UPN y PP tratan de reactivar la investigación judicial del caso Davalor tras dejar pasar el plazo máximo de 12 meses de investigación sin pedir prórroga de las actuaciones recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por este motivo la juez instructora acordó el pasado diciembre el archivo de instrucción. La Fiscalía también pide retomar la causa alegando que de ese plazo se deben descontar agosto, las Navidades y los 38 días que transcurren entre el traslado de la causa del Supremo al juzgado de Pamplona.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acogido este jueves la vista para analizar los recursos de las acusaciones, que han tratado de argumentar los motivos por los que se debe reabrir la causa y volver a la investigación. Como estaba previsto, han considerado es una causa “especial” que requiere también un tratamiento “especial” y que debe contar como inicio del proceso su llegada al juzgado de Pamplona, y no la incoación de diligencias por parte del Tribunal Supremo.
La investigación parte de una denuncia de UPN contra Manu Ayerdi, entonces consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. El Alto Tribunal admitió la causa el 21 de enero de 2021, lo que propició la dimisión de Ayerdi y su pérdida de condición de aforado. Más de tres años después, alejado ya de la política, ni siquiera se le ha llamado a declarar. Ni a él ni a ninguna de las otras personas investigadas.
La dimisión de Ayerdi propició el traslado del proceso al Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, del juez Fermín Otamendi, que recibió la causa el 9 de marzo de ese año. Éste no dictó la primera prórroga de la investigación el 18 de febrero de 2022. Por lo que la discusión jurídica radica ahora si la fecha de inicio del proceso es la apertura de la causa en el Supremo (enero) o su traslado a Pamplona (marzo).
Los argumentos de la acusación
La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina claramente que “la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa”. Un argumento que han acabado asumiendo también las acusaciones, que han tratado de buscar resquicios con los que ampliar los plazos legales para desde el 21 de enero de 2022, fecha en la que se cumplía el año preceptivo para la investigación, y el 12 de febrero de ese año, en la que se aprueba la prórroga.
Las acusaciones han insistido en el que la investigación comienza al llegar la causa a Pamplona, y han alegado que la defensa de Ayerdi nunca se opuso a las prórrogas. Sin embargo, y ante la posibilidad de que el Tribunal asuma la jurisprudencia del Supremo y sitúe en enero de 2021 y no en marzo el inicio del proceso, han tratado de buscar resquicios por donde ir descontando días que justifiquen el retraso de la instrucción. Una dejación por parte de juez instructor que ninguna de las acusaciones fue capaz de alertar en su momento.
Básicamente, la fiscal ha centrado su esfuerzo ampliar el plazo establecido con argumentos que también han querido hacer suyas el resto de las defensas. Ana Marcotegui ha reclamado por ejemplo que se descuenten del plazo de los 12 meses las Navidades o el mes de agosto. Así como el plazo que transcurre desde la pérdida de aforamiento de Ayerdi y la apertura de la causa en Navarra. En total, hasta 38 días que deberían ser considerados también inhábiles en cuanto a los plazos, a juicio de las acusaciones.
Entre los argumentos para mantener la causa abierta los recurrentes también han alegado que el resto de investigados en la causa no lo fueron hasta varios meses después, por lo que su caso sí quedaría dentro de los 12 meses establecidos. O que el Supremo no inicio ninguna investigación efectiva, por lo que sus plazos tampoco contarían.
Las defensas piden el archivo
Las alegaciones han sido rebatidos con rotundidad por las defensas, que han cuestionado la “dejadez” tanto del juez instructor durante todo el proceso como el de las propias acusaciones de UPN y PP, que se limitaron en todo momento a pedir prorrogas de la causa de forma rutinaria sin que se realizaran diligencias nuevas ni se tomaran testificales.
Especialmente contundente ha sido el abogado Martín Zudaire, que ha citado la jurisprudencia del Supremo y la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal para pedir el archivo definitivo. “Por muchas vueltas que se le quiera dar, la ley cita 12 meses desde la primera incoación de la causa”, ha enfatizado para subrayar que de ahí no se pueden descontar “ni 38, ni 48 ni 8 días”.
“La primera prorroga se aprueba 13 meses después desde la incoación del Supremo y 14 desde que se designa un instructor, en diciembre de 2020” ha subrayado el abogado, que ha negado también que se puedan restar, como pide el Ministerio Fiscal, agosto o los días inhábiles.
A su juicio, al igual que ha argumentado la abogada de Manu Ayerdi, tampoco se pueden restar del cómputo de los 12 meses los 38 días que ha citado la fiscal porque no hubo ningún procedimiento nulo por parte del Supremo, que hizo lo que tenía que hacer, y los tribunales ya han dejado claro que las inhibiciones por competencia no afectan a los plazos ni suspenden las actuaciones. De la misma forma que tampoco se puede restar agosto o Navidades porque los plazos en la ley son claros -ha citado varia jurisprudencia en ese sentido-, y además durante agosto también se realizaron actuaciones.
Las defensas han apuntado así a “una instrucción inadmisiblemente defectuosa”, en las que “no se hizo nada”, no se pidió testificales y en la que tanto las defensas como el juez instructora actuaron con “pasividad”. Por todo ello, ha vuelto pedir el archivo definitivo. El tribunal deberá resolver ahora.
Un miembro de la ejecutiva de UPN, entre las acusaciones
Un miembro de la ejecutiva de UPN, y persona de confianza de Cristina Ibarrola, se encuentra entre las acusaciones que trata de reactivar el caso Davalor, archivado por la juez instructora por haber superado el plazo máximo de instrucción de 12 meses. Guillermo Chaverri ha ganado protagonismo en el partido como abogado de las causas judiciales que impulsa su partido contra rivales políticos. Es además defensor de algunos de los agricultores investigados por el intento de asalto al Parlamento de Navarra.
El archivo de la causa
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, María Luisa Corbacho, decretó el pasado 12 de diciembre el fin de la investigación del denominado ‘caso Davalor’ y, por lo tanto, va a archivar la causa por la que dimitió el exconsejero de Desarrollo Sostenible, Manu Ayerdi. Daba la razón así a las defensas, que habían señalado un plazo excesivo en las actuaciones del juzgado antes de la primera prórroga de la instrucción.
Lo hizo apenas una semana antes de que tomar declaración a los investigados. El propio Manu Ayerdi, que fue vicepresidente primero y responsable de Desarrollo Económico hasta que dimitió en enero de 2021, a Pilar Irigoien (directora general de Sodena); Izaskun Goñi (jefa de gabinete); Yolanda Blanco (consejera de Sodena); Javier Baztarrika, representante de Iniciativas Innovadoras, empresa que participó también en la financiación de Davalor y que actuó como intermediaria entre el Gobierno de Navarra y Davalor; Maitena Ezkutari (directora general de Turismo y Comercio) y Juan José Marcos, impulsor de Davalor.
El denominado 'caso Davalor' fue una operación fallida de Sodena sobre la que ha habido ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, una comisión de investigación, un informe de Comptos y hasta un proceso judicial contra el administrador, que acabó con condena en el Juzgado de lo Mercantil por no declarar a tiempo el concurso de acreedores, pero sin consecuencias penales.
Fue UPN el que puso sobre la mesa la acusación de "prevaricación" y "malversación" con una querella en el Supremo. Ambos delitos están recogidos en la ley que regula las incompatibilidades de los miembros del Gobierno, por lo que la mera admisión a trámite, más allá de su resultado final, forzaba la dimisión del consejero.
