Audenasa, la sociedad concesionaria de la Autopista AP-15, reclama al Gobierno de Navarra una compensación de 42,7 millones por el perjuicio que le ha supuesto la pérdida de una exención fiscal que le permitía no pagar impuestos por una parte de sus beneficios. La demanda será analizada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Audenasa está participada al 50% por el Gobierno foral y el Grupo Itinere, especializado en inversión y gestión en infraestructuras públicas.
El origen de la disputa reside en un cambio normativo aprobado con los presupuestos de 2022. A raíz de la polémica suscitada por la compensación que el Gobierno de Navarra abonó Audenasa por la pérdida tráfico durante el confinamiento –ingresó menos de lo previsto por los peajes–, el Parlamento acordó revisar el privilegio fiscal del que disfrutaba la sociedad desde el inicio de la concesión.
Hasta 2022 Audenasa ha contado con un régimen fiscal específico que le permitía tener exento de tributación el equivalente al 10% de su capital social. En torno a 17 millones anuales de beneficio empresarial por los que no pagaba impuestos. A partir de ahí, la tributación que tenía establecida era del 30%. Se trata de un acuerdo recogido en el contrato de concesión administrativa desde el inicio de la infraestructura, y que se ha mantenido invariable en las distintas modificaciones que se han producido en las últimas cuatro décadas.
Este ahorro fiscal era fijo, al margen de las reducciones de capital que se han realizado hacer durante el tiempo de concesión. De esta forma, Audenasa se seguía ahorrando en impuestos el equivalente al 10% de su capital social inicial (170.434.573 euros), pese a que en los últimos ejercicios se había reducido hasta los 87 millones.
La exención fue eliminada con los presupuestos de 2022, por lo que la sociedad interpreta que se han cambiado las condiciones de concesión inicial. El Gobierno foral ha rechazado indemnizar a Audenasa, así que el tema ha acabado judicializado.
