídico ha optado por dar salida a las mascarillas mediante la donación justo antes de que empiecen a caducar. 

Según avanza la patronal, ha acordado con Albyn donar el material sanitario a la ONG Red de Solidaridad Arcores que incluye todo el stock de mascarillas. La CEN considera que con este acuerdo cumple con “la recomendación” que la Cámara de Comptos, que en su informe instaba a “dar salida al stock lo antes posible para evitar que caduquen y que la pérdida sea aún mayor”.

La patronal recuerda que las mascarillas almacenadas “no se pueden comercializar en territorio español ni europeo”, por lo que la donación a una ONG “era y es la única solución posible”. El material sanitario será distribuido ahora en Venezuela por Arcores Venezuela, perteneciente a la Red Solidaria Internacional de la familia Agustino Recoleta. La CEN señala además que “como contribución a la solución del conflicto generado en torno al stock del material”, asumirá la gestión y el coste del transporte de las mascarillas hasta Maracaibo, Palmira y la ciudad de Caracas. El importe estimado de estos gastos, según la CEN, asciende a alrededor de 100.000 euros. Una cifra cuando menos sorprendente si se tiene en cuenta que, con las tarifas actuales, el precio del transporte por barco de un contenedor ronda los 9.000 euros.