Nueve años después de que UPN saliera del Palacio foral, la derecha y organizaciones afines como Institución Futuro por fin se han caído del guindo y se han dado cuenta de que el Gobierno de España es el único responsable de que el corredor navarro de alta velocidad avance a paso de tortuga. Casi una década durante la cual todas las formaciones conservadoras del arco parlamentario se han dedicado a culpabilizar de este atasco a quien no tiene potestad para impulsarlo. Sus pueriles argumentaciones se pueden resumir en que Barkos cedió a la presión de Bildu para paralizar el TAV cuando fue presidenta (2015-19) y que Chivite se ve ahora en la misma tesitura por el chantaje de la izquierda soberanista que “no cree en el progreso y que es la coordinadora del no”.

La realidad, sin embargo, es bien distinta. El ferrocarril de alta velocidad requiere de inversiones descomunales y Navarra nunca ha sido una prioridad para los gobiernos de Madrid. En Moncloa, tanto con inquilinos del PSOE como del PP, nunca han visto el momento adecuado para rascarse el bolsillo y soltar el dineral que necesita esta obra. Se han quedado siempre en la promesa incumplida. Ayer el ministro Puente aseguró que este proyecto es prioritario, pero al menos fue más listo que sus antecesores y no habló de fechas para su puesta en servicio. Porque sabe que esto va para muy largo.