En medio del ruido mediático que rodea el debate político en Madrid, con la derecha volcada contra el Gobierno de Sánchez y entre múltiples acusaciones de corrupción, UPN ha solicitado la presencia de diez altos cargos excargos del Gobierno de Navarra en la comisión de investigación que el PP promueve en el Senado. Los regionalistas han pedido además de multitud documentación, de informes internos y a los correos electrónicos que se cruzaron una quincena de miembros del Gobierno entre 2020 y 2022, en plena pandemia.
Se trata prácticamente en su totalidad de las mismas comparecencias que ya pidió en el Parlamento foral, así como buena parte de los documentos que el Gobierno de Navarra ya facilitó en el tramo final de la pasada legislatura, sin que de momento UPN haya podido evidenciar irregularidad alguna. Más allá de la pérdida de 1,7 millones por unas mascarillas que finalmente hubo que regalar a Venezuela ante la imposibilidad de darles salida en Navarra.
Curiosa y llamativamente, fuera de las peticiones de información y por su puesto de las comparecencias ha quedado la Confederación Empresarial de Navarra y su anterior presidente, Juan Miguel Sucunza. La CEN fue uno de los actores protagonistas de las mascarillas adquiridas por Sodena al inicio de la pandemia.
Según el acuerdo inicial, la empresa pública adelantaba el dinero, la confederación empresarial hacía las estimaciones de material necesario y la empresa Albyn, que tenía contacto con proveedores asiáticos, hacía la compra en un contexto marcado por la escasez. Tras recibir las mascarillas la confederación empresarial no logró darles salida, generando un limbo jurídico que acabó con las mascarillas regaladas y un conflicto jurídico entre Sodena y la CEN pendiente de resolver.
La petición de UPN
Sin embargo, en el relato de UPN la CENqueda fuera de cualquier responsabilidad, que se apunta exclusivamente al Gobierno de Navarra. De entrada, se pide las comparecencias del exconsejero Manu Ayerdi y de su sustituto, Mikel Irujo; y de la exconsejera de Salud, Santos Induráin. También se reclama la presencia en el Senado del exdelegado del Gobierno y ahora consejero de Hacienda, José Luis Arasti; del exdirector de Salud, Carlos Artundo; del exdirector de Intervención, Iñaki Arrizabalaga; así como la del ex CEO de la empresa Albyn Medical, Luis Igancio Collantes.
Pero UPN no se queda ahí. En su petición, que ahora debe resolver la Mesa de la comisión de investigación, con mayoría del PP, se solicita también que acudan al Senado otros tres cargos de segundo nivel en el escalón administrativo: Minerva Ullate, exdirectora del servicio de Intervención; Francisco Javier Esparza, director de Gestión Económica y Servicios Generales del SNS-Osasunbidea; y Elena Garde, directora del Servicio de Control Financiero y Auditoria del Departamento de Economía.
Estas comparecencias ya fueron solicitadas al inicio de la comisión en el Senado, controlada por el PP, y fueron rechazadas. Los populares han priorizado la presencia de los altos cargos del Gobierno de Sánchez.
Las comparecencias sucederán durante varias semanas más, una oportunidad que UPN quiere aprovechar para navarrizar la comisión y poner el foco mediático en el Gobierno de Navarra. Además, solicita todos los correos que se hayan enviado o recibido desde el Ejecutivo o desde la Corporación Pública Empresarial por los principales miembros del Gobierno, entre ellos los de la presidenta, María Chivite y los de la exconsejera de Hacienda y ahora ministra, Elma Saiz.
Mezclar el Caso Koldo
En su solicitud la senadora de UPN, María Caballero, mezcla la compra de mascarillas en Navarra con el caso Koldo, actualmente judicializado. Caballero argumenta que el “objeto” es “aclarar lo sucedido en esos contratos de compra de mascarillas y material sanitario”, así como “el papel jugado por la trama de Koldo García Izaguirre y su mujer, Patricia Uriz, pertenecientes a la delegación socialista navarra, en la compra y distribución de material sanitario en la Comunidad Foral de Navarra”.
Finalmente, también pide “documentación acreditativa” de la compra de las 400.000 mascarillas que recientemente aparecieron abandonadas durante el mandato de UPN en un almacén del Ayuntamiento de Pamplona, sin que Enrique Maya al principio ni Cristina Ibarrola después les dieran salida. Por su puesto, ninguno de los exregidores están en la lista de comparecencias. Caballero apunta la responsabilidad a la Delegación del Gobierno de España en Navarra, por lo que pide la “trazabilidad” de las mascarillas “desde su compra hasta su entrega”, así como “el convenio o documento suscrito entre ambas administraciones si los hubiere”.
