La defensa de la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha recurrido la decisión del juez de guardia de Barcelona que le denegó el habeas corpus tras su detención y le ha pedido que consulte a la Justicia europea sobre el alcance de su inmunidad y la legalidad de su arresto.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, Gonzalo Boye, abogado de Ponsatí, solicita la nulidad de la resolución del magistrado que el pasado 28 de marzo rechazó tramitar el habeas corpus planteado por Ponsatí durante las horas en que estuvo detenida por orden del Supremo para comunicarle su obligación de comparecer ante el juez Pablo Llarena por un delito de desobediencia en el procés.
El habeas corpus es una figura legal por la que cualquier ciudadano puede exigir comparecer de forma inmediata ante el juez para que este determine la legalidad de su detención, lo que debe resolverse en un plazo máximo de 24 horas.
En el recurso, la defensa de Boye emplaza además al juez a elevar varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este resuelva sobre el alcance de la inmunidad de un eurodiputado y si puede ser detenido sin obtener autorización previa del Parlamento Europeo, mediante el correspondiente suplicatorio.
El recurso, que invoca la Carta Europea de Derechos Humanos, pide también al juez que pregunte a la Justicia europea si el Tribunal Supremo es competente para investigar causas de eurodiputados.
Para Boye, cuando solicitó el habeas corpus ante el juez de guardia, Ponsatí era "una persona ilegalmente detenida", por lo que el instructor debería haber planteado obligatoriamente una cuestión prejudicial ante el TJUE.
Ponsatí fue detenida el pasado 28 de marzo por los Mossos d'Esquadra, tras cinco años huida de la justicia española por su papel en el "procés", y quedó en libertad en unas horas, después de que se le notificara el requerimiento del Supremo para que compareciera el 24 de abril para interrogarla por un delito de desobediencia.
La eurodiputada, inicialmente procesada por sedición pero que tras las reformas penales impulsadas por el Gobierno está imputada solo por desobediencia -delito que no lleva aparejado penas de cárcel-, plantó el pasado 24 de abril al juez Llarena y regresó a Bélgica.
