El Gobierno de Navarra trabaja, de la mano de los grupos parlamentarios, en una reforma de ley que concrete la fórmula con la que se van a resolver las reclamaciones de los mutualistas navarros que han solicitado la revisión de sus declaraciones de IRPF tras las sentencias del Tribunal Supremo.

Hacienda no ha detallado todavía cómo prevé llevarlo a cabo, pero ha descontado ya de la previsión de ingresos los 150 millones que, según sus cálculos, supondrá la regularización de los ejercicios que comprenden el periodo 2020-2024. 

La medida afectará a los cerca de 30.000 mutualistas que han presentado la reclamación, unos 5.000 euros de media. Hasta ahora solo se han atendido las peticiones relativas a 2019. 

Sin embargo, ‘Mayores frente a la crisis’ detalló allá por el mes de abril que “más de 100.000 pensionistas pueden reclamar”, pero “nos tememos que muchos por desconocimiento, o porque tienen informaciones tergiversadas, se quedan sin hacerlo”.

El problema viene de lejos: entre el 1 de enero de 1967, cuando se creó la Seguridad Social, y el 31 de diciembre de 1978, numerosos trabajadores cotizaron por partida doble a sus respectivas mutualidades y al sistema público recién creado.

“Se pagaba por partida doble y el Tribunal Supremo estableció que tenemos derecho a reclamar”, denunciaron desde ‘Mayores frente a la crisis’, que reclamaban al Ejecutivo Foral que actuase de oficio.

Según detallaron, el Instituto Nacional de Seguridad Social ya había abierto el procedimiento para reclamar el importe correspondiente, mientras las haciendas forales de la Comunidad Autónoma Vasca actuaron "de oficio” para hacer las devoluciones.