UPN y el juez instructor, señalados por el archivo del caso Davalor

Davalor va a ser historia. Lo será pronto. Y esa causa, en la que la Cámara de Comptos no observó atisbo de irregularidad, y en la que no se ha practicado ni una diligencia judicial, se llevó por delante al consejero Manu Ayerdi. Ahora sería también hora de que el querellante, que no fue otro que UPN, diera la cara. Fue el partido regionalista el que armó una querella acusando de "prevaricación" y "malversación" al que era consejero del Gobierno de Navarra y le plantó una querella en el Supremo. Debido a que ambos delitos están recogidos en la ley que regula las incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra, la mera admisión a trámite de la causa en el Alto Tribunal, más allá de su resultado final, forzaba la dimisión del consejero. No hubo ni posibilidad de defensa. Ni la ha habido.

La salida de Ayerdi del Gobierno foral motivó que la causa regresara a Pamplona, en concreto al juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona que por entonces dirigía el magistrado Fermín Otamendi, sobradamente conocido por sus investigaciones grandilocuentes. No hay más que recordarle casos judiciales como el de Osasuna, Cervera, Indar Gorri, la ikurriña desplegada por los arrantzales en el Chupinazo de Sanfermines o el del pelotazo policial a Aingeru Zudaire en el que incluso alegó la posible responsabilidad de los sindicatos convocantes de una manifestación por las heridas al joven. Otamendi era, de alguna manera, el juez idóneo para investigar Davalor. Pero tal vez, cuanDo ya tenía la presa delante, atisbó que era difícil hincarle el diente o simplemente las causas acumuladas en su juzgado, que no eran pocas, no le dejaron ver el bosque.

Ni una sola diligencia judicial en 13 meses

Tampoco UPN se apresuró demasiado en saber la verdad sobre Davalor. Ya se había cobrado su pieza política en el caso de Ayerdi y, más allá de eso, siguió utilizando a la ligera el término de corrupción sin que se practicara ni una mínima diligencia judicial ni que el propio partido como querellante la impulsara o le recordara al instructor que había que hacer algo. La incoación del procedimiento en el Tribunal Supremo fijó la fecha de incoación, como ha confirmado ahora la Audiencia de Navarra. Y, a partir de entonces, el instructor tenía un año para empezar a investigar. No lo hizo. Empezó a practicar las primeras diligencias fuera de plazo, a los 13 meses de que se hubiera iniciado, y en Justicia los plazos son determinantes.

Otamendi, con una inspección encima de la mesa del Consejo General del Poder Judicial sobre los retrasos de causas en su juzgado, terminó por abandonar el órgano judicial y se marchó a un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Girona. Esta misma semana, el TSJN ha resuelto otro procedimiento en el que este juez sale trasquilado. Era el caso de una funcionaria de Hacienda que entró sin consentimiento en los datos de una persona. La Audiencia condenó a 3,5 años de prisión a la acusada, pero el TSJN ha revocado la condena por otra cuestión de plazos relacionada con la instrucción judicial. Reprocha el tribunal que el juez instructor, Fermín Otamendi, tomara declaración a la procesada 16 meses después de iniciarse la investigación judicial y por lo tanto fuera del plazo que fijaba la ley.

La jueza María Luisa Corbacho se puso después al frente del Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona y fue la encargada del primer archivo de la causa, después de que hubiera citado a declarar a los investigados en la causa, entre ellos Ayerdi y parte de su equipo en el Gobierno, así como responsables de Sodena. Debido a un recurso presentado por el abogado Martín Zudaire, que representaba a tres encausadas, y en el que se aludía a la práctica extermporánea de las diligencias judiciales, esta magistrada fue la primera en observar que la investigación no había cumplido los plazos legales. La Audiencia ahora lo ha ratificado.

El denominado 'caso Davalor' fue una operación fallida de Sodena sobre la que ha habido ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, una comisión de investigación, un informe de Comptos y hasta un proceso judicial contra el administrador, que acabó con condena en el Juzgado de lo Mercantil por no declarar a tiempo el concurso de acreedores, pero sin consecuencias penales.