El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado cerrar el caso en el que investigaba la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en el atentado perpetrado por el grupo armado el 30 de mayo de 2003 en Sangüesa ante la "ausencia de pruebas suficientes" para acusar a los exdirigentes de la organización.
En el auto el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 declara concluso el sumario sin procesar a ninguno de los acusados después de haber agotado "todas las líneas de investigación posibles". "Por cuanto de lo instruido hasta la fecha ha quedado clara la comisión de hechos delictivos, pero de los mismos no se puede acusar en este momento", aclara.
El instructor destaca el informe de la Fiscalía que recoge que "el fallecimiento de las personas víctimas del atentado y de los heridos del mismo son fruto de la acción terrorista contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Colectivo que, desgraciadamente, se erigía como víctima habitual de las acciones de la organización ETA; por lo que la responsabilidad en este atentado, como autoría mediata, de los miembros del Comité Ejecutivo de ETA no se enmarca dentro de las órdenes directas y precisas del citado comité", apunta.
En este sentido, añade que "son numerosos los informes de inteligencia policial de los que se deduce que, sólo en el caso de que los atentados se cometiesen contra objetivos especiales, la dirección de la organización terrorista debería dar su autorización, sin que las víctimas de este suceso criminal formaran parte de esos objetivos especiales".
Además, el magistrado asegura que también "procede aceptar la valoración que hace el informe de inteligencia de la Comisaría General de Información en el sentido de que no puede atribuirse participación material de Arruarte Santa Cruz y Lorán Lafourcade".
Su decisión de cerrar la investigación llega después de que la Fiscalía le remitiese el pasado mes de noviembre un informe en el que ponía el foco en el "escaso acervo probatorio con que se contaría hasta este momento de cara a una eventual progresión en los trámites del procedimiento", destacando además que el Ministerio Público no interesaba la práctica de nuevas diligencias.
LA REAPERTURA DE LA CAUSA
Cabe recordar que la causa se reabrió por la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra varios exintegrantes del comité ejecutivo de ETA y contra los presuntos autores materiales del atentado cometido contra agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Oficina de Documento Nacional de Identidad de Pamplona, en el que resultaron muertos dos agentes policiales, y heridos graves otros policías y un empleado de Telefónica.
Inicialmente, el juez dirigió la investigación contra ocho integrantes del comité ejecutivo de ETA en el momento de la acción--María Soledad Iparraguirre, alias Anboto; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ramón Sagarzu, Ramontxo; Gorka Palacios; Garikoitz Aspiazu; Aitzol Iriondo; Félix Ignacio Esparza; y Juan Fernández Iradi-- y contra Garikoitz Arruarte y Gorka Lorán como presuntos autores materiales.
El pasado mes de mayo, el juez amplió la investigación e imputó a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe Ata, a Miren Itxaso Zaldua Sahatsa y a los exmiembros Jon Lizarribar y Gurutz Aguirresarobe a raíz de la declaración de un testigo.
