EH Bildu denuncia la situación creada con la implantación de un parque de energía fotovoltaica en Cáseda y reclama al Ayuntamiento de la localidad que defienda los intereses públicos frente a los particulares en la disputa abierta por la titularidad de los terrenos. El conflicto en torno a la propiedad de los comunales es antiguo y tampoco es exclusivo de Cáseda. Pero se ha reabierto ahora con el proyecto para instalar una doble planta solar por parte de la empresa Metka EGN Solar, que se han denominado Sangüesa 1 y Sangüesa 2. El proyecto abarca un total de 48,66 y 43,78 hectáreas respectivamente, de las que algo menos de la mitad (40,88 hectáreas) están reconocidas en el catastro como terreno comunal.
Sin embargo, la mayor parte de las parcelas de carácter público están en litigio con particulares del municipio, que reclaman su propiedad. Entre ellos el propio alcalde, que tiene 18,9 hectáreas de terreno comunal en litigio en ambos parques, además de otras 6,5 hectáreas reconocidas como titularidad privativa. El resto de las parcelas se reparten entre terreno comunal propiedad del Ayuntamiento (10%), particulares y comunales en litigio con una treintena vecinos. Casi en su totalidad son terrenos de secano para la agricultura.
Para este martes está prevista la comparecencia en el Parlamento del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, a instancias de EH Bildu, que reclama al Ejecutivo foral que defienda los bienes comunales afectados. “Estamos viendo cómo desde el Ayuntamiento de Caseta se viene manteniendo una posición muy poco clara sobre este tema”, denuncia la portavoz de la formación soberanista en el Parlamento, Laura Aznal, que critica que el Consistorio “no ha querido posicionarse para defender el carácter comunal de muchas de las tierras afectadas por estas instalaciones”.
“El Ayuntamiento no ha querido defender el carácter comunal de las tierras afectadas”
A su juicio, en la inacción municipal “seguramente mucho tendrá que ver con el hecho de que el alcalde sea poseedor de más del 30% de las tierras afectadas que son comunales”. “Vamos a seguir denunciando la actuación de esas derechas que por encima de los intereses públicos que suponen los comunales, quieren dar un carpetazo definitivo a la privatización que en muchos pueblos se ha venido llevando a cabo desde hace ya decenas de años”, argumenta Aznal, que destaca que el carácter comunal es “imprescriptible frente a cualquier privatización que se haya efectuado”.
La planta cuenta con las autorizaciones administrativas y está en trámite la declaración de utilidad pública, lo que permitiría a la empresa expropiar los terrenos. No obstante, las parcelas en litigio quedarían pendientes de un acuerdo entre el Ayuntamiento y los particulares, que requerirá el visto bueno del Gobierno.
