El Gobierno de Navarra investiga 41 casos de abusos policiales y atentados de grupos ultra

Lo ha hecho para dar cuenta de la primera memoria anual de la comisión de reparación de víctimas, el órgano encargado de recibir y analizar las solicitudes de personas que, desde los años cincuenta, hayan sufrido violencia por parte del Estado o grupos paramilitares. La comisión recibe las solicitudes, decide si las tramita, investiga y dictamina, en cada caso, si corresponde reconocimiento oficial o medidas de reparación, que incluyen prestaciones económicas al nivel de las víctimas de ETA y asistencia psicológica y sanitaria a cuenta de Osasunbidea. La fórmula emana desde 2015, cuando el Gobierno de Navarra, en manos de Uxue Barkos, implantó por primera vez una política de reconocimiento de víctimas integral.

Sobre los plazos de los reconocimientos, Zabalza ha dicho que “relativamente pronto” empezará a haber reconocimientos, aunque la comisión está “agotando plazos no por dilatar el proceso, sino por contar con todas las garantías”. De hecho, en los Presupuestos para 2024 que el Parlamento calcula poder aprobar en marzo ya hay una partida de casi un millón de euros para hacer frente a las primeras indemnizaciones.

Además, Zabalza ha dicho que entre sus planes está buscar la manera de hacer un acto de homenaje a estas víctimas.

Zabalza, que en virtud de su puesto preside el grupo de 9 personas que forman la comisión (entre peritos forenses, psicólogos y expertos independientes designados por el Parlamento), ha dicho que, a 31 de diciembre de 2023, la comisión ya investiga 41 casos.

De ellos, 10 tienen que ver con casos con resultado de muerte, como puede ser el de Mikel Zabalza, ya reconocido como víctima del Estado por la ley de víctimas policiales del Gobierno de la CAV.

Otro grupo formado por 13 casos tiene que ver con personas que han sufrido malos tratos y torturas a manos de funcionarios públicos.

Y, por último, otra bolsa de 18 víctimas que han denunciado haber sufrido daños físicos o psicológicos y cuyos expedientes han sido tramitados y ya están en investigación. 

Todavía no hay resoluciones, pero Zabalza ha dicho que estos informes están llamados a superar una situación de “negacionismo” para con unas víctimas históricamente olvidadas. 

Zabalza ha hablado de los trabajos de la comisión y también de otros hitos. Entre ellos, los informes del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) sobre torturas en Navarra, y que han acreditado más de mil casos desde los años sesenta hasta la década de los 2010. 

De ahí que Zabalza haya admitido que, al calor de las cifras, pueda decirse que los malos tratos han tenido una magnitud importante en las últimas décadas, tanto en el franquismo, como en los turbulentos años de la Transición, como en el contexto de “la lucha contra el terrorismo”. Y no ha ido más allá, porque ha especificado en su réplica que “si ni el IVAC califica la tortura como sistemática, no lo voy a hacer yo”. Un punto importante ya que la parlamentaria de EH Bildu, Arantza Izurdiaga, habría hecho referencia a un uso “sistemático” de la tortura por parte de las policías estatales, término que sigue provocando fricción entre la izquierda abertzale y grupos como el PSN, partido del que es miembro Martín Zabalza. 

Superar el "negacionismo histórico"

El presidente de la comisión, en el Parlamento por petición propia, ha citado al magistrado Xiol Ríos y a las Naciones Unidas para justificar el espíritu de una comisión que, ha subrayado, no tiene capacidad para buscar responsables, porque ese es terreno “vedado” para un organismo administrativo al estar reservada esta función a los tribunales ordinarios. Zabalza ha querido subrayar este extremo porque hay que recordar que la ley navarra de víctimas, aprobada en 2019, estuvo parcialmente recurrida (por iniciativa de PP, Vox y Ciudadanos) mientras el Constitucional la evaluaba. Finalmente, en 2021, el Constitucional avaló la totalidad de la comisión de víctimas al no apreciar intrusiones en el poder judicial.

“La comisión no tiene nada que ver el derecho penal: es una línea roja, porque está taxativamente vedado a esta ley de víctimas la búsqueda de responsables”, ha subrayado, haciendo hincapié en que la comisión está “respetando de forma radical este extremo”. “Nosotros reconocemos víctimas, no identificamos victimarios, y abrimos un novedoso espacio de reconocimiento institucional que supera un espacio de negacionismo de vulneración de Derechos Humanos”, ha añadido.

En este sentido, “si la vía penal está cerrada, la comisión de reconocimiento puede, y debe, desplegar su labor en un ámbito distinto”. “Hay quien, como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, las llama comisiones de la verdad”, ha dicho, para hablar de los “mecanismos de la verdad” como un modelo de “justicia transicional” que no ocupa el lugar de la investigación penal.

El turno de los grupos ha estado muy lejos de la tirantez que en otras ocasiones ha suscitado el debate sobre la comisión. Vox ha estado ausente, así que UPN y PP han sido los únicos partidos que se han mostrado más recelosos de la comisión.

Iñaki Iriarte, por parte de los regionalistas, ha indicado las diferencias que existen en la ley navarra con respecto al texto estatal, y ha expresado sus dudas sobre el rigor del procedimiento. Ha dicho que, incluso aunque el Constitucional ha avalado la norma navarra, él sigue teniendo dudas de que una comisión como la navarra pueda llevar a cabo una función como la que tiene otorgada. Eso sí, Iriarte ha remarcado que ni él ni su grupo pueden “ni justificar ni disculpar” hechos cometidos por funcionarios públicos “que no tienen nada que ver con la Navarra que yo defiendo”.

La comisión tiene todas las garantías constitucionales

En el turno de réplica, Zabalza ha insistido en que el Constitucional ha dado por válidas tanto la ley navarra como las comisiones extrajudiciales, y ha pedido no “negar la bonanza” de estas figuras, que no son “ni de rango menor ni menos garantistas por ser extrajudiciales”. Simplemente, actúan en otro ámbito, ha especificado Zabalza.

Por parte del PSN, Inma Jurío ha insistido que existe una “deuda” con una serie de víctimas que no han sido oídas y que esta comisión, con un trabajo riguroso que “ha dejado sin tramitar algunas peticiones”, trata de otorgarles un reconocimiento. 

Jurío ha explicado que pese a que en su día el PSN se abstuvo en la votación de la ley, comparten el espíritu de una comisión que es “constitucional”. 

Desde EH Bildu, Arantza Izurdiaga ha celebrado los pasos en este último año, pero su grupo hubiese querido que esta comisión hubiese podido dar pasos en el “enjuiciamiento”, además de la capacidad para el esclarecimiento de la verdad y la reparación económica. Ha señalado la responsabilidad de la Audiencia Nacional, la Policía Nacional y la Guardia Civil en los malos tratos durante los periodos de incomunicación de los detenidos, y ha pedido a Zabalza que esta legislatura se acometan los primeros reconocimientos de la ley.

En el turno de Geroa Bai, Mikel Asiáin ha remarcado que ningún Estado puede amparar las torturas ni permitir que ocurran, y ha celebrado que hoy Navarra pueda contar con mecanismos como el de la comisión para el reconocimiento de estas víctimas. En la réplica, Zabalza ha agradecido a Geroa Bai los esfuerzos desde 2015 para que, en las legislaturas posteriores, se haya podido dar pasos en este sentido. "Tarde, pero afortunadamente" ha llegado esta ley, ha celebrado Asiáin, que ha instado a la celebración de un acto anual que dé visibilidad pública a las víctimas, guante que ha recogido el director general.

Desde el PP, Javier García ha reiterado su rechazo a una ley que "no ofrece ningún tipo de garantías jurídicas ni a la sociedad ni a las víctimas" y es "una forma de legalizar la desigualdad entre víctimas del terrorismo y víctimas de motivación política", ha dicho para advertir en todo caso que "la memoria no puede ser política, sino que debe de ser objetiva".

Por último, Carlos Guzmán, de Contigo Navarra, ha animado a la comisión a seguir con los trabajos pese a los intentos de “deslegitimación”, y ha animado al conjunto de víctimas navarras que todavía no ha participado a que tramite sus solicitudes ante la ley. Guzmán, que se ha declarado orgulloso militante comunista y de CCOO, ha utilizado la experiencia del poeta Marcos Ana para justificar el apoyo a la comisión. "Ante la bestia que estaba torturándole, Marcos Ana confesó que su lucha tenía sentido para evitar, precisamente, que la sociedad pasaran cosas como la que estaba sufriendo él: que fuera torturado" por sus ideas políticas, ha contado Guzmán.